Cuento historias escritas, fotográficas y en video para RED/ACCIÓN, enfocándome en temas de género, inmigración y derechos humanos. Crecí entre la cultura argentina y la china. Mi curiosidad por el mundo me llevó a estudiar Economía Política Internacional en la Universidad de Georgetown, y a reportar desde Asia, África, Norteamérica, Latinoamérica y el Caribe.
Con la llegada de febrero, Buenos Aires de a poco va recuperando su paso ecléctico y su energía. Si recién volviste de tus vacaciones y seguís en modo relax, o si pasaste un enero tranquilo en la ciudad y tenés ganas de que retomen las actividades, acá te pasamos los mejores tips para disfrutar de esta primera semana del mes en la ciudad.
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🎉 La Usina del Arte de fiesta. El centro cultural reabre sus puertas para la temporada 2019 con una noche llena de música y mapping en vivo, clases de cocina, talleres de artes visuales y foodtrucks. Además, se inaugurarán 3 muestras. Cuándo y dónde: jueves 19:30 hs, Usina del Arte. (+data)
🎡 Feria de las Colectividades. Este fin de semana vuelve esta feria que reúne los mejores stands de comidas típicas de argentina y regiones del mundo, y una feria de artesanos y microemprendedores. También habrá bandas en vivo y juegos inflables para los más chicos. Cuándo y dónde: viernes-domingo a partir de las 10:30-23:30 hs, Plaza Güemes, Munro. (+data)
👑 Freddie Mercury bajo las estrellas. Como parte del ciclo de cine al aire libre del Crepas Cinema Club Palermo, este jueves habrá una función de Bohemian Rhapsody para disfrutar al aire libre con un buen trago en mano. Si no llegás a ir hoy, vale chequear el lineup de febrero, que incluye Nace una Estrella, La La Land, Pantera Negra y Belleza Americana. Cuándo y dónde: jueves 20 hs, Crepas, Palermo. (+data)
🎻 Teatro Colón al aire libre. Este fin de semana se realiza el quinto Festival de Música en Plaza Vaticano, una oportunidad para disfrutar de la proyección de 10 obras con las mejores óperas, conciertos y ballets. ¿Lo mejor? ¡Es gratis y al aire libre! Cuándo y dónde: del 4 al 10 de febrero, a las 20 hs, Plaza Vaticano. (+data)
💔 Anti San Valentín. Si te consideras el/la grinch de San Valentín o te empalaga el romanticismo de la fecha, este es tu evento. El sábado a la tarde, sumáte a un recorrido contando las historias de desamor, amantes, y alguna que otra tragedia en el Cementerio de la Recoleta. Cuándo y dónde: sábado 15:20 hs, Cementerio de la Recoleta. (+data)
No es normal que diga esto, pero… ¡bienvenidas sean las lluvias! Con las tormentas de ayer al fin cedió el calor, y este fin de semana nos espera un clima perfecto para salir a recorrer Buenos Aires, que de a poco vuelve a retomar su paso y energía. En el line-up de esta semana: eventos para festejar distintas culturas, mucha música al aire libre, y restaurantes y recetas para aprovechar las frutas y verduras del verano.
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🇨🇳🐷 Año Nuevo Chino. El martes 5 de febrero marca el comienzo del Año del Cerdo en el calendario chino. Para celebrar, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Embajada China organizarán este fin de semana un festejo de dos días que incluirá interpretaciones artísticas tradicionales chinas, exhibiciones de artes marciales, muestras de caligrafía, comida y más. Cuándo y dónde: sábado y domingo 12-20:30 hs, Plaza Parques Nacionales Argentinos. (+data)
🎷 Noches de Jazz. Para disfrutar de las noches de verano al aire libre, todos los domingos de febrero en Parque Centenario habrá música en vivo y gastronomía. Entre otros grandes músicos y artistas se presentarán Luis Salinas, Fattoruso, Jorge Navarro y Gillespi. Cuándo y dónde: domingos 19 hs, Parque Centenario. (+data)
🥁 Festival Latinoamericano Afrobeat. FELAnació como el primer festival a nivel mundial 100% dedicado al género, y hoy en día se ha convertido en un evento referente de la escena afrobeat a nivel nacional e internacional. En esta nueva edición se presentarán 4 DJs y 3 bandas en vivo. Cuándo y dónde: sábado a la medianoche, Club Cultural Matienzo. (+data)
🌇🎧 Atardeceres electrónicos. Algunos de los mejores jardines de la ciudad están en los museos, y todos los viernes de febrero se podrán disfrutar con una buena propuesta gastronómica y la mejor música electrónica. También habrá visitas guiadas nocturnas a los museos. Este viernes tocará DJ Mandy Rarsh (Aka Damian Levensohn) en el Museo del Humor. Cuándo y dónde: viernes 20 hs, Museo del Humor. (+data)
Análisis de datos y gráficos por Andrés Snitcofsky.
A través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), el Presidente Mauricio Macri reguló esta semana un proceso de extinción de dominio que busca facilitar la recuperación de bienes que se presuman fueron obtenidos a través de la corrupción y el crimen organizado (sin necesidad de llegar a tener una sentencia firme).
El decreto, que se implementó durante el receso del Congreso Nacional, recibió fuertes críticas por hacer modificaciones en temas penales (algo prohibido por el art. 99 de la Constitución Nacional) y por no tratarse de una circunstancia excepcional de necesidad y urgencia.
A pesar de las críticas (particularmente de la oposición y organizaciones civiles), el recurso de DNU ha sido históricamente utilizado por gobiernos de diversos tintes políticos bajo similares circunstancias. En estos cinco gráficos, desarrollados a partir de la base de datos del Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, analizamos la historia de los DNU en Argentina y sus usos.
1. Decretos por presidencia
Según los datos relevados, con la regulación de la extinción de dominio Macri lleva firmados un total de 48 decretos de necesidad y urgencia, lo que equivale a 16 decretos por año. Este promedio lo pone por encima de Cristina Fernández de Kirchner (quien dictó 78 DNUs en total, o 10 en promedio por año), pero por debajo del promedio de Eduardo Duhalde, Fernando De la Rúa, y Néstor Kirchner.
Nota técnica: Descartamos la presidencia de Raúl Alfonsín (1983-1989) por falta de datos suficientes. El promedio anual de Rodríguez Saá se encuentra distorsionado porque solo estuvo 5 días en la presidencia. Se toman todos los decretos, vigentes o no, que aparecen en el sistema SAIJ.
2. Decretos por año y mes
Cuando se analizan los decretos según el año y mes en el que fueron dictados, se observan dos tendencias: un salto significativo de decretos de necesidad y urgencia durante el periodo de crisis y post-crisis del 2001; y un pico de decretos regulados en el último mes del año, en particular entre el 25-31 de diciembre.
3. Decretos derogados vs. decretos vigentes
El 89,7% de todos los DNUs dictados en la historia del país siguen vigentes hasta hoy en día. Al comparar los decretos de los distintos presidentes, Rodríguez Saá es el que tuvo el mayor porcentaje de sus decretos derogados. (Para derogar un decreto, ambas cámaras del Congreso deben votar su rechazo).
4. Temas más recurrentes en los decretos
Entre los temas más recurrentes dentro de los sumarios de los DNU dictados en la historia del país se encuentran: economía y finanzas, presupuesto, seguridad social, y derecho laboral. Una clarificación a tener en cuenta es que los temas no son excluyentes.
Inés se despierta a las 4 de la mañana, le prepara el desayuno a sus 8 hijos y luego camina 3 horas por las montañas húmedas de Haití hasta llegar a su terreno de trabajo. Allí, lidera un equipo de más de 50 campesinos encargados de plantar árboles de mango, lima, cacao, roble y cedro sobre suelo deforestado.
A sus 55 años, Inés forma parte de una comunidad de 1.400 trabajadores rurales haitianos conocida como CODEP, que en la última década ha plantado más de 14 millones de árboles en la isla. Su objetivo es revertir el impacto ambiental que ha tenido la deforestación en el país, y al mismo tiempo empoderar a comunidades locales a través del trabajo y la educación.
El problema de la deforestación en Haití es uno que ha sido ampliamente documentado por académicos y especialistas ambientales. En su libro “Colapso: Por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen”, el geógrafo y escritor estadounidense Jared Diamond identifica la deforestación como uno de los principales factores que explican la actual desigualdad económica y política entre Haití (el país más pobre del hemisferio oeste) y la República Dominicana.
“Cuando uno se para en la frontera entre los dos países, mira hacia el este y ve bosques de pino. Cuando se da vuelta y mira hacia el oeste, no ve nada excepto campos sin ningún árbol”, escribe Diamond. “Este visible contraste ejemplifica la diferencia entre los dos países en su enteridad”.
La deforestación es un problema que afecta a decenas de países en el mundo, particularmente en América Latina, África Subsahariana y Asia Sudoriental. Según el informe 2018 sobre El Estado de los Bosques del Mundo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), América Latina es una de tres regiones donde continúa la deforestación. Pero la situación de los bosques de Haití es una de las más graves.
Según relata Diamond, solo el 1% de la tierra de Haití se encuentra forestada, mientras que en la República Dominicana este porcentaje es del 28%. Aunque estos datos han sido cuestionados (la FAO indica que el porcentaje de tierras con bosques en Haití es del 3.5%), la diferencia entre los dos países es clara cuando se compara su superficie a través de imágenes satelitales.
“Existen tres principales causas de deforestación en Haití: el uso de madera y carbón como principal recurso para cocinar, la ganadería que evita que los bosques se regeneren, y la demanda de tierra para agricultura”, explica a RED/ACCIÓN James Goetz, biólogo y conservacionista estadounidense que trabaja hace dos décadas en la isla.
Según datos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la producción de leña y carbón es la principal causa de deforestación en Haití, ya que el 70% del consumo energético del país se genera a partir de la madera.
También existe un factor histórico. Durante la colonización francesa de Haití en los siglos 17 y 18, muchos de los bosques nativos fueron arrasados para dar lugar a plantaciones de azúcar. Cuando Haití declaró su independencia en 1804, debió pagarle una indemnización a Francia para que reconozca su soberanía. Mucha de esta deuda fue pagada con la venta de madera de árboles nativos.
Además, según Goetz y Diamond, la falta de política pública para conservar las áreas forestadas del país generó un detrimento aún mayor de los bosques haitianos.
“El Estado nunca hizo nada para proteger a los bosques, para ayudar a la gente a que tenga algo de comer”, dice Goetz. “Es por eso que las mismas comunidades se tuvieron que organizar para reforestar el país”.
Una solución multidimensional liderada por comunidades locales
“Cuando era jóven, la tierra de las montañas era tan blanca como la palma de mi mano. Estaba todo descubierto, no había ni un árbol”, recuerda René, un campesino que nació y creció en un pueblo al sur de Haití, en la comuna de Leogane. “Ahora es totalmente diferente, está todo verde, tenemos todo tipo de especies de árboles”.
El esfuerzo de reforestación en Leogane comenzó en 1990, cuando un grupo de campesinos, junto con voluntarios de Carolina del Norte, Estados Unidos, formaron CODEP. La organización tenía como objetivo mejorar la salud de la tierra para facilitar la agricultura y así alimentar a más familias. Con el tiempo, el grupo se percató de que la mejor manera de lograr esto era plantando árboles.
“Con los árboles no sólo se nutre la tierra y se previene la erosión, lo que disminuye el riesgo de inundaciones y avalanchas”, explica Michael Anello, el director ejecutivo de Haití Reforestation Partnership, una organización de Estados Unidos que trabaja en conjunto con CODEP. “También se genera una fuente de comida e ingreso a través de los frutos cultivados de los árboles”.
En las últimas tres décadas, CODEP ha plantado el equivalente a 10.000 hectáreas de árboles en el sur del país (algo similar a 15 canchas de fútbol completas), lo que representa la mayor iniciativa de reforestación de Haití.
Sitios de plantación de CODEP. Foto: Lucía Wei He.
Junto con campesinos de 17 lakous (pueblos) de la región, el colectivo también ha logrado implementar un modelo de negocios a través del cual los participantes de CODEP venden las frutas y distintos cultivos de los árboles (como café, maní y porotos) en mercados locales. Con este ingreso, CODEP le paga a cada campesino un sueldo mensual o un bono por los árboles plantados.
“La idea era crear bosques de trabajo, a través de los cuales los campesinos no solo trabajen para cuidar el ambiente, sino también para poder mantener a sus familias”, cuenta Anello.
Campesinos parte de CODEP. Foto: Lucía Wei He.
A través de la alianza con la Haití Reforestation Partnership, los campesinos de CODEP también reciben donaciones para comprar semillas y otros materiales de cultivo, y capacitaciones en temas como técnicas de agricultura e ingeniería.
En paralelo, CODEP también fundó una escuela a la cual asisten más de 120 estudiantes, la mayoría de ellos hijos de los mismos campesinos que forman parte de CODEP.
Para muchos de los campesinos, construir un futuro mejor para las próximas generaciones es el principal incentivo para seguir trabajando, día tras día, plantando árboles.
En las palabras de Jean Claude, un campesino que hace casi 30 años trabaja con CODEP: “Sí, es difícil trabajar tantas horas bajo el sol, pero si plantamos árboles, el día de mañana nuestros hijos van a poder trabajar bajo la sombra”.
De qué trata. El proyecto de ley establece la capacitación obligatoria en temas de género y violencia contra las mujeres de todas las personas que se desempeñan en la función pública en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Por qué ahora. Una semana después de que la actriz Thelma Fardín denunciara a Juan Darthés por violación, el presidente Mauricio Macri decretó que el Congreso de la Nación trate en sesiones extraordinarias la “Ley Micaela García”. El proyecto será discutido este martes por la Cámara de Diputados, en la misma sesión especial que tratará la iniciativa contra los barrabravas.
Por qué importa. En Argentina se realizan 6 denuncias por violencia de género cada hora. En los últimos 5 años, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reunió en el Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres un total de 260.156 denuncias. A veces, estos casos pueden ser fatales. Según los últimos datos relevados por La Casa del Encuentro, en lo que va del 2018 ocurrieron 225 asesinatos por odio de género en el país.
Los detalles. Según el texto del proyecto, la capacitación de las autoridades estaría a cargo del Consejo Nacional de las Mujeres y el Ministerio de Modernización. Todos los años, los funcionarios deberán cursar y aprobar una capacitación en gestión con perspectiva de género, la cual será un requisito necesario para la promoción a niveles superiores.
Contexto. El proyecto fue presentado en mayo de 2017 en homenaje a Micaela García, la joven de 21 años asesinada en Gualeguay, Entre Ríos en abril de ese año. La iniciativa obtuvo dictamen de comisiones pero no llegó a ser tratada en el recinto durante las sesiones ordinarias. La semana pasada, diputados de diferentes partidos políticos reclamaron al presidente a través de una carta pública que el proyecto se incluya en el temario de las sesiones extraordinarias.
“Motiva esta solicitud la relevancia, vigencia del tratamiento de una política pública para el fortalecimiento de la democracia, la equidad y la igualdad en cuanto a la prevención de la violencia de género (…) El actual caso de Thelma Fardín es una evidencia más de la urgencia del tratamiento de este proyecto”, establecieron los diputados en la carta.
En promedio, las mujeres menstruamos más de 2.500 días en el curso de toda nuestra vida. Es decir, pasamos el equivalente a casi siete años usando tampones, toallitas o copa menstruales. A pesar de que estos productos son esenciales para asegurar la higiene menstrual, sus costos presentan una barrera para para muchas mujeres, en particular aquellas de sectores económicos más vulnerables.
En los últimos años, en el marco de un creciente movimiento por los derechos de las mujeres, empezaron a surgir campañas alrededor del mundo demandando la exención de impuestos a productos de cuidado menstrual. Argentina no es la excepción. En el último año se presentaron más de 11 proyectos de ley sobre el tema a nivel nacional, provincial y municipal. ¿Qué proponen éstas iniciativas y por qué son importantes en la lucha por la igualdad de género?
¿Cuánto cuesta menstruar?
Según datos compilados en 2017 por Economía Femini(s)ta, en Argentina las mujeres (y las personas transgénero y de género fluido) gastan un promedio de $1.628 al año en productos de cuidado menstrual como toallitas y tampones. Esto significa un gasto de hasta $65.000 en el período promedio de 40 años que menstrua una mujer.
“Estas barreras económicas hacen de un hecho biológico, un obstáculo para el ejercicio de los derechos en igualdad de condiciones”, dice Norma Durango, senadora nacional (PJ- La Pampa).
Estos costos que tienen que afrontar las mujeres mes a mes se suman a una significativa brecha salarial entre los hombres y las mujeres. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), las mujeres en el país cobran un 30% menos que los hombres por los mismos trabajos realizados. Esto significa que por cada peso que gana un hombre en el país, una mujer gana 70 centavos. A esto se le suma una mayor tasa de desocupación y pobreza entre las mujeres.
“La imposibilidad de gestionar de manera adecuada la menstruación es un factor de desigualdad más que se suma a la brecha salarial entre varones y mujeres, a la redistribución asimétrica del trabajo doméstico, entre otras inequidades de género que vivenciamos las mujeres en los distintos ámbitos”, dice Durango.
Fuentes: Economía Femini(s)ta, Ministerio de Producción y Trabajo, Ministerio de Transporte. Intervención: Pablo Domrose.
Las iniciativas para hacer los productos menstruales más accesibles
El 8 de marzo de 2017, en el marco del Paro Internacional de Mujeres, Economía Femini(s)ta lanzó la campaña #Menstruacción, a través de la cual juntó productos de gestión menstrual y los acercó a quienes no podían comprarlos.
“La falta de acceso a los productos de gestión menstrual aumenta las probabilidades de deserción escolar y ausentismo, infecciones y precarización económica”, explican desde la organización.
En el último año, la campaña estableció numerosos puntos de recolección de donación de productos menstruales en la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, Rosario, Salta y Santa Fé.
Otras de las demandas de la campaña incluyen la eliminación del IVA de los productos de gestión menstrual y la provisión gratuita de estos productos en distintas instituciones como escuelas, cárceles y hogares para personas en situación de calle.
“Los productos de cuidado menstrual deberían ser considerados de primera necesidad, ya que afectan el acceso a los derechos básicos de las personas que menstrúan”, dice Agostina Mileo, parte del equipo de Economía Femini(s)ta. “Cobrar impuestos sobre estos productos no se condice con la naturaleza de su uso obligatorio.”
Según registros de la AFIP, entre los productos exentos de IVA en el país se encuentran los jugos puros de fruta, los anillos de alianza matrimonial y las champañas destinadas a destilación.
Los proyectos de ley en Argentina
En el último año han surgido más de 11 proyectos de ley de alcance nacional y local que buscan eliminar el IVA a los productos menstruales y garantizar su provisión gratuita para mujeres en situaciones vulnerables. Estos proyectos fueron presentados a nivel nacional, en la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Rosario, Viedma y Ushuaia.
“El proyecto de ley que presentamos crea el Programa Nacional de Promoción de la Salud Menstrual, con la finalidad de crear medidas que permitan a las personas gestionar su menstruación de una manera saludable”, explica Durango, una de las senadoras que presentó un proyecto a nivel nacional. “A su vez, para quienes no cuenten con los recursos económicos suficientes, se prevé la entrega gratuita de los elementos para la gestión menstrual”.
El proyecto presentado por Durango ingresó al Senado de la Nación el pasado 7 de junio y fue girado a las comisiones de Salud, de Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda. Hasta el día de hoy no tuvo tratamiento en la comisión cabecera. Desde el Ministerio de Salud y Desarrollo Social explican que no existe actualmente un área trabajando sobre el tema, y que la ley debería primero aprobarse para luego identificar cuál sería el ministerio a cargo de implementar las reformas sugeridas.
En Rosario, un proyecto similar presentado con la firma de todos los bloques políticos que conforman el Consejo Municipal corrió la misma suerte.
“Fuimos la primer ciudad en el interior del país que presentó un proyecto sobre el tema. Pero lamentablemente no hemos conseguido que el gobierno de la ciudad lo sancione”, dice Norma López, concejala del municipio. “Si la legislación pasa, va a ser de un impacto muy importante en cuanto a la salud y la economía de las mujeres. Vamos a poder posibilitar el acceso a una buena mejor de vida”.
Fuentes: New York Times, International Business Times, El Tiempo, Global Citizen, BBC. Intervención: Pablo Domrose.
Qué soluciones encontraron otros países
Alrededor del mundo, 10 países implementaron leyes para disminuir o completamente eliminar los impuestos sobre productos de gestión menstrual, entre ellos Canadá, Kenya, Francia, Estados Unidos (9 estados del país), e India. En América Latina, el único país que eliminó los impuestos sobre toallitas y tampones fue Colombia, en noviembre de este año.
Asimismo, en 2017 Escocia se convirtió en el primer país en el mundo en entregar productos de higiene femenina gratuitamente a personas de bajos recursos. Según la organización Fare Share, que impulsó la iniciativa, dos tercios de las personas que se benefician de este programa habían tenido dificultades en acceder a productos menstruales en el pasado.
En algunos países en los cuales no ha habido avance legislativo en el tema, el sector privado ha jugado un importante rol en hacer más accesibles los productos menstruales. En Inglaterra, por ejemplo, Tesco, la cadena de supermercado más grande del país se comprometió a absorber el costo de los impuestos sobre estos productos y bajar el precio de más de 100 productos de higiene femenina. Desde el lanzamiento de la campaña de Tesco en 2017, varias cadenas de supermercado inglesas se sumaron a la iniciativa.
En RED/ACCIÓN tenemos el compromiso de contar historias que exponen distintos desafíos sociales, económicos y políticos. En muchas de ellas nos encontramos con que hay situaciones en las que se infringen los derechos de las comunidades más vulnerables. Pero también nos interesa contar las historias de las personas, organizaciones e instituciones que están trabajando día a día para mejorar la situación de estas personas.
Hoy, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, te invitamos a conocer estas diez historias de RED/ACCIÓN, que nos invitan a reflexionar sobre los derechos de distintas comunidades de nuestro país y qué podemos hacer para mejorar su realidad.
Defensor del Niño: La deuda del Congreso con los 14 millones de chicos argentinos
El 28 de septiembre de 2005, con el fin de asegurar el cumpliento de los derechos de los niños, el Congreso Nacional sancionó una ley creando la figura del defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. La legislación establecía que el defensor debería ser designado dentro de los 90 días de sancionada la ley. Hoy, a 13 años de esa fecha, Argentina todavía no tiene un defensor del niño. Por qué es importante que se designe uno y cuáles son los próximos pasos. Por Lucía Wei He.
Para buscar agua, usan carros, bicicletas, caballos y hasta burros. | Foto: Paula Juárez
En Argentina, unas 450 mil familias dedican hasta seis horas diarias para buscar agua
El 22% de las viviendas del país no tienen red de agua potable en su casa: 3 millones de 13,8 millones de hogares. Además 448.211 de esas viviendas tienen necesidades básicas insatisfechas: son familias pobres, viven hacinados, no tienen baños o los chicos no van a la escuela. Por qué es importante visibilizar estos datos y qué soluciones se proponen. Por Javier Drovetto.
La Visita de las Cinco: un nuevo modo de construcción de memoria en la ex ESMA
En los últimos dos años, las visitas guiadas por el edificio del Casino de Oficiales de la antigua ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada) se volvieron un evento en el que sobrevivientes, analistas e invitados especiales se unieron al público y también a un cronista para descender juntos a un infierno argentino y muy real. Aunque en realidad, se trata de un ascenso: el principal espacio recorrido son los altillos. Ahora, el libro La Visita de las Cinco, de descarga gratuita, recopila la experiencia. Por Javier Sinay.
Por Ley, en la Argentina las mujeres aún no pueden hacer los mismos trabajos que los hombres
Servir alcohol, realizar tareas subterráneas y trabajar de noche son algunos de los oficios que las mujeres tienen prohibidos por ley. La normativa fue reglamentada en 1924 y sigue vigente. Por Joaquín Sánchez Mariño.
La búsqueda de Sofía Herrera: una conversación entre María Elena Delgado y Juan Carr
Sofía Herrera desapareció en 2008, cuando tenía 5 años. Diez años después, su paradero todavía es desconocido. En conversación con RED/ACCIÓN, su madre, María Elena Delgado, cuenta cómo imagina que es la vida de su hija hoy y por qué es importante que sigamos buscándola. Por Lucía Wei He y Nathalia Restrepo.
Chau manicomios: cómo Río Negro se convirtió en un modelo mundial con su programa de salud mental
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1 de cada 4 personas en el mundo padece de algún tipo de trastorno mental. Dentro de esta población, dos tercios no reciben ningún tipo de atención. Cómo un movimiento liderado por médicos, psicólogos, y otros profesionales cambió el paradigma de la salud mental en Río Negro. Y con ello, la vida de miles de personas. Por Lucía Wei He.
El largo viaje de los venezolanos hacia la Argentina
Se estima que en nuestro país viven cerca de 70 mil venezolanos. En lo que va del año ya se otorgaron 4.000 radicaciones temporarias y permanentes. Muchos llegan por tierra, en travesías en ómnibus que duran entre 11 y 15 días. Paran en las fronteras y en las grandes ciudades, y llegan agotados pero con los sueños intactos. Por Javier Sinay.
Sólo el 21% de los detenidos en las cárceles argentinas recibe capacitación laboral
Ocurre pese a que la mayoría de los presos no tiene oficio ni estudio. Esa situación favorece la reincidencia. Desde los servicios penitenciarios reconocen la necesidad de ampliar la oferta de cursos y aclaran que el 40% de los internos trabaja en prisión y eso ayuda a su formación. Por Javier Drovetto.
Dormir entre cartones: qué sienten y cómo sobreviven las personas que viven en la calle
David tiene 5 años y vive con Patricia, su mamá, en el mismo barrio en el que nació Maradona: Villa Fiorito. Es el primero en su familia que no vivió en la calle. Antes, Patricia pasó muchos años sin casa. No es un mal de pocos: según los datos oficiales del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad, en Buenos Aires hay 1091 personas en situación de calle. Sin embargo, un censo alternativo presentado por el Ministerio Público de la Defensa indica que son 4.394. Cuáles son sus historias. Por Joaquín Sánchez Mariño.
La importancia de hacer visible el lado invisible de la pobreza
Es la única forma de diseñar buenas políticas públicas para combatir la desigualdad y la exclusión. El Semáforo de la Pobreza es una iniciativa que está mostrando buenos resultados en lograr una mejor definición del fenómeno. Permite a las propias familias medir su nivel de pobreza e identificar estrategias personalizadas para solucionar carencias específicas. Por Iván Weissman.
En RED/ACCIÓN creemos que algunos de los momentos más valiosos ocurren cuando estamos desconectados: compartiendo una copa de vino y una buena comida con amigos, descubriendo una nueva parte de la ciudad con tu pareja, o visitando esa nueva muestra de arte de la que todos están hablando.
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“El mejor residuo es el que no se genera nunca”, dice Melina Scioli, la joven argentina que en 2015 co-fundó el Club de Reparadores, un movimiento que busca promover la reparación de objetos como una práctica sustentable y un hábito de consumo responsable.
Desde su creación, el club ha organizado encuentros en Buenos Aires, Córdoba, Bariloche, Montevideo y Nueva York, en los cuales más de 3.500 participantes lograron reparar miles de objetos, desde bicicletas y muñecas, hasta batidoras eléctricas y radios. Este fin de semana, se organiza el último encuentro del año en Buenos Aires.
“Vivimos en una sociedad de obsolescencia, en la cual descartamos objetos todo el tiempo. Antes, si se te rompía el teléfono o un electrodoméstico, lo mandabas a arreglar. Ahora se compra uno nuevo. Es insostenible”, dice Scioli.
La generación de residuos es uno de los desafíos ambientales más importantes de la Argentina. En 2015, el país generó por día un promedio de 1,02 kilogramos de basura por persona, o una tonelada cada dos segundos (cerca de los 15 millones de toneladas por año).
Además de promover el cuidado ambiental a través de la reparación de objetos, el Club de Reparadores busca generar un vínculo entre comunidades, voluntarios y gente interesada en temas de sustentabilidad.
“Trabajamos sobre el músculo comunitario. Cuando vienen voluntarios que entregan de manera solidaria todos sus saberes para ayudar al otro, eso empodera y genera una conexión. La gente se va sabiendo que si pueden reparar ese objeto, también pueden reparar otras cosas”, dice Scioli.
Este sábado, 8 de diciembre, será el último encuentro del club del año en la Ciudad de Buenos Aires.
Sonia era una madre soltera de 23 años cuando empezó a trabajar como cartonera. Todas las noches, recorría las calles de La Matanza por seis horas, recolectando y clasificando residuos reciclables. Aunque lo que ganaba vendiendo cartón, plástico y vidrio era poco, era su única fuente de ingreso para mantener a sus tres hijos.
Hoy, 15 años más tarde, Sonia sigue en el oficio. Pero ya no más como recolectora, sino como la tesorera de la Cooperativa Nueva Mente, en Morón. Desde el 2009, la cooperativa ha logrado duplicar el porcentaje de residuos reciclables separados en el municipio, ahorrar miles de pesos en gastos de entierro de basura, y, por sobre todo, crear una fuente de trabajo digno para 30 familias.
En Argentina, se genera en promedio una tonelada de basura cada dos segundos. Aunque el 39% de estos desechos son reciclables, la mayoría termina en basurales. Según el Informe del estado del ambiente 2017 producido por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, solo el 12% de los plásticos generados a nivel nacional se reciclan.
¿Por qué? “[Existen] deficiencias en cuanto a la infraestructura, logística y comercialización de materiales reciclables o reciclados que atentan contra el reaprovechamiento de materiales”, explican desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Es decir, en la mayoría del país faltan tachos verdes, la recolección diferenciada con camiones es pobre, y mucha gente aún no separa en origen. A esto se le suman motivos económicos (en muchos casos, los materiales reciclados tienen un precio similar a los materiales vírgenes), y un alto grado de informalización en la actividad de reciclado.
Foto: Alejandro Amdan/Télam
Pero en algunos municipios del conurbano bonaerense, el trabajo colaborativo entre municipios y cooperativas de cartoneros ha generado una solución no solo para promover el cuidado ambiental, sino también para promover mayor inclusión social. Uno de estos ejemplos es la cooperativa en la que ahora trabaja Sonia.
“La idea era generar una fuente de trabajo estable, que les asegure a los recolectores poder tener un ingreso mínimo, pero que al mismo tiempo genere conciencia social sobre la importancia del trabajo de estas personas”, cuenta Virginia Pimentel, una de las fundadoras de la Cooperativa Nueva Mente y ex-cartonera.
Además de generar una fuente de empleo estable, otro de los objetivos principales de Virginia y sus compañeros era lograr una mayor integración de los recolectores en la sociedad. Con ese objetivo en mente, fundaron la Asociación Civil Abuela Naturaleza, a través de la cual ofrecen programas de formación profesional, apoyan emprendimientos que transforman residuos reciclados en productos comerciales (como bolsas, materos y cuadernos), y organizan talleres de arte y emprendimiento para los hijos de los recolectores.
“Es pensar en un modelo de sustentabilidad urbana donde lo ambiental se teje con lo social, con mejorar la vida a través de la educación, el trabajo, la manera en la que nos alimentamos y cómo vivimos la ciudad”, dice Alex Portugheis, uno de los integrantes de Abuela Naturaleza y coordinador del programa de recuperación de residuos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
Artículos confeccionados con materiales reciclados y recuperados. Foto: Fundación Abuela Naturaleza
La importancia del apoyo del estado a nivel local
Aunque este modelo de cooperativas se ha vuelto la norma en la Ciudad de Buenos Aires, donde 5.300 recuperadores urbanos están organizados en 12 cooperativas que recolectan los materiales reciclables de la ciudad, establecer cooperativas sustentables en jurisdicciones más pequeñas presenta un desafío mayor.
“Hay que invertir mucha plata y recursos humanos en todo lo que tenga que ver con reciclaje. Hay pocos municipios que puedan destinar recursos para eso”, dice María Flavia Buono, Directora de Medioambiente y Forestación de Morón (por ley, el manejo de los residuos es responsabilidad de los municipios). “Las realidades de los municipios son muy complejas, y la prioridad a lo mejor no es el reciclado”.
En Morón, una de las razones por la cual la Cooperativa Nueva Mente pudo crecer de una manera sostenida fue el apoyo que recibió desde el gobierno municipal.
Desde el 2010, el municipio apoya a la cooperativa a través del pago de salarios mensuales para los recolectores y la provisión de uniformes y el espacio y maquinaria para la recolección y clasificación de materiales reciclables.
Esta “institucionalización” de la cooperativa también le permitió a los trabajadores acceder a grandes generadores de residuos, lo que significa más volúmen y una mayor sistematización de trabajo. Por ejemplo, desde el 2016 la cooperativa cuenta con un convenio con el Hospital Nacional Posadas, a través del cual recibe todos los desechos reciclables del hospital.
“Apoyar a estas cooperativas tiene que ver principalmente con la inclusión social. De no ser por la cooperativa, muchos de estos recolectores no tendrían otra opción de trabajo”, dice Buono. “Pero además, lo que nos dimos cuenta es que a la hora de implementar un plan de reciclado municipal, los que más sabían eran los cooperativistas”.
Según Buono, gracias al trabajo de concientización del municipio y la cooperativa, los vecinos de Morón duplicaron el porcentaje de residuos separados en reciclajes en los últimos dos años. Esto, al mismo tiempo, significó para Morón un ahorro de casi $700.000 durante el mismo período, en costos que el municipio le tendría que haber pagado al CEAMSE en caso de que esos residuos reciclables hubieran terminado en sus basurales.
Foto: Abuela Naturaleza
Un modelo inclusivo para las próximas generaciones
Además de valorizar los residuos reciclables y el trabajo de los recolectores, Abuela Naturaleza y cooperativas como Nueva Mente buscan educar a la sociedad, en particular a las futuras generaciones, para reformular su relación con la basura y los reciclables.
A través de un convenio entre Abuela Naturaleza y la Secretaria de Niñez de la Provincia de Buenos Aires, los hijos de los cooperativistas participan de talleres de arte integral, promoción ambiental y emprendedurismo juvenil con un enfoque en oficios artesanales. En paralelo, junto con la Dirección de Medioambiente de Morón, los cooperativistas de Nueva Mente visitan escuelas en todo el municipio para capacitar a docentes y estudiantes en distintos temas ambientales.
“Pensamos en la educación y el trabajo para toda la vida”, dice Portugheis. “Que los niños se preparen para un trabajo distinto, que piensen en el tema del reciclaje, que le den valor al desecho, y que sepan que de eso pueden surgir oficios para toda la vida que los enriquezcan no solo a ellos, sino también al mundo”.
En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Mundoloco, la productora de Juan José Campanella, estrenó “Ian, una historia que nos movilizará”. El cortometraje animado está basado en la historia real de Ian, un niño de 10 años con encefalopatía crónica no evolutiva, una enfermedad que le genera dificultades de movilidad y lenguaje.
“Buscamos acercar a los chicos a la diferencia para tender puentes. El corto es un flechazo a las emociones”, dice Sheila Graschinsky, mamá de Ian. A través de la Fundación Ian, Graschinsky busca combatir la desinformación y los prejuicios sobre personas con discapacidad, ideas que muchas veces llevan al bullying.
Qué pasó. El viernes pasado, todos los canales infantiles del país (Cartoon Network, Discovery Kids, Disney Channel, Nickelodeon, Paka-Paka y más) se unieron para transmitir en simultáneo el cortometraje con el objetivo de promover un mensaje de inclusión. La iniciativa fue replicada en otros países de América Latina a través de los mismos canales.
Contexto. En Argentina, más de 5 millones de personas (o el 13% de la población) padecen de algún tipo de discapacidad. Ellas se enfrentan a importantes barreras de inclusión social y laboral. Según la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (ENDI), el 75% de las personas con discapacidad en edad laboral no tiene trabajo. Según una reciente campaña de la Red Regional por la Educación Inclusiva, una de las principales razones de esta exclusión laboral es la falta de inclusión de personas con discapacidad en las escuelas.
Cómo sigue. Uno de los objetivos de la Fundación Ian y Mundoloco es lograr que el cortometraje llegue a ser nominado al Festival de Cannes y a los premios Oscar para lograr un impacto a nivel global. El film ya ha sido premiado en varios festivales internacionales y actualmente compite para ser nominado a los Premios de la Academia 2019.
Victoria tenía 15 años cuando su mundo se cayó a pedazos. Había cortado con su novio hacía unos días cuando se empezaron a viralizar sus fotos. Fotos de ella en su intimidad, desnuda, provocativa. Fotos que había sacado para su novio, pero que ahora estaban recibiendo todos sus amigos, conocidos y familiares en sus grupos de chat.
La historia de Victoria ejemplifica uno de los riesgos de un fenómeno cada vez más común entre los jóvenes argentinos y del mundo: el sexting. A pesar de ser una práctica habitual en todas las edades, el uso de plataformas tecnológicas como principal forma de relacionarse hace que los adolescentes, especialmente las mujeres, sean los más victimizados por la práctica.
Si bien el término sexting deriva de las palabras en inglés “sex” y “texting”, la práctica va más allá del envío de mensajes de textos eróticos. También considera fotografías, videos, y otros materiales de índole sexual compartidos en diferentes plataformas tecnológicas como Facebook, Snapchat y WhatsApp.
En la Argentina, 7 de cada 10 adolescentes de 13 a 18 años manifiestan haber visto imágenes o videos con contenidos sexuales en los últimos doce meses, según un reciente informe de UNICEF. A nivel mundial, un estudio publicado en febrero de este año revela que 1 de cada 4 adolescentes recibe textos explícitamente sexuales, y 1 de cada 7 los manda.
“La mayoría de los adolescentes se exponen a este tipo de material, pero las mujeres tienen más exposición porque son las que generalmente son presionadas a mandar fotos”, dice Nahuel Arias, Oficial de Comunicación Digital de UNICEF Argentina.
“El sexting de por si no es algo malo, pero conlleva el riesgo de estar compartiendo algo muy personal con otra persona”, dice Sebastián Bortnik, miembro fundador de la ONG Argentina Cibersegura y experto en seguridad informática. “El gran problema de las tecnologías es que en el momento en que un contenido propio está en el dispositivo de otra persona, uno pierde el control”.
Eso fue lo que le pasó a Victoria. Aunque le había mandado las fotos a su novio de manera totalmente voluntaria, no pudo controlar el hecho de que él haya compartido las fotos con sus amigos. Fueron estos amigos que luego, cuando la pareja decidió terminar su relación, empezaron a circular las fotos entre sus conocidos.
Fue tal el nivel de viralización de las fotos que Victoria decidió dejar el club de deportes donde pasaba la mayoría de su tiempo libre, donde había conocido a su novio y a muchos de sus amigos.
Según Bortnik, quién asesoró al club deportivo por el caso de Victoria, la viralización de imágenes en todo el entorno social de los adolescentes es el mayor riesgo del sexting a esa edad, y puede tener un impacto psicológico muy importante en las víctimas.
“Es raro ir a un colegio y que no haya algún tipo de situación de ese tipo. La gran mayoría de víctimas de difusión de imágenes no consentidas termina sufriendo, cambiándose de colegio o de club”, dice Bortnik.
Además del daño psicológico, una encuesta realizada por ESET Latinoamérica revela que la filtración de imágenes íntimas muchas veces lleva a situaciones de extorsión, ciberbullying y delitos como la pornografía infantil.
Fuente: UNICEF / Facebook
A pesar de ser una práctica cada vez más común, no existen pautas claras sobre cómo proceder una vez que se filtran las imágenes íntimas.
“Así como con el cyberbullying, hay una dificultad muy grande por parte de la comunidad educativa para controlar el tipo de situaciones como el de Victoria”, dice Bortnik. “No hay grandes métodos o herramientas que establezcan las formas de proceder para que estas víctimas no sean excluidas de su entorno social”.
Este vacío educativo es el que busca llenar Proyecto ÍNTIMOS una nueva iniciativa de UNICEF y Facebook en el país. A través de una plataforma de inteligencia artificial en Facebook Messenger, adolescentes de 13 años en adelante pueden interactuar con “Nati”, un personaje de ficción que descubre que su ex pareja compartió un vídeo íntimo de los dos a través de las redes sociales.
“El objetivo del proyecto es concientizar sobre los riesgos y las consecuencias de compartir imágenes íntimas entre los adolescentes”, explica Arias. “La idea es darles herramientas para que ellos sepan cómo actuar si están viviendo esta problemática”.
Una de estas herramientas es el sitio web del Programa Las Víctimas contra Las Violencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la línea gratuita 0800-222-1717, donde los adolescentes pueden pedir asesoramiento y denunciar casos de difusión de contenido íntimo sin consentimiento.
Más allá de las iniciativas educativas y legales que existan para combatir la difusión de imágenes íntimas, expertos concuerdan que el cambio más grande debe ocurrir a nivel social.
“La actitud de los terceros, de cómo nos comportamos cuando nos llegan imágenes íntimas, es fundamental. Uno no es víctima del sexting, sino de la difusión sin consentimiento”, dice Bortnik. “No difundamos imágenes que fueron compartidas en confianza, no reenviamos, no nos ríamos, no demos like. Necesitamos un eje de transformación social”.
12 horas. 720 minutos. 43.200 segundos. Eso fue lo que Micaela tuvo que esperar en una oficina en el centro de la Ciudad de Buenos Aires para denunciar a su ex-pareja por violencia doméstica. Esa tarde, su hija de 7 años había llegado de la casa de su padre con moretones en todo el cuerpo; marcas de golpes que el cuerpo de Micaela ya conocía.
En Argentina se realizan 6 denuncias por violencia de género cada hora. Pero el problema sobrepasa las estadísticas oficiales. Debido a barreras emocionales, sociales e institucionales, muy pocas mujeres denuncian a sus agresores.
En los últimos 5 años, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reunió en el Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres un total de 260.156 denuncias de violencia de género en Argentina. Es una cifra que cobra particular relevancia este 25 de noviembre, cuando se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
En el 83% de casos registrados por el INDEC, los agresores fueron parejas o ex-parejas, y el 93% de las víctimas declararon haber sufrido violencia más de una vez.
La historia de Micaela está dentro de estos números. Durante 5 años estuvo en una relación en la cual su pareja ejercía violencia verbal, psicológica y física sobre ella. A pesar de haber considerado denunciar a su ex-pareja en varias ocasiones, el miedo y el desconocimiento de los recursos disponibles para víctimas siempre la frenaron. Hasta que la violencia tocó a su hija.
“Fue un día de marzo de este año… la fui a buscar a la casa de su padre y cuando volvimos vi que estaba con moretones muy grandes en las piernas. Lo primero que pensé fue que se había caído. Pero ahí se puso a llorar y a contarme todo lo que había pasado”, cuenta Micaela a RED/ACCIÓN (los nombres de las víctimas fueron cambiados para proteger su identidad).
“Ver a mi hija en esa situación de sufrimiento, saber que eso iba a marcarla para toda la vida… fue la gota que rebalsó el vaso”.
Para muchas mujeres, el primer paso de reconocer la situación de violencia y decidir actuar sobre ella es el más difícil.
“A veces la manipulación emocional es tan grande que no te das cuenta en ese momento que lo que estás sufriendo es violencia”, explica Julia, de 29 años. “En el momento pensas que tal vez estás exagerando, que no es para tanto. O si decís algo, no sabes cómo va a reaccionar el otro, si te va a pegar, si te va a matar”.
“En el imaginario está la idea de que la violencia se ejerce sobre personas vulnerables económicamente o emocionalmente, que no tienen una red de familiares o amigos”, cuenta Clara, de Tucumán. “Yo caí en ese prejuicio, pensé que a mi nunca me podía pasar. Pero la violencia se va instalando de una forma invisible. No te das cuenta, hasta que ya es demasiado tarde”.
Según explican distintas organizaciones, el miedo y el desconocimiento son algunas de las principales razones por las cuales los datos oficiales de denuncias por violencia de género registran solo una pequeña parte del total de casos que ocurren.
“El miedo a las represalias, a que no se les crea y el estigma que afecta más a las sobrevivientes que al agresor han silenciado las voces de millones de sobrevivientes de la violencia y han desvirtuado la dimensión real del contínuo horror que sufren las mujeres”, dice Phumzile Mlambo-Ngcuka, la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres.
A veces, estos silencios pueden ser fatales. Según los últimos datos relevados por La Casa del Encuentro, una asociación que trabaja contra la violencia hacia las mujeres, en lo que va del 2018 ocurrieron 225 asesinatos por odio de género en Argentina (un promedio de un femicidio cada 32 horas). Sin embargo, solo 16 de las víctimas de femicidios de este año habían realizado una denuncia (es decir, solo el 7%).
Foto: Julio Pantoja / Télam
El día que Micaela decidió finalmente realizar la denuncia contra su ex-pareja, el primer paso fue buscar el lugar donde tenía que ir para hacer una denuncia.
“Llamé a mi abogado y a mi psicóloga, y ambos me recomendaron ir inmediatamente a la Oficina de Violencia Doméstica”, cuenta.
La OVD es una oficina dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que tiene como objetivo “facilitar el acceso a justicia de las personas afectadas por hechos de violencia doméstica”. Sus oficinas, ubicadas en la zona de Tribunales, son las únicas que están abiertas las 24 horas del día, todos los días del año en la Ciudad de Buenos Aires.
Allí, durante las 12 horas en las que estuvo tramitando la denuncia, Micaela fue asistida por un equipo inter-disciplinario de abogados, psicólogos, médicos y trabajadores sociales.
“Llegué, saqué un número, y tuvimos que esperar hasta que nos entreviste en una primera instancia una abogada. Luego nos hicieron esperar, hasta que un médico la revisó a mi nena, le sacó fotos a las lesiones. Después de eso, esperamos más tiempo y nos atendió una psicóloga. Así, se fue haciendo de noche”, recuerda Micaela.
No fue hasta la madrugada del día siguiente que finalmente recibió una orden perimetral contra su ex-pareja.
“Los profesionales fueron muy buenos y serios. Tenían la mejor predisposición. Pero están muy desbordados, no hay recursos”, dice Micaela. “En mis horas ahí, vi mujeres que estaban muy golpeadas, les veías la cabeza rotas. Pero desistían porque se tenían que ir a trabajar, porque si no las echaban. Eso en algún punto también es violento”.
La espera en la OVD es, para muchas víctimas, uno de los principales desmotivadores a la hora de hacer una denuncia. A principios de este mes, se volvió viral un hilo en Twitter en el cual el usuario @gus_0880 relataba en vivo su experiencia acompañando a una amiga en la OVD por 14 horas.
Hasta la publicación de esta nota, la OVD no había contestado las preguntas que solicitaron enviáramos por mail.
Voy a abrir un hilo, porque desgraciadamente tuve que pasar una experiencia en la Oficina de Violencia Doméstica.
Sin embargo, tanto Micaela como otras víctimas que acudieron a la OVD u otros servicios similares destacan la importancia de haber hecho la denuncia.
“Me orientaron muy bien, y me derivaron a las profesionales correspondientes y a un centro de atención primaria de salud”, cuenta Clara sobre su experiencia en la Oficina de Violencia Doméstica de Tucumán. “Desde julio de 2017, mis tres y hijos y yo vamos a terapia una vez por semana derivados por la OVD, y nos ha hecho muy bien”.
Según datos oficiales de la OVD, 99% de los casos atendidos por la oficina en 2017 fueron derivados a la justicia civil, el 77% a la justicia penal, el 44% a servicios de salud, y el 88% a servicios de asesoramiento jurídico (cada caso puede ser derivado a más de un servicio).
“No hay que tener miedo de hacer una denuncia. Una piensa en todo el lío que puede venir después, pero hay gente detrás que la va a apoyar y la asesorar”, dice Micaela. “A pesar de que es un camino difícil, vale la pena. Éstas violencias no pueden quedar impunes. Si no, todo se naturaliza, y se piensa que está todo bien. Y no es así”.
Línea 22676 de acoso callejero (línea nacional para reportar acoso en el transporte o en el espacio público, y encontrar contención profesional y asistencia sobre cómo proceder)
Según un reciente informe del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, más del 80% de las alumnas del último año de secundaria en el país creen que las escuelas deberían abordar temas de educación sexual y violencia de género y no lo hacen.
El informe se da a conocer en el marco del incumplimento de la Ley 26.150, que en 2006 creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. De acuerdo a la ley, todos los estudiantes de escuelas públicas y privadas del país tienen derecho a recibir una educación sexual integral.
Sin embargo, según una reciente investigación de la consultora D’Alessio Irol, sólo dos de cada diez alumnos de escuelas secundarias públicas y privadas de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires reciben contenidos vinculados a educación sexual integral de manera habitual.
El tema volvió a estar en la discusión pública en septiembre del año pasado, cuando estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires tomaron 30 colegios, siendo la aplicación de la ESI una de sus principales demandas.
Los resultados del informe surgen a partir de los datos de Aprender 2017, una evaluación nacional que incluyó respuestas de 306.530 estudiantes de 5°/6° año de secundaria sobre las situaciones de desigualdad entre estudiantes mujeres y varones.
El informe reveló una marcada diferencia entre el porcentaje de mujeres a las que les gustaría que la escuela aborde temas de educación sexual y violencia de género, con el porcentaje de hombres que creen necesarias estas materias.
Temas que la escuela debería abordar
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
Por otro lado, el 82% de los estudiantes hombres relevados creen importante la incorporación de la temática del uso de nuevas tecnologías en las escuelas, mientras que entre las mujeres este porcentaje baja al 68%.
Otro resultado a destacar trata sobre la violencia hacia las mujeres. Mientras el 33% de las mujeres dicen que se las molesta por su género, esta percepción baja al 25% entre los hombres.
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
Cuáles son algunos de los otros resultados
Un 5% de las estudiantes son madres o están embarazadas, mientras que el 3% de los varones declaran ser padres.
Los varones repiten más que las mujeres por una diferencia de 7%.
El 93% de las mujeres proyectan que seguirán estudiando o que trabajarán y estudiarán luego de finalizar el secundario, mientras que este porcentaje baja al 83% para los hombres.
La hermana de Ceslo Vallejos, uno de los 44 tripulantes a bordo del submarino, habla con RED/ACCIÓN sobre cómo vivió este último año, y por qué es importante para los familiares que siga la búsqueda y que avance la investigación de las responsabilidades.
Actualización: con fecha 16 de noviembre de 2018, la Armada Argentina informó vía Twitter que identificaron al #AraSanJuan a 800 metros de profundidad.
El #MinisterioDeDefensa y la #ArmadaArgentina informan que en el día de la fecha, habiéndose investigado el punto de interés N°24 informado por Ocean Infinity, mediante la observación realizada con un ROV a 800 mts de profundidad, se ha dado identificación positiva al #AraSanJuan
Mañana, 13 de noviembre, vence el plazo para que la Comisión Bicameral del Congreso Nacional a cargo de designar el Defensor del Niño anuncie la persona elegida para ocupar el rol.
“Es la culminación de un proceso muy exhaustivo de selección, y es importante que el martes se dé a conocer el o la candidata final, porque de no ser así hay un riesgo de que este año no se llegue a designar la figura”, dice Dalile Antúnez, co-directora de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
La designación del Defensor del Niño se encuentra pendiente desde septiembre de 2005, cuando el Congreso Nacional sancionó una ley creando la figura, que tiene como objetivo “velar por la protección y promoción de sus derechos consagrados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes nacionales”.
Luego de que la Comisión Bicameral anuncie el nombre del candidato seleccionado, ambas cámaras del congreso deberán aprobar con mayoría simple la designación.
“Quedan pocas sesiones legislativas este año, por eso se requiere un compromiso político fuerte con saldar de una vez por todas la deuda con la infancia”, dice Antúnez.
En Argentina, 9 de cada 10 personas necesitarán en algún momento de su vida una transfusión de sangre para ellas o alguien de su entorno. Y la mayoría de ellas dependerán de su red de contactos para recibir estas donaciones, ya que en el país apenas el 25% de las donaciones de sangre son voluntarias.
Para cubrir el 100% de las necesidades de sangre en los hospitales
argentinos se necesitaría que entre el 3% y el 5% de la población done
sangre por lo menos dos veces al año. Pero, estiman que sólo 1.5 millones de
personas donan sangre cada año.
Luana fue diagnosticada con leucemia cuando tenía tres años y medio. Ocurrió en junio de 2012. Durante los dos años que siguieron, Luana recibió decenas de sesiones de quimioterapia, dos trasplantes de médula ósea, y más de 600 transfusiones de sangre.
Hoy, seis años después del primer diagnóstico, Luana superó la enfermedad y cursa el cuarto grado de colegio normalmente.
“Más allá de los médicos, el tratamiento, la quimioterapia… si no hubiesen estado los donantes de sangre, Lua no se hubiera podido recuperar”, dice Soledad Gutiérrez, la madre de Luana. “Sin esa sangre, no hubiera sido posible que esta historia hubiera sido así”.
Para Luana, uno de los desafíos más difíciles fue conseguir donantes de sangre. En el país, el 75% de las donaciones de sangre ocurren solo una vez que familiares o amigos piden donaciones para un caso en particular.
“De un día para el otro el hospital nos pedía que consigamos 50 donantes. Fue casi imposible. Somos muchos familiares, pero no todos podían donar. Muchos no eran compatibles o no estaban acá”, cuenta Soledad.
El desafío de conseguir donantes
Según la Organización Mundial de la Salud, la única manera de asegurar un confiable abastecimiento de sangre en hospitales es promoviendo la donación voluntaria y frecuente de sangre. Esto es necesario no solo para el tratamiento de urgencias y accidentes, sino también para realizar diversos trasplantes, operaciones y tratamientos oncológicos.
En Argentina, para lograr que el 100% de las necesidades de sangre en los hospitales esté cubierta, se necesitaría que el 3% al 5% de la población done sangre por lo menos dos veces al año (es decir, que hayan casi 4 millones de donaciones por año). Sin embargo, se estima que actualmente en el país solo 1.5 millones de personas donan sangre cada año.
Para Silvina Kuperman, directora del Banco de Sangre del Hospital Garrahan, la falta de donaciones no surge de una falta de gente dispuesta a donar, sino que de una falta de acceso a los servicios de donación de sangre.
“Hay personas dispuestas a donar, pero lo que hay que hacer es reformular la organización del sistema sanitario en bancos de sangre”, dice.
La importancia de acercarse a las comunidades
El desafío de que nuevos donantes se acerquen mes a mes al hospital a donar sangre llevó a la familia de Luana a pensar en una estrategia alternativa: dejar de esperar a que los donantes se acerquen a ellos, y en vez acercarse ellos mismos a los donantes.
Con el apoyo del Hospital Garrahan, llevaron el equipamiento necesario para donar sangre al jardín de infantes de Luana. Allí, se capacitaron a padres y maestros sobre la donación de sangre. En la primera colecta, más de 80 personas fueron donantes.
Las colectas externas son la principal estrategia del Banco de Sangre del Hospital Garrahan para aumentar el número de donantes voluntarios de sangre. En el 2011, el hospital se convirtió en el primero en el país en tener un sistema de donación de sangre basado 100% en donaciones voluntarias.
“Nos acercamos a universidades, escuelas, empresas. Vamos, atendemos a los donantes ahí, y luego traemos la sangre al hospital”, explica Kuperman. “Fue así como descubrimos que la gente es solidaria. Lo que pasaba antes era que no le estábamos dando la oportunidad de vehiculizar esa solidaridad”.
Asimismo, Kuperman destaca que este método no solo incrementa la cantidad de donaciones, sino que también mejora la calidad de la sangre que se dona.
“Los donantes de reposición generalmente tienen más prevalencia de transmitir infecciones por la sangre porque sienten la presión de donar sí o sí, aunque tal vez no cumplan todos los requisitos”, dice Kuperman. “Desde que tenemos el sistema de donaciones voluntarias, bajó 10 veces la tasa de infecciones en la sangre”.
A nivel nacional, el modelo de donación voluntaria del Hospital Garrahan se está replicando en otros bancos de sangre del país, incluyendo en la Provincia de Buenos Aires, Misiones y Jujuy.
Pasar la pelota
Luego de su segundo trasplante de médula ósea, en noviembre de 2014, Luana fue de a poco recuperando su salud, su pelo y su sonrisa, y fue dejando atrás las sesiones de quimioterapia y transfusiones de sangre.
No obstante, dos veces por año, su familia sigue organizando colectas de sangre en su jardín; ya no más para Luana, pero para todas las otras personas que necesiten las donaciones como en su momento las necesitó ella.
“Muchas veces, la gente necesita ponerle un rostro a quien ayuda. Pero hay muchos chicos que no se dan a conocer, y tienen la misma necesidad de sangre”, dice Soledad. “Hay muchos mitos que derribar sobre la donación de sangre. Es un trabajo de hormiga, es algo que hay que ir instalando en la sociedad, y que de a poco se vaya contagiando y cambiando la realidad”.
Dos maneras en las que te podés sumar
1. Encontrá el centro más cercano para donar sangre: si vivís en Buenos Aires, te podés anotar para ser donante en el Hospital Garrahan a través de este link. Si no vivís en Buenos Aires, este mapa te muestra todos los centros de donación de sangre del país.
2. Si sos o formas parte de una institución o empresa, organizá una colecta: Las instituciones que estén interesadas en organizar una colecta de sangre en su ubicación pueden hacerlo registrándose al Registro Nacional de Instituciones y Empresas Amigas de la Donación Voluntaria de Sangre a través de este link. Si están en la Ciudad de Buenos Aires, se pueden contactar directamente con el Hospital Garrahan enviándo un correo a [email protected].
Jugadoras, entrenadoras, referís, directoras técnicas. Juegan en la A y en la B. Se disputan la Copa Libertadores, la Supercopa, la Copa América, el Mundial, y los Juegos Olímpicos. Vienen de todas partes del país y son convocadas para jugar en otras partes del mundo, desde Brasil hasta China.
Pero poco se sabe de ellas. En Wikipedia, solo se pueden encontrar 33 perfiles de jugadoras argentinas de fútbol, mientras que de jugadores hombres hay 5.343.
Este proyecto en colaboración entre RED/ACCIÓN, Economía Femini(s)ta y Wikimedia Argentina buscará visibilizar a las mujeres del fútbol argentino. Para ello, estaremos recolectando información biográfica de jugadoras, entrenadoras, referís, y otras mujeres profesionales del fútbol argentino.
Al final de este proceso de recolección, realizaremos una jornada de edición para cargar estas biografías a Wikipedia y así, de a poco, equilibrar la cancha. El evento tendrá lugar el 24 de noviembre y te podes inscribir acá.
