El Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, que se creó por ley hace casi diez años y se reglamentó a fines de 2019, está dando sus primeros pasos. Está integrado por los bienes decomisados judicialmente en procesos relacionados con los delitos de trata y explotación de personas. ¿De qué manera esos recursos llegan a las personas que fueron sometidas contra su voluntad? ¿Cómo se determinan los montos? ¿Por qué esta reparación es clave para no caer nuevamente en la explotación?