For almost 25 years and in coordination with mental health services, paramedics and social workers, the Police of Hamilton, Canada, has sought to improve the quality of life of those who have psychological or psychiatric problems, are homeless or face addictions. How they apply a holistic view to help.
Los crecientes problemas de salud mental en la población ya eran una preocupación antes de 2020 y con el impacto de la COVID-19 se agudizaron. La atención parece estar evolucionando sobre estos meses finales de la pandemia. Para comunicarse con la línea nacional de prevención del suicidio estadounidense, desde el pasado 16 de julio solo se necesita discar 988. Se buscó un número más fácil de recordar que un 0-800 de once dígitos y se espera que durante el primer año después del cambio las llamadas se dupliquen.
Desde hace casi 25 años y en coordinación con servicios de salud mental, paramédicos y trabajadores sociales, la Policía de Hamilton, Canadá, busca mejorar la calidad de vida de quienes tienen problemas psicológicos o psiquiátricos, están en situación de calle o enfrentan adicciones. Cómo aplican una mirada holística para ayudar.
Desde Singapur hasta los Estados Unidos, el despliegue de los robots policía apoya el trabajo de los humanos y mejora la eficiencia para detectar delitos o infracciones en tiempo real. Los desarrolladores se entusiasman con la eficacia que tendrán, junto con los drones, en ―por ejemplo― tareas de rescate. El dilema a resolver es cómo aprovechar las ventajas de la tecnología sin llegar a un estado intrusivo de vigilancia.
En febrero, el ministro de Seguridad Sergio Berni dijo que apartó de la Bonaerense a más de 400 agentes que en septiembre habían participado de una huelga. La provincia de Buenos Aires tiene un registro de 9.434 expulsados: la mayoría, por corrupción. Sin embargo, expertos coinciden en que no hay un plan de seguimiento (ni en la provincia ni en el país) de lo que ocurre con ellos luego de perder su trabajo. Y esto amenaza la seguridad.
Claudio Castro, Jorge González Nieva, Cristina Vázquez, Alejandro Bordón pudieron demostrar su inocencia después de pasar por una causa armada. Pero estuvieron desde un mes a 14 años en prisión por crímenes que no cometieron, lo que les dejó secuelas económicas y, sobre todo, emocionales. Especialistas señalan que es necesaria la asistencia del Estado en forma integral, desde su reinserción laboral o su vivienda hasta su atención psicológica.
Hoy se realiza la quinta Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil. Unas 1.300 personas fueron asesinadas entre diciembre de 2015 y febrero de 2019, a razón una cada 21 horas, según la CORREPI.
Sufren acoso, discriminación y abusos dentro de la misma fuerza en la que trabajan. Pero sus denuncias suelen ser archivadas: quienes deben tomarlas son compañeros de quienes las vulneraron. Ellas crearon redes para visibilizar lo que viven y cambiar el reglamento de una institución machista.
Cómo es la vida de quienes fueron encarcelados a partir de pruebas fraudulentas y testigos falsos. ¿Quién investiga a los policías, fiscales y jueces cuando hay sospechas de que la causa pudo haber sido una trampa? En la Argentina el 46% de las personas presas no tienen una condena firme.
Luego de la muerte de los cuatro jóvenes hay doce policías y un funcionario detenidos. Pero aún falta saber qué provocó la inesperada persecución que terminó a los tiros.