Este proyecto es parte del Mundial de la Igualdad, una iniciativa que busca que los medios, organizaciones, clubes deportivos y marcas interesadas en el fútbol difundan, desarrollen y promuevan contenidos con una agenda social y de género más responsable.
Te invitamos a enviarnos los datos biográficos de las mujeres del fútbol que conozcas a través del siguiente formulario:
Desde septiembre de 2017, el Senado tiene pendiente tratar un proyecto de ley que busca incorporar el tratamiento del ACV (Accidente Cerebro Vascular) al Programa Médico Obligatorio (PMO). Aquí, las claves para entender el proyecto y por qué es importante que se apruebe la ley.
De qué trata el proyecto. Como principal medida, el proyecto de ley Nº 3231/2017 propone que el tratamiento del ACV sea incorporado al Programa Médico Obligatorio, con el objetivo de que el sector público, las obras sociales y las prepagas de todo el país brinden la cobertura para su prevención, diagnóstico y tratamiento integral. Además, el proyecto propone:
Crear un registro nacional de establecimientos públicos y privados especializados en el tratamiento de ACV e implementar un sistema de auditoría de estos establecimientos.
Diseñar e implementar campañas públicas de concientización y prevención.
Por qué es importante.
Falta de cobertura médica: “Actualmente, ninguna obra social, privada o del estado, ni las prepagas están obligadas a cubrir tratamientos de ACV, que son extremadamente costosos y hoy en día quedan en mano del paciente o de las pocas obras sociales privadas que sí cubren el tratamiento de la enfermedad”, dice Julio Fernández, neurocirujano especialista en neurocirugía endovascular y uno de los impulsores del proyecto, junto con la senadora Silvia Beatriz Elías de Pérez y el senador Pedro Braillard Poccard.
Falta de concientización: Según un reciente estudio, en Argentina el 75% de las personas que sufren de un ACV no llegan al hospital dentro de la ventana terapéutica (4-5 horas luego de ocurrido el ACV) debido a una falta de conocimiento sobre sus síntomas.
Cuántas personas sufren de ACV. En Argentina, una persona sufre de un ACV cada cuatro minutos, es decir hasta 190.000 personas por año. El 30% de estas personas fallecen el primer mes luego de haber sufrido el ACV. A nivel mundial, el número de víctimas llega hasta 15 millones de personas por año. Además, el ACV es la segunda causa de muerte en el mundo y la primera causa de discapacidad.
Cuáles son los próximos pasos. Actualmente, el proyecto de ley espera ser discutido por las comisiones de salud, de trabajo y previsión social, y de presupuesto y hacienda del Senado. En paralelo, una petición en Change.org busca juntar firmas para pedirle al Senado que apruebe la ley.
Sofía Herrera desapareció en 2008, cuando tenía 5 años. Diez años después, su paradero todavía es desconocido. En conversación con RED/ACCIÓN, su madre, María Elena Delgado, cuenta cómo imagina que es la vida de su hija hoy y por qué es importante que sigamos buscándola.
América Latina es la región más urbanizada del mundo. El 85% de su población vive en ciudades, lo que implica un gran desafío ambiental. Mayor compromiso de las empresas, trabajar con gobiernos locales y cambiar hábitos de consumo, entre las principales recomendaciones de especialistas internacionales y nacionales.
La lucha contra el cambio climático es un desafío particularmente relevante para las ciudades. Más de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas. En América Latina, esta cifra alcanza al 85% de la población, haciéndonos la región más urbanizada del mundo.
Al mismo tiempo, según las Naciones Unidas, las ciudades son responsables por más del 75% de las emisiones de dióxido de carbono en el mundo, a pesar de solo ocupar el 2% del territorio. Entonces, ¿qué acciones deben tomar los gobiernos, el sector privado y los ciudadanos para luchar contra el cambio climático en sus ciudades?
Esta pregunta fue uno de los ejes de diversos encuentros que se llevaron a cabo esta semana en Buenos Aires en el marco del Urban 20, una iniciativa que reunió a representantes de ciudades de todo el mundo para discutir sobre sus más importantes desafíos y planes de acción. Aquí, 4 lecciones y desafíos ambientales para las ciudades que nos dejaron las jornadas de esta semana.
Foto: Juan Mabromata / AFP
1. Poner el foco en las comunidades más vulnerables
En los próximos años, millones de personas en regiones urbanas estarán afectadas por temperaturas más extremas, crecientes niveles de mar, mayores precipitaciones e inundaciones, , y tormentas más frecuentes y fuertes.
Pero, según expertos, las comunidades más afectadas serán las más vulnerables económicamente.
“Aunque el cambio climático sea un fenómeno que nos afecte a todos, son generalmente las comunidades más vulnerables las que sufren más sus impactos”, dice Enrique Viale, abogado ambientalista y docente, uno de los participantes del Encuentro Internacional por Ciudades Igualitarias. “Es mucho más fácil para alguien que tiene ingresos afrontar las consecuencias del cambio climático y mudarse si es necesario”.
En la Ciudad de Buenos Aires, vecinos de distintas villas ya sienten el impacto del cambio climático y el deterioro ambiental en sus vidas.
“En Villa Inflamable tenemos una situación muy grave de contaminación ambiental. Tanto las industrias como quienes habitamos en el barrio hemos ganado espacio a las lagunas que eran nuestros desagotes naturales, y casas que nunca se inundaban hoy en día se inundan”, dice Martín Alejandro Álvarez, vecino del barrio ubicado dentro del Polo Petroquímico de Dock Sud. “Las empresas hacen campañas de concientización, pero ¿qué hacen en sobre esa contaminación que me genera día a día? Me afecta mi ambiente, me afecta mi vida”.
Foto: Juan Mambromata / AFP
2. Repensar el actual modelo económico y el rol del sector privado
“Las grandes compañías deben dejar de pensar en la responsabilidad social empresaria como una donación, sino como una inversión”, dice Marta Cruz, cofundadora y directora de NXTP Labs, un fondo de capital con base en Argentina que invierte en startups que buscan generar un impacto positivo a gran escala.
Tanto Cruz como otros expertos ambientales manfiestan la importancia de repensar las dinámicas de empresas y el sector privado para priorizar el futuro ambiental de nuestras ciudades.
“Como fondo de inversión invertimos con propósito en compañías que estén buscando un retorno económico, pero también un impacto social y ambiental. Buscamos empresas que puedan cumplir con estas tres condicionantes”, dijo Cruz durante un evento organizado por la revista Americas Quarterly. “Estamos ayudando a crear compañías que en el futuro puedan ser positivas para nuestra sociedad y países”.
Además de existir una tendencia global hacia las inversiones en empresas con impacto, en Argentina 75 pymes y grandes empresas adoptaron como propósito generar mejoras sociales y ambientales, certificando su compromiso con una norma internacional conocida en el país como Sistema B.
Foto: Daniel García / AFP
3. Trabajar con gobiernos locales
“Antes esperábamos a que sea el gobierno nacional el que actúe primero en temas ambientales”, dice Raisa Banfield, actual vicealcaldesa de la Ciudad de Panamá, ex activista ambiental, y panelista en el evento de Americas Quarterly. “Pero empezamos a darnos cuenta que los problemas ambientales empiezan en las ciudades, y somos los gobiernos locales, las intendencias, los municipios, los que tenemos la responsabilidad más directa de incidir sobre la vida de las personas”
A través de una iniciativa local, en septiembre de este año, Banfield firmó un acuerdo para reemplazar todo el plástico en el Municipio de Panamá con alternativas biodegradables, compostables o reutilizables.
Pero a pesar de enfatizar la responsabilidad de los gobiernos locales en la lucha contra el cambio climático, Banfield cree que el desafío más grande es lograr una articulación entre distintos niveles de gobierno y el sector privado para implementar políticas ambientales sostenibles.
Este es uno de los principales factores, por ejemplo, que ha impedido el avance de la limpieza del Riachuelo, que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires y 14 municipios de la Provincia.
4. Tomar acciones individuales
¿Qué podemos hacer a nivel personal para lograr un futuro más sostenible? Muchas cosas, dice Mariana Matija, una de las jóvenes que participó esta semana de Ciudades por Jóvenes, un evento que reunió a más de mil jóvenes de América Latina para hablar sobre el futuro de las ciudades.
“Generalmente pensamos que las soluciones ambientales deben venir desde una institución o el gobierno. Claramente debe haber un compromiso ahí, pero eso no significa que a nivel personal no podamos hacer algo”, dice Matija, quien escribe sobre cómo, a nivel personal, podemos cuidar el planeta.
Uno de los desafíos ambientales más urgentes de Argentina es la producción de residuos. El país genera una tonelada de basura cada dos segundos. Para Matija, pequeños cambios en nuestros estilos de vida pueden contribuir a la reducción de estos residuos.
En su blog, “Cualquier cosita es cariño”, Matija comparte desde ideas sobre cómo vivir una vida con menos basura, hasta recetas para hacer shampoo en barra con productos naturales.
“Hay muchas cosas que se vuelven tendencia, como la idea de una vida zero waste, o comprar ciertos productos. Pero no pasa por comprar productos específicos. Hay que entender que el producto más sostenible es el que ya tenemos”, dice Matija.
“Necesitamos un medioambiente sostenible para siquiera estar haciéndonos preguntas sobre nuestras ciudades. Y es responsabilidad de todos generar este cambio. Sin planeta saludable no hay ciudades, fin”.
Entre junio y septiembre de este año, más de 4.200 jóvenes residentes de 65 ciudades y 18 países de América Latina participaron de una consulta que buscaba responder una pregunta: ¿Cuál es la visión de los jóvenes para el futuro de sus ciudades?
El proceso, liderado por la organización internacional de voluntarios TECHO, resultó en la redacción de un Plan de Acción Regional desde las Juventudes y culmina esta semana con el Campus Urbano, un evento que convoca a jóvenes de toda la región a participar de diversas charlas y mesas de trabajo.
“Este encuentro cierra un proceso que se extendió por cuatro meses, de consulta a jóvenes de América Latina sobre sus preocupaciones, acciones y propuestas en torno a la realidad de las ciudades de la región”, explica Laura Sánchez, directora de Equipos de TECHO Internacional.
Las temáticas que se trabajarán durante la semana incluyen el rol de las juventudes en la construcción de ciudades latinoamericanas desde un enfoque de género, el desafío de migrar como joven, la juventud y transformaciones políticas, y la prevención de violencia en ciudades, entre otras.
Más información: El evento es gratuito y se llevará a cabo desde el 29 de octubre hasta el 1 de noviembre en Tecnópolis. Podés ver la agenda completa acá.
Miden todos menos de 1.40 metros. Motivaron a que jugadores en otros países formen sus propios equipos y organizaron la primera Copa América de Talla Baja, que se juega esta semana en Buenos Aires. Cuáles son sus logros y mayores desafíos.
Como muchos argentinos, la pasión de Diego Serpentini siempre fue el fútbol. Desde que tiene memoria juega a la pelota con sus dos hermanos, y a los 5 años empezó a entrenar en el Club Everton de La Plata.
“Al principio mi papá tenía miedo de llevarme a un club por si me lastimaban o algo”, dice Diego –o Dieguito— entre risas. “Pero en el club me trataban como a un par, no me veían de otra forma. Terminé jugando con gente de 20 o 30 años, siempre de la mañana a la noche, sin parar”.
Diego mide 1.05 metros, tiene 16 años, y es una de las millones de personas con talla baja alrededor del mundo, una condición genética que afecta el crecimiento de los huesos y limita la altura de las personas a un promedio de 1.40 metros.
Pero a Diego no lo define su discapacidad. Lo definen su gambeta, sus goles, y su habilidad para jugar en equipo. En la cancha, y por fuera, Diego es una de las estrellas de la Selección Argentina de Talla Baja.
“Un día empecé a practicar en canchas de fútbol 5 con mis amigos y me dí cuenta de que, al ser canchas reducidas, no habían tantas desventajas con los jugadores de talla convencional”, cuenta Facundo Rojas, capitán de la selección. “Fue ahí que con un grupo de amigos de talla baja tuvimos la idea de juntar chicos de nuestra misma condición para jugar al fútbol”.
Rojas, quien anteriormente había debutado y jugado en la primera división de fútbol convencional de su Corrientes natal, organizó el primer partido de fútbol de talla baja en el país en el 2012.
“Empezamos a invitar a chicos a que vengan a entrenar y a organizar partidos. En el primero éramos solo 8 jugadores. Quizás no tenían buen juego todos, pero tenían toda la garra, todo el entusiasmo, y eso hacía que sea muy lindo”, cuenta Rojas.
Hoy, seis años más tarde, la Asociación Civil Talla Baja de Argentina (la organización que representa a la selección) cuenta con más de 60 miembros en todo el país, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. En 2017, la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) les entregó al equipo camisetas y uniformes oficiales. Y el pasado 25 de octubre, en el Día Mundial de las Personas con Talla Baja, la selección argentina recibió en Buenos Aires a 9 equipos latinoamericanos y una selección invitada -la de Marruecos- para un evento histórico: la primera Copa América Talla Baja.
“De chico pensás que algún día va a llegar, que vas a poder jugar en la Copa América, pero después van pasando los años y te empezás a dar cuenta de que no lo vas a lograr por tu estatura y por el estigma de la sociedad”, dice Ángel Lelpo, uno de los jugadores de la selección. “Jugar en esta copa es un sueño hecho realidad”, concluye.
Facundo Rojas, capitán de la Selección Argentina de Talla Baja. Foto: Lucía Wei He
Más allá del fútbol
Es jueves a la mañana y Luis, de 7 años, espera ansioso en las gradas del Estadio Multideportivo Ferro, en el barrio porteño de Caballito. Luis nació con acondroplasia, una condición genética que es la principal causante de talla baja. Es la primera vez que va a ver jugar en vivo a esta Selección. Su ídolo, como el de muchos otros en las gradas, es Dieguito.
“Desde que nos enteramos por Facebook que existía el equipo, siempre quisimos venir a ver un partido”, cuenta Hernán, el padre de Luis. “En el barrio él es el único con acondroplasia, y me parece importante que venga acá, que vea que hay otros chicos con su misma talla, que es algo normal. Y que si el día de mañana le interesa, puede hasta llegar a ser parte de la selección de fútbol”.
Más allá de poder jugar entre pares, llegar a chicos como Luis es el principal objetivo de la Selección Argentina de Talla Baja.
“Nuestro puntapié inicial para entrar en la sociedad es el fútbol, pero lo que buscamos es generar respeto, conciencia, y un ámbito de fraternidad entre todas las personas de talla baja”, dice Rojas. “Somos de las personas con discapacidad más discriminadas a nivel mundial, y para luchar contra eso usamos el fútbol, este deporte que une pasiones, en el que pasan muchas cosas lindas”.
Según Rojas y sus compañeros, la discriminación hacia personas de talla baja ha disminuido en los últimos años. “Ya no nos dicen más enanos, no nos dicen que somos el cantante de Los Grosos”, dice Martín Bagorria, otro de los jugadores.
Sin embargo, todavía existen importantes desafíos a nivel estructural. La mayoría de los miembros de la selección no tienen trabajo. Y los que sí tienen, generalmente consiguen solo contratos temporarios. Bagorria, por ejemplo, actúa en una obra de teatro en Carlos Paz en temporada alta, y se mantiene el resto del año con lo que gana en esos tres meses.
“Es muy difícil conseguir trabajo por nuestra estatura, entregamos curriculums y nos los cajonean”, dice Bagorria. “Vemos que en otros países generalmente hay más oportunidades, que la gente de talla baja puede ser policía, o hasta trabajar en el gobierno. Es por eso que para nosotros es tan importante esta selección. Es como una vidriera, que ojalá nos permita generar otros cambios”.
Foto: Lucía Wei He
Otros de los desafíos más grandes para la selección es el financiamiento. A pesar de contar con el reciente apoyo de la AFA, son los mismos jugadores los que cubren la mayoría de los costos operativos de la selección (los viajes, el alojamiento, la indumentaria).
“Invertimos mucho dinero y tiempo para lograr esto, con poco apoyo de las instituciones”, dice Rojas. El año pasado, para viajar a Brasil y jugar un partido contra el equipo carioca de talla baja, los jugadores vendieron rifas y organizaron varios eventos.
Sin embargo, el interés que ha generado la Copa América Talla Baja les da esperanzas de que esto solo sea el comienzo en la Argentina y en el mundo.
“Hay muchos países que quieren venir a jugar un mundial, y si esto sale bien, creemos que vamos a poder lograr un poco más de reconocimiento de algunas instituciones, de algunas empresas, para poder hacerlo de una mejor forma”, dice Rojas.
Mientras tanto, la esperanza de poder inspirar a chicos como Luis motiva al equipo a seguir en la cancha.
“Cada uno de nosotros es un ejemplo de superación”, dice Diego mientras hace jueguitos con la pelota. “Con este equipo demostramos que todos podemos, que a pesar de tener diferentes capacidades, no tenemos límites”.
Qué pasó. Los 14 candidatos finalistas para ocupar el cargo a Defensor o Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes presentaron ayer, ante una Comisión Bicameral del Congreso Nacional, sus planes de trabajo. Es la última etapa del proceso de selección para la designación del defensor.
Por qué importa. En 2005, el Congreso Nacional sancionó una ley creando la figura del defensor con el fin de asegurar el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del país. Hoy, 13 años después, todavía se encuentra pendiente su designación.
Quiénes son los candidatos. Los 14 postulantes quedaron como finalistas luego de haber aprobado un examen escrito el pasado 28 de septiembre. Fueron seleccionados dentro de un grupo de 68 candidatos que se habían postulado originalmente a la convocatoria abierta. Son 10 mujeres y 5 hombres, la mayoría de ellos abogados, y provenientes de distintas provincias, incluyendo San Juan, Tucumán, Buenos Aires y Río Negro.
Cuáles fueron algunas de las ideas de los candidatos compartidas por Twitter.
"El rol del #DefensorDelNiñoYa será potenciar las voces de los niños y niñas que hoy se encuentran silenciadas. De esta forma se colabora en la realización de una sociedad más justa e igualitaria pero sobretodo más humana", cierra así su exposición Marisa Herrera @herreramarisa12
"El Defensor debe realizar una articulación permanente con los defensores provinciales. En aquellas provincias que aún no han sido nombrados, debe impulsar su designación" Gustavo Álvarez Pereira, candidato para ocupar el cargo de #DefensorDelNiñoYa
Cómo sigue el proceso. La Comisión Bicameral hará la selección final del defensor en los próximos días y esperan anunciar la decisión antes del 20 de noviembre. Luego, el o la candidata final deberá ser aprobada por la Cámara de Diputados y Senadores.
El artista chaqueño visitó el jardín de infantes del Centro de Atención Integral San Cayetano y pintó junto a los chicos. “Cuando nos involucramos los grandes con los más chicos, les estamos enseñando otro camino”, dijo.
Es una mañana soleada de primavera y Milo Lockett se encuentra en camino hacia el barrio Santa Rosa, en el conurbano bonaerense. Allí, el pintor chaqueño espera sorprender a un grupo de 60 niños y niñas que por dos meses se sumergieron en el mundo de sus obras de colores explosivos y características figuras.
Elefantes azules, corazones violetas, caras cuadradas rojas, caras redondas verdes, y otras figuras fueron de a poco copando las paredes del jardín de infantes del Centro de Atención Integral San Cayetano.
“Es buenísima la obra de Milo para nivel inicial”, cuenta Matilde Nemi, directora del jardín. “Su obra tiene los trazos bien marcados, usa colores definidos, sirve un montón para trabajar distintas técnicas con los chicos”.
Fue tal la fascinación de los niños de 4 y 5 años con la obra de Lockett que, a finales de septiembre de este año, Nemi decidió escribirle una carta al artista invitándolo al jardín para sorprenderlos. Y gracias a un contacto en común, la sorpresa se pudo concretar el pasado 17 de octubre.
Con un grito de “¡¡Milo!!”, los niños recibieron al artista, que también es conocido por su compromiso social y su involucramiento con distintas comunidades del país.
Para los niños, lo que siguió fue una jornada de creatividad, pintando mano a mano con uno de los artistas más reconocidos del país. Pero para Milo, la actividad se trató de mucho más que eso.
“Lo que produce el arte es algo maravilloso porque permite que las personas se miren y compartan el espacio”, dice Milo. “Acá lo que estamos haciendo es construir comunidad. Cuando nos involucramos los grandes con los más chicos, les estamos enseñando otro camino, los estamos reconociendo y ayudando con su autoestima. Todo lo que nos sucede cuando somos chicos es lo que va a determinar lo que vamos a ser cuando seamos grandes, y eso es algo que los adultos tenemos que entender.”
En 2011, Mónica llegó al barrio La Comercial en busca de un futuro mejor. En un pequeño terreno del barrio, ubicado entre dos vías de tren en el partido bonaerense de Pilar, construiría una nueva casa para su familia.
“Por muchos años vivimos en una villa al lado de un arroyo, que cada dos por tres se inundaba y nos dejaba con agua hasta el cuello. Era insalubre para mis hijos”, cuenta Mónica. “No queríamos vivir más en esa situación. No era una vida digna”.
Cuando Mónica y su marido se enteraron que en La Comercial había terrenos en venta a un precio accesible, decidieron vender su pequeña casa al lado del arroyo para invertir en una nueva vida.
“Ahora miro para atrás y me doy cuenta que me equivoqué por ingenua, por la urgencia y la necesidad de querer salir de ese lugar donde se estaban enfermando mis hijos”, dice Mónica.
En febrero de este año, la municipalidad les anunció a Mónica y a las otras 200 familias del barrio que se estarían rematando los terrenos y desalojando a las familias que estaban ocupando las tierras. El hombre que les había vendido los terrenos no era verdaderamente el dueño de esas tierras.
“Fue como si nos hubiésen tirado un balde de agua fría. Pensar que iba a venir una topadora, y sacarnos todo lo que teníamos y habíamos logrado construir… es una imagen que duele”.
La historia de Mónica se repite una y otra vez entre las más de 3.5 millones de familias que hoy en día viven en las distintas villas y barrios populares del país. Muchas de ellas tienen sus casas en estos barrios hace décadas, pero pocas tienen un certificado de propiedad que les garantice el derecho de vivir en esas tierras.
Pero gracias a la movilización de los vecinos y a una nueva ley nacional, Mónica y las demás familias de La Comercial podrán tener finalmente asegurada la tenencia de su tierra.
El pasado 11 de octubre, el Senado de la Nación sancionó la ley de “régimen de regularización dominial para la integración socio-urbana” que permitirá otorgarle a los habitantes de los más de 4 mil barrios populares del país títulos de propiedad sobre las tierras en las que están construidas sus viviendas.
“Cuando se sancionó la ley, lloré de emoción”, dice Araceli Ledesma, referente del barrio Lagomarsino, en el partido de Pilar. “Una vez que empiecen a dar los títulos, las personas no solo van a sentir que finalmente son dueñas de su tierra. Van a tener acceso justo a la electricidad, a las cloacas, al agua de red. Creo que va a cambiar el sentido de vivir en un barrio popular. Va a cambiar nuestro futuro”.
A pesar de que la ley es la primera en promover la titularidad de tierras en villas a nivel nacional, algunas ciudades y municipios han impulsado iniciativas similares a nivel local, permitiendo analizar el impacto que esta nueva ley tendrá a partir de ahora a nivel nacional.
El caso San Francisco Solano
Fue uno de los primeros asentamientos urbanizados de la Argentina. Todo comenzó cuando en 1981, alrededor de 1.800 familias ocuparon un terreno en San Francisco Solano, en el partido bonaerense de Quilmes. Luego de varios intentos de desalojo durante la dictadura militar, en 1984 el congreso de la Provincia de Buenos Aires sancionó una ley expropiando las tierras a sus dueños originales para adjudicárselas a las familias que habían ocupado el terreno.
La legislación, al igual que la reciente ley nacional, establecía que el gobierno le pagaría una compensación monetaria a los dueños de las tierras y luego le otorgaría títulos de propiedad a las familias.
A través de dos encuestas realizadas en 2003 y 2007, los economistas Sebastián Galiani y Ernesto Schargrodsky analizaron el impacto de la titularidad de tierra en Solano, comparando las familias que recibieron títulos de propiedad y las que no (debido a que algunos dueños originales de la tierra no accedieron a venderlas).
Los resultados que los economistas mostraron en el estudio publicado en 2010 fueron contundentes. El informe reveló que las familias que recibieron títulos de propiedad realizaron más inversiones en sus viviendas –mejorando techos, paredes y agrandando las casas–, disminuyeron el número de familiares viviendo en una misma casa, y mejoraron el desempeño académico de sus hijos.
Según el mismo estudio, los hijos de las familias que recibieron títulos de propiedad tienen el doble de probabilidad de terminar el secundario que los de familias que no recibieron la titularidad.
“Darle títulos de propiedad a familias pobres incrementa la inversión en sus viviendas y en el capital humano de sus hijos, que a su vez debería contribuir a una reducción de la pobreza en futuras generaciones”, concluyen los economistas.
En la misma línea un análisis del investigador del CONICET, Pablo Vommaro, resalta a la organización de lo vecinos como una de las razones por las cuales la urbanización de Solano fue exitosa. El involucramiento de los vecinos en todo el proceso de urbanización, desde la toma de tierras hasta la formalización del asentamiento, es el mismo que hizo posible la urbanización de otros barrios populares, como Villa Palito.
Lecciones de otros países latinoamericanos
Más allá de los beneficios que la regularización dominial podría brindar a los vecinos de villas y barrios populares, expertos en el tema advierten que para verdaderamente lograr una integración socio-urbana de estos barrios, la regularización debe estar acompañada por otras políticas públicas.
“La propiedad de tierra es uno de los puntos de la integración social-urbana, pero no es el más relevante. Los servicios básicos son la prioridad para los vecinos. En las villas se vive una pobreza multidimensional que también incluye la falta de acceso al trabajo, al transporte, y a los servicios básicos. No es que mágicamente, con ese papel, las familias tienen acceso a estos otros derechos”, dice Virgilio Gregorini, director ejecutivo de TECHO Argentina.
Algunos países de la región son ejemplos de la importancia que tiene acompañar la regularización dominial en villas con la promoción de otros derechos.
“Perú, por caso, es un ejemplo de todo lo que salió mal. En la década del 90 hubo una política de titulación masiva, suponiendo que eso iba a motivar a los habitantes de esos lotes a mejorar sus casas y acceder a servicios públicos. Pero nunca se llegó a eso”, explica Rosario Fassina, integrante del área de Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Según una reciente investigación realizada por Ojo Público, a pesar de que Perú lleva tres décadas implementando políticas públicas para entregar títulos de tierra a poblaciones informales, el proceso de titulación no ha sido total y tampoco produjo mayor acceso a servicios o mejoras en las viviendas.
En cambio, algunos expertos destacan el caso de Brasil como un ejemplo de política de titulación más efectiva.
“En Brasil se planteó una ley muy similar a la de Argentina, pero comenzando al revés. Empezaron con procesos de mejoramiento de infraestructura y servicios, y recién al final se entregaba el título de propiedad. Es un proceso similar al que se está dando en algunas villas en la Ciudad de Buenos Aires”, explica Fassina.
Cada día, millones de niñas, niños, adolescentes y adultos alrededor del mundo sufren de hambre. En el 2017, 821 millones de personas no contaban con suficientes alimentos para comer, un número que ha aumentado sostenidamente desde 2014.
Pero el hambre no es el único desafío alimentario que enfrentamos como sociedad. El sobrepeso y la obesidad, el desperdicio de comida, el impacto ambiental de la industria alimentaria, y el subdesarrollo de comunidades rurales, son algunos de los desafíos más grandes para lograr un mundo con #HambreCero.
Es por eso que gobiernos alrededor del mundo se han comprometido a erradicar el hambre a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados en 2015. Pero como consumidores, productores y chefs también podemos hacer nuestra parte. Aquí, cuatro acciones recomendadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para lograr un futuro alimentario más sostenible y equitativo.
1. No tirar comida
En Argentina se desperdician más de 16 millones de toneladas de comida cada año, y a nivel mundial, se tira casi el 40% de toda la comida que producimos. La gran mayoría de esta comida se encuentra en buen estado, pero se echa a perder por falta de recursos, tiempo o información.
A nivel personal, podemos tratar de desperdiciar lo menos posible congelando sobras o utilizandolas para otras comidas. También podemos promover que se rescate la comida que se tira. En 2017, los bancos de alimentos del país rescataron más de 9 millones de kilos de comida que, en lugar de terminar en la basura, se sirvieron en 28 millones de platos en 2.500 comedores y hogares de ancianos o niños.
Para promover más donaciones de alimentos, el pasado 11 de octubre, el Congreso aprobó una modificación fundamental a la ley de donación de alimentos.
2. Adoptar una dieta más saludable y sostenible
Mejorar la seguridad alimentaria significa abordar tanto la desnutrición como la obesidad y el sobrepeso. En Argentina, 350.000 niños y niñas sufren de sobrepeso u obesidad, una de las tasas más altas de toda América Latina. Según datos del gobierno, 44% de los casos de diabetes en el país son consecuencia del sobrepeso o la obesidad.
La preparación de comidas saludables y nutritivas puede ser un desafío, especialmente para las comunidades más vulnerables. Pero iniciativas como el Programa Nacional de Alimentación Saludable y Prevención de la Obesidad buscan que las comidas saludables sean más accesibles a través de, por ejemplo, kioscos saludables en los colegios públicos.
3. Empoderar a las comunidades rurales, especialmente a las mujeres
El 80% de las familias pobres en el mundo viven en zonas rurales y dependen de la agricultura, la pesca o la silvicultura.
“Proteger y promover su bienestar es fundamental para reducir la malnutrición en todas sus formas, mejorar los sistemas de producción alimentaria para todos y preservar la salud de los recursos naturales de la tierra a largo plazo”, indican desde la organización.
Un grupo clave dentro de las comunidades rurales son las mujeres. Ellas representan un cuarto de la población mundial y producen más de la mitad de los alimentos que se consumen en el mundo. Si las mujeres rurales tuvieran igual acceso que los hombres a la titularidad de tierras, financiación y capacitaciones, podrían producir entre un 20% y un 30% más de alimentos en el mundo, según la FAO.
4. Ayudar a los refugiados y a las comunidades desplazadas
Una de causas principales de la creciente inseguridad alimentaria son los conflictos violentos que han aumentado en los últimos años y han llevado, a su vez, a masivas migraciones forzadas.
Además, según la FAO, la variabilidad climática y otros fenómenos meteorológicos han afectado negativamente los suministros de alimentos y los ingresos y han provocado mayores desplazamientos. En los países con elevada exposición a impactos climáticos, “se han más que duplicado el número de personas subalimentadas que aquellos sin una exposición elevada”.
Qué pasó. El pasado octubre, la legislatura de Santa Fé votó con unanimidad la adhesión a la Ley Nacional de Autismo, convirtiendo a la provincia en una de las pocas en el país en adherir a la ley . El voto se consiguió tras años de que padres y madres santafesinos de niños con Trastornos del Espectro Autista (TEA) trabajaran para que se incorporara la reglamentación.
Qué dice la ley nacional. La Ley 27.043 sobre el abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan TEA fue sancionada en noviembre de 2014 por el Congreso Nacional. Entre sus puntos clave, la ley:
Promueve la investigación clínica y epidemiológica en la materia y la formación de profesionales en el tema.
Requiere que las organizaciones de seguridad social, entidades de medicina prepaga y obras sociales brinden “las prestaciones necesarias para la pesquisa, detección temprana, diagnóstico y tratamiento de los Trastornos del Espectro Autista (TEA)”.
Promociona la inclusión de las personas que presentan TEA a los diferentes niveles educativos, laborales y sociales.
Quiénes la impulsaron. Tanto la ley nacional como la iniciativa para que la provincia de Santa Fe adhiera a la ley fueron impulsadas principalmente por agrupaciones de padres.
“Siempre fue un proyecto de las agrupaciones de padres. Fuimos más de 60 agrupaciones en todo el país que trabajamos para presentar el proyecto nacional. No fue pensado por un político ni un funcionario, es exclusivamente una lucha de las familias que estamos en el tema y que logramos ponerlo en la agenda de política pública”, dice Sol Mateo, mamá de un adolescente con TEA y parte del grupo TGD Padres Rosario TEA.
Se aprobó el proyecto por el cual se adhiere a la Ley Nacional 27.043, que declara de interés el abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan Trastornos de Espectro Autista (TEA)
Por qué es importante que adhieran las provincias. El artículo 6 de la ley nacional invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a los lineamientos de la ley. Es por eso que la legislatura de cada provincia debe votar adherirse, para que la legislación se aplique a nivel provincial.
Cuál es el beneficio. Según las distintas agrupaciones de padres y de legisladores que impulsaron la adhesión, el principal beneficio de la ley es que asegura la prestación médica a todas las personas con TEA, sin importar si tienen obra social o no.
“Hay muchas familias que no tienen la suerte de tener una obra social. Esta ley apunta a la detección e intervención de TEA en el sector público; apunta a los más vulnerables y les asegura el acceso a un tratamiento gratuito”, dice Mateo.
La ley “implicará mayores derechos de los pacientes ante las obras sociales y empresas de medicina prepaga”, explica el diputado provincial Rubén Giustiniani (Igualdad y Participación).
Qué provincias han adherido. Según miembros de TGD Padres consultados, las provincias que han adherido a la ley nacional son: Buenos Aires, Misiones, San Luis, Jujuy, Salta, Santa Cruz, y Tierra del Fuego.
Cuáles son los próximos pasos. A nivel nacional, las agrupaciones de padres están demandando al Poder Ejecutivo que reglamente la ley, una tarea pendiente desde el 2014.
“Es hora que el gobierno nacional reglamente la ley. Ya hemos hechos varios pedidos y estamos esperando con ansias la reglamentación, porque sin ella no se pueden aplicar los cambios que demanda la ley”, dice Sol Mateo.
Aerial view of Villa Zavaleta shantytown in Buenos Aires, on September 24, 2018. – The 1,200 families living in Villa Zavaleta, a poor slum of Buenos Aires, were already struggling to cope with their daily needs, but the economic crisis of recent months has put them on their knees. (Photo by IVAN PISARENKO / AFP)
Con 60 votos a favor, el Senado de la Nación aprobó ayer la ley que busca otorgarle a las familias de 4.416 villas en todo el país títulos sobre la tierra de sus viviendas. El proyecto de “régimen de regularización dominial para la integración socio-urbana” había sido aprobado con unanimidad por la Cámara de Diputados el pasado 5 de julio.
La ley es la primera en promover la urbanización de las villas a nivel nacional y se enfoca en un mecanismo en particular: el de la expropiación de la tierra y la entrega de títulos a los vecinos de los barrios.
[URGENTE E HISTÓRICO] Se aprobó por unanimidad la ley de regularización dominial e integración socio urbana en @SenadoArgentina
Del total de las tierras en las que se ubican los barrios populares del país, el 61% pertenecen a particulares, el 7% a las provincias, y el 13% a los municipios. La ley declara de “utilidad pública” a estas tierras, permitiendo al gobierno expropiarlas, para luego entregar títulos de propiedad a las familias que viven allí.
“Reconocer que la tierra cumple su fin social cuando está en manos de quiénes la habitan implica enraizar una dimensión más en nuestra cultura de derechos humanos; iniciar un camino para que cientos de miles de familias dejen de vivir con necesidades extremas y con el peso de la constante amenaza de expulsión; y repensar las reglas de concentración de la tierra y establecer los cimientos para una profunda Reforma Urbana”, declaró Jonatan Emanuel Baldiviezo, Presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, luego de la aprobación de la ley.
Para entender más en profundidad el impacto que tendrá la ley, leé nuestra nota sobre los detalles de la ley.
DESDE PUERTO PRÍNCIPE – Cuando Stevenson Moïse tenía 19 años, su sueño por estudiar y jugar al básquet profesional lo llevó a mudarse de su Haití natal a un país hasta entonces para él desconocido: Argentina.
“No sabía nada del país, solo conocía algunas cosas de fútbol, como Maradona, Boca y River”, dice Moïse con una sonrisa y un castellano completamente argentino.
Aunque su sueño de jugar profesionalmente al básquet nunca se concretó, en sus 12 años en Argentina Moïse completó una carrera en comercio y una maestría en marketing, se enamoró de una argentina, se casó y tuvo dos hijos.
“Vivíamos muy bien, teníamos todo lo que necesitábamos”, cuenta Moïse, que a pesar de la vida que logró construir en Argentina, decidió volver a Haití a principios de este año.
“Dentro mío había algo que me angustiaba. En las noticias veía imágenes de Haití, de los niños que no tenían para comer, de los escándalos de corrupción. Y me pregunté para qué vivía: si era para tener cosas o para ayudar”.
Junto con otros jóvenes profesionales, Moïse fundó el grupo Nuevo Haití, un espacio que milita por un cambio político en Haití.
Hoy Moïse es parte de un creciente grupo de jóvenes haitianos que en los últimos años, y en particular los últimos meses, se ha empezado a movilizar e involucrar en distintos movimientos sociales para demandar un cambio en el sistema político del país.
Entre sus demandas más urgentes se encuentran el fin a la impunidad de los corruptos, un sistema democrático más transparente y justo, y mayor igualdad de género.
“Haití es un país difícil, estamos haciendo un experimento con la democracia desde 1986,” dice Yvenique Bathard, coordinadora de Jóvenes para la Participación Ciudadana, un grupo que organiza talleres y charlas sobre temas de democracia. “Siempre se habla de democracia. Pero si uno ve nuestro país todavía no puede hablar de una democracia verdadera, porque no se respetan los derechos humanos, no hay libertad de expresión y no tenemos elecciones justas ni transparentes”.
En julio de este año, Bathard participó por primera vez de una marcha, en el marco de las protestas ocurrieron por el “PetroCaribe Challenge”, un escándalo de corrupción en el que se acusa al gobierno haitiano de malversar miles de millones de dólares provenientes del programa venezolano de petróleo PetroCaribe. Las protestas, que fueron lideradas principalmente por jóvenes, culminaron con la renuncia del primer ministro Jack Guy Lafontant.
“Fue una experiencia única. Éramos todos jóvenes, compañeros de universidad, vecinos, que salimos a la calle por una misma razón: demandar que el gobierno rinda cuentas, que nos diga qué hizo con los fondos que deberían haber ido a la gente”.
“Todavía no puede hablar de una democracia verdadera, porque no se respetan los derechos humanos, no hay libertad de expresión y no tenemos elecciones justas ni transparentes”
– Yvenique Bathard –
La reciente activación de la juventud haitiana representa un cambio en un grupo históricamente ajeno a los temas políticos.
“La mayoría de los jóvenes en Haití no votan ni se involucran en la política porque no hay confianza en el sistema democrático del país. Hay un sentimiento generalizado de que la política es un lugar para corruptos, para gente a la que solo le interesa enriquecerse”, explica Hans Tippenhauer, director de Fondation Espoir, una organización haitiana que desde 1995 trabaja para promover la participación ciudadana de los jóvenes haitianos.
“Pero si uno ve las movilizaciones que han surgido contra la corrupción en los últimos meses, la mayoría de los participantes son jóvenes. Eso es muy importante, porque Haití es un país extremadamente joven y son los jóvenes quienes tienen el poder de generar un cambio transformador”, dice Tippenhauer.
Según los últimos datos poblacionales, hoy casi el 70% de la población haitiana tiene menos de 35 años (mientras que en Argentina este grupo etáreo representa el 55% de la población). En paralelo, en las últimas elecciones presidenciales de 2016, sólo el 17% de la población se presentó a votar, lo que representa la tasa de participación más baja en la historia haitiana.
“En los últimos años, la violencia electoral, la manipulación de votos, la impunidad, el desapoderamiento y la repetida intervención extranjera en las elecciones han cultivado una profunda desilusión política”, explican desde la National Lawyers Guild, una asociación de abogados estadounidense que auditó las últimas elecciones.
Para muchos jóvenes haitianos, el escándalo de PetroCaribe fue el punto de inflexión que los llevó a salir de manera masiva a las calles para reclamar por sus derechos. Pero desde hace unos años, un grupo más pequeño de jóvenes ya estaba saliendo a las calles para reclamar por un derecho en particular: el de la igualdad de género.
“Las mujeres representamos el 60% de la economía haitiana, pero sufrimos de constante violencia de género y falta de representación en el gobierno y en roles de liderazgo”, dice Pascale Solages, que a sus 20 años es la coordinadora general de Neges Mawon, una organización feminista que reúne a estudiantes y jóvenes profesionales de todo el país.
Desde el 2016, Neges Mawon organiza un festival feminista anual en el que jóvenes se juntan a tratar temas de igualdad de género a través de talleres y demostraciones en las calles. Además, la organización trabaja en escuelas y universidades para sensibilizar sobre los derechos de las mujeres y discutir potenciales soluciones a las distintas problemáticas de género en el país.
“Es muy difícil porque la sociedad haitiana es muy conservadora. Acá, si decimos que somos feministas, piensan que somos lesbianas, o que queremos deshacer familias”, sostiene Solages. “Pero desde que empezamos el festival, veo que las cosas están cambiando de a poco. Hay una llama en los jóvenes que quieren lograr un cambio, y creo que vamos a poder lograrlo, poco a poco, ya sea en cinco años o en diez”.
“Hay una llama en los jóvenes que quieren lograr un cambio, y creo que vamos a poder lograrlo, poco a poco, ya sea en cinco años o en diez”
– Pascale Solages –
Sentado en una mesa bajo densos árboles, en una calurosa mañana en Puerto Príncipe, Stevenson reflexiona sobre el futuro del movimiento que iniciaron los jóvenes haitianos este año en el marco del caso PetroCaribe.
“Los políticos han hecho mucho daño a nuestro país. Somos un país muy rico en recursos, pero seguimos siendo el más pobre de la región. Es por eso que tantos jóvenes deciden irse de Haití. Generalmente los que se van son los que pueden trabajar, los que terminaron la escuela. Pero para que verdaderamente haya un cambio, necesitamos que vuelvan. Que los jóvenes haitianos que estén en Argentina o en Chile crean de vuelta en su país. Solamente ahí podremos avanzar”.
DESDE PUERTO PRÍNCIPE – Cuando Abel Raúl Velázquez llegó a Haití en diciembre de 2017, se encontró con un país desconocido. Velázquez, un comandante de la Gendarmería Nacional Argentina, había estado por primera vez en el país en 2011, un año después de que un terremoto de magnitud 7 haya destrozado la ciudad de Puerto Príncipe, dejando más de 300 mil personas fallecidas y 1 millón y medio de personas sin hogar.
“En ese entonces, había campos de desplazados por todos lados, era un caos”, recuerda Velázquez, quien había sido asignado para participar de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (MINUSTAH) para asistir con la recuperación del fatal terremoto.
Seis años más tarde, algunas calles de Puerto Príncipe están asfaltadas y las familias que habían sido desplazadas ahora están reubicadas en nuevas viviendas, aunque muchos problemas de infraestructura persisten. La MINUSTAH (que llegó a contar con más de 5.000 oficiales y militares de todo el mundo entre 2004 y 2017) fue reemplazada por una misión más chica (de 1.200 oficiales), la Misión de las Naciones Unidas para el Apoyo de la Justicia en Haití (MINUJUSTH).
Pero ahora el desafío es otro. El trabajo que lo trae a Velázquez a Haití por segunda vez ya no es uno operativo, de patrullaje en las calles como lo había sido en 2011, sino uno de alguna manera más desafiante: el de lograr un cambio institucional en la seguridad haitiana.
“Es un desafío muy grande porque hay cosas básicas que no se hacen, como por ejemplo tener un plan de evacuación en las cárceles, o asegurarse de que las personas detenidas reciban cuidados básicos”, cuenta Velázquez a RED/ACCIÓN desde su oficina en Jacmel, un pequeño pueblo en la costa sur de Haití. “Pero los gendarmes argentinos, gracias a nuestro entrenamiento, estamos particularmente capacitados para afrontar este desafío”.
Velázquez es uno de los 9 gendarmes argentinos (más un oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria) que hoy en día se encuentran trabajando en Haití como cascos azules (como se conocen las fuerzas de paz de la ONU) de la MINUJUSTH, una misión que tiene mandato hasta abril de 2019. Están desplegados por todo el país y cumplen variadas funciones, desde jefes de distintas áreas de la misión, hasta consejeros de diversos grupos dentro de la Policía Nacional Haitiana. Además, hay 12 gendarmes argentinos que forman parte de la fuerza de seguridad del embajador argentino en el país, Pedro Von Eyken.
A diferencia de los cascos azules desplegados durante la MINUSTAH, los oficiales de esta nueva misión no trabajan directamente en las comunidades, sino que tienen un rol administrativo en el cual el objetivo es “reforzar el estado de derecho, desarrollar la Policía Nacional Haitiana, y proteger y promover los derechos humanos”.
“En el terremoto del 2010 murieron más de 2.500 policías haitianos. Prácticamente quedó desmembrada la fuerza de seguridad”, explica el comandante Francisco Montero, jefe de misión del departamento de Nippes, en la región sur de Haití. “Nuestro objetivo es darles asesoramiento en distintos temas, para que eventualmente ya no se necesite más la presencia de los cascos azules en el país”.
Para lograr este objetivo, Montero y sus demás colegas argentinos desplegados en el país se juntan todos los días con un contraparte asignado de la Policía Nacional Haitiana para asesorar y aconsejar en distintas situaciones de seguridad y derechos humanos.
“La idea es controlar que no haya violaciones de derechos humanos, que no haya detenciones arbitrarias ni uso de armas letales en situaciones como cortes de ruta, que acá es muy común”, explica Montero. De hecho, un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo reveló que el 79% de las personas encarceladas en Haití entre 1999 y 2017 fueron detenidas sin una sentencia de un juez.
Además de asesorar situaciones de seguridad cotidianas, parte del objetivo de los cascos azules es brindar mecanismos de trabajo a la Policía Nacional Haitiana para reforzar su calidad institucional.
Este es el trabajo al que se avoca Denise Amarillo, la única mujer del grupo de gendarmes. Como consejera en temas de logística, logró que el departamento donde trabaja cree una base de datos del personal de seguridad, una iniciativa que ahora se está replicando a nivel nacional.
“Fue difícil al principio, hubo muchas barreras, especialmente lingüísticas”, dice Amarillo. “Pero de a poco nos fuimos entendiendo y viendo que los gendarmes acá podemos hacer mucho. Venimos con una formación de derechos humanos muy fuerte y acá hay muchas violaciones de los derechos de las personas”.
El comandante Francisco Montero está en Haití desde diciembre de 2017.
La herencia de la MINUSTAH
Uno de los desafíos más grandes para los oficiales que forman parte de esta nueva misión de las Naciones Unidas es lidiar con el legado controversial de la MINUSTAH. A pesar de que a la misión se le reconoce el haber restablecido cierto orden político en Haití, algunos oficiales de la MINUSTAH también han sido acusados de traer la enfermedad del cólera en el 2010 (causando un brote que dejó más de 9.000 muertes), y otros de estar involucrados en cientos de casos de abuso sexual.
“La gente está muy enojada, quieren que las Naciones Unidas se vayan del país”, dice Mario Joseph, un abogado de derechos humanos que representa a las víctimas del cólera y abuso sexual. “La ONU dice que viene a promover los derechos humanos, pero ni sus propios cascos azules respetan los derechos de nuestra gente”.
Esta desconfianza se ve reflejada en las dinámicas de trabajo entre los gendarmes argentinos y sus respectivos contrapartes.
“Ganar la confianza de los policías haitianos ha sido uno de los más grandes desafíos”, dice Velázquez. “Es difícil que entiendan que no vinimos a imponer, que no estamos acá para darles órdenes, sino para acompañar”.
En relación a los casos de abuso sexual, Montero reconoce que uno de los cambios más importantes que se implementaron con la nueva misión fue el de tener una política mucho más estricta en la no tolerancia e investigación de casos de abuso sexual.
“Durante los ocho días de entrenamiento que recibimos al llegar al país, hubo mucho hincapié en el abuso sexual, en no utilizar el cargo que uno tiene, su inmunidad y sueldo para aprovecharse”, dice Montero. “Ahora hay una política de repatriación inmediata para el oficial que esté involucrado en un caso de este tipo. Además, se le prohíbe participar de otras misiones de la ONU en el futuro, y se hace un seguimiento de la investigación”.
A partir de los escándalos de abuso sexual, los Cascos Azules ahora deben llevar consigo esta tarjeta a todo momento.
Cuando uno maneja por las calles de Puerto Príncipe, es común ver banderas de Argentina colgadas en edificios, o las caras de Messi y Maradona pintadas en tap taps, el transporte público local.
“Nos reconocen por Argentina, por nuestro equipo de fútbol”, cuenta Montero con una sonrisa. “Y gracias a eso, es mucho más fácil crear un vínculo con la gente, y evitar que haya problemas si la gente reacciona mal hacia los cascos azules”.
Además del impacto que este reconocimiento tiene en su trabajo día a día, Montero y sus colegas reconocen que su entrenamiento como oficiales de la Gendarmería Nacional Argentina les otorga una particular ventaja en la MINUJUSTH.
“El gendarme, a comparación de otros policías internacionales, está en capacidad de hacer lo que sea. La gendarmería te enseña un poco de todo, y acá en las Naciones Unidas eso es mucho”, dice Velázquez. “De a poco, estamos viendo que se genera una confianza y que los consejos que damos se empiezan a aplicar. Para mi, eso es lo importante de esta misión: irnos sabiendo que dejamos nuestro pequeño grano de arena para que este país salga a flote”.
DESDE PUERTO PRÍNCIPE – A lo largo de su historia Haití debió enfrentar distintos retos. Desde desastres naturales y brotes de enfermedades fatales, hasta instituciones débiles y un Estado poco presente. La conjunción de estos hechos son, en gran parte, los que están detrás de las imágenes de pobreza y destrucción que muestra el país.
En la última semana, a través de nuestro sitio y redes sociales, estuvimos recolectando distintas preguntas de la comunidad sobre Haití. Aquí, contestamos algunas y delineamos 8 puntos para entender la realidad haitiana.
La pobreza en Haití. Alrededor del 60% de la población (6 millones de personas) viven bajo la línea de pobreza, lo que convierte a este país en el más pobre de todo el hemisferio occidental. Es difícil determinar cómo ha cambiado el nivel de pobreza a través del tiempo, ya que los únicos datos oficiales disponibles son del 2012. Haití también es el país con más desigualdad de toda América Latina y el Caribe. Desde el 2001, cuenta con un coeficiente de Gini de 0.61 (en este indicador de desigualdad 0 es la total igualdad y 1 la total desigualdad).
En qué se sustenta la economía. Dos quintos de la población dependen del sector agrícola, más del 66% de la tierra del país se utiliza para la agricultura. Los principales productos agrícola son café, mango, cacao, azúcar y arroz. Paralelamente, la principal fuente de divisas extranjeras al país son las remesas (el dinero que mandan familiares que están en el extranjero), que representan casi el 30% del producto bruto interno del país.
Cómo funciona el gobierno. La historia de Haití está marcada por inestabilidad política, dictaduras, numerosos golpes de estado (el último en 2004) y casos de corrupción. El país es una república semi-presidencial, con un presidente y un primer ministro. El último escándalo de corrupción, en el que se acusa al gobierno haitiano de robar miles de millones de dólares provenientes del programa Venezolano de petróleo PetroCaribe, generó violentas protestas y la renuncia del primer ministro Jack Guy Lafontant en julio de este año.
“Actualmente no hay confianza en el sistema democrático del país, la mayoría de la gente no vota y muy pocos jóvenes se involucran. La corrupción ha generado un desinterés de la sociedad en la política”, cuenta desde su oficina en Puerto Príncipe Hans Tippenhauer, presidente de Fondation Espoir, una organización que trabaja en temas de democracia y juventud en Haití.
Cómo es el trabajo de las misiones humanitarias de la ONU. Desde el 2004 hasta finales de 2017, se estableció en Haití la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (MINUSTAH por sus siglas en francés), una misión de paz que tenía como objetivo promover la estabilidad política en el país. Aunque la misión fue reconocida por ayudar a lograr ciertos niveles de estabilidad, también dejó un legado de controversias. Entre ellas, se le acusa a la misión haber traído la cólera al país (generando un brote que causó la muerte de más de 9 mil personas) y a cientos de cascos azules de estar involucrados en casos de abuso sexual. En octubre del 2017, la MINUSTAH fue reemplazada por una misión más chica, la Misión de las Naciones Unidas para el Apoyo de la Justicia en Haití (MINUJUSTH). Esta misión tiene como objetivos ayudar al gobierno haitiano a desarrollar las fuerzas policiales nacionales, reforzar las instituciones, y promover y proteger los derechos humanos.
El rol de las ONGs. A Haití se la conoce como la “República de las ONGs” por ser el país con más organizaciones no gubernamentales per cápita en el mundo. El rol de estas organizaciones y su efectividad en ayudar al país a salir de su pobreza ha sido cuestionado, y se apunta a la falta de involucramiento de las comunidades locales en los proyectos de reconstrucción del país. En septiembre de 2017, el gobierno haitiano anunció la expulsión de casi 300 organizaciones del país por “estar desconectadas de las prioridades y necesidades del pueblo haitiano”.
“Muchas veces estas organizaciones internacionales no tienen contacto de verdad con la comunidad Haitiana. Llegan, implementan su proyecto, sacan la foto y se van”, dice Macenant Clifton, director de voluntariado y equipos de TECHO Haití, una de las pocas organizaciones en el país que tiene un cuerpo de voluntariado 100% haitiano.
Cómo funciona el sistema educativo. Actualmente, la mayoría de los niños, niñas y adolescentes haitianos no tienen acceso a un sistema de educación de calidad. Según la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés), en promedio los haitianos mayores de 25 años cuentan con menos de 5 años de educación. Más del 85% de las escuelas en el país son privadas, y casi el 80% de todos los maestros del país no han recibido ningún tipo de entrenamiento.
El rol de los jóvenes. Haití es un país abrumadoramente jóven. De sus 10 millones de habitantes, más del 50% tiene menos de 25 años. Según explica Hans Tippenhauer, muchos jóvenes están involucrados en organizaciones sociales, pero pocos en la política debido a la desconfianza que existe hacia el sistema político.
Otros datos curiosos.
Amantes de Messi y Neymar. El fútbol es el deporte más popular en Haití, y los haitianos son ávidos fanáticos de dos equipos en particular: Argentina y Brasil. “Durante el mundial, el país se dividió en dos: los que se ponían la camiseta argentina, y los que se ponían la brasileña”, explican argentinos que viven en el país. Por las calles, es común ver pintadas las banderas de ambos países en paredes y autos.
El vudú. Aunque la principal religión en Haití es el catolicismo, muchos haitianos también practican el vudú, una religión basada en la creencia de los espíritus y creada por descendientes de esclavos africanos.
El dulce Micky. Michel Martelly fue presidente de Haití entre 2011 y 2016. Pero Martelly también es uno de los cantantes más reconocidos del país. Con su nombre artístico “Sweet Micky”, canta canciones de kompa (una música haitiana con raíces africanas) y es conocido por sus videoclips provocativos.
DESDE PUERTO PRÍNCIPE – Pedro Von Eyken es un diplomático con 35 años de carrera. Su profesión lo ha llevado a representar a Argentina en Alemania, Cuba y Finlandia. Desde el 2017, se desempeña como embajador en Haití.
De conversación fácil y sonrisa amplia, Von Eyken recibe a RED/ACCIÓN en su oficina en Puerto Príncipe con una taza de fuerte café haitiano para conversar sobre la relación entre Argentina y Haití y su perspectiva sobre la isla caribeña, que a pesar de un sinnúmero de iniciativas y planes de desarrollo a través de los años, sigue siendo el país más pobre de la región.
– ¿Cómo ha sido la relación entre Argentina y Haití a través de los años?
La relación es histórica. Haití fue el primer país del mundo que reconoció la independencia de Argentina, un año después de 1816. Y también hay una relación de cooperación antigua, no solamente en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH por sus siglas en francés).
Hay un proyecto emblemático que ahora queremos relanzar que duró más de una década, desde el 2005 hasta principios del 2016, que se llama Pro Huerta. Era un proyecto financiado por el Ministerio de Acción Social, coordinado por la Cancillería y en conjunto con ingenieros agrónomos del INTA, para ayudar a la huerta familiar en Haití. Uno de los problemas estructurales de aquí es la irrigación y la falta de agua en el campo.
– ¿Por qué es importante que Argentina siga manteniendo presencia en Haití?
Es un tema de solidaridad. Es un tema de identidad latinoamericana. En estos días, la Argentina ha decidido el cierre de algunas embajadas y consulados. Haití sigue en pie. Hay bastante por hacer todavía.
En Haití hay 21 embajadas residentes de todo el mundo (en las cuales el embajador vive en el país), y de latinoamérica solo 7. Nosotros somos una y estamos acá desde 1947. Es un poco no dejar a Haití solo con sus problemas. Es un país que nos apoya decisivamente, sin fisuras. Por ejemplo, en el reclamo de soberanía de Malvinas.
– ¿Cuáles son algunos de los otros proyectos que tiene Argentina en el país
Ahora tenemos varios proyectos relacionados con derechos humanos y cooperación deportiva. Acá son muy fanáticos del fútbol, y de dos países: Brasil y Argentina. Casi como que la mitad del país hincha por Brasil, y la otra por Argentina. Entonces ahí pensamos traer algunos entrenadores.
En seguridad, a parte del trabajo con las Naciones Unidas a nivel nacional, la Provincia de Buenos Aires está cooperando con Haití con la Academia de Formación de Policías. Además, hace poco, la ciudad de La Plata firmó un acuerdo de ciudades hermanas con la ciudad de Tabarre. Ahí se están trabajando varios proyectos a nivel municipal en temas urbanos.
– ¿Cómo ve el tema de la migración Haitiana hacia el Cono Sur y Argentina?
La migración haitiana a Argentina es importante en términos relativos. En Argentina se han asentado alrededor de 20-30 mil haitianos. Pero en Chile y en Brasil la migración es mucho mayor.
En agosto, Argentina implementó una medida provisoria para pedirle visa a los inmigrantes haitianos. Hasta hace poco éramos uno de los únicos países de la región y del mundo que no le requería visa a los haitianos, pero debido al incremento migratorio tuvimos que implementar la visa.
– ¿Hay muchos argentinos que vienen a Haití a adoptar?
No son miles, pero si tenemos una o dos parejas o personas que vienen a adoptar cada dos meses. Yo hace poco escribí una nota sobre el tema en la Revista Criterio. Lo que pasa es que en Argentina el proceso de adopción es largo y complicado para los propios argentinos. Entonces muchos argentinos que no pueden tener hijos, o que tienen hijos biológicos y también quieren adoptar, vienen a Haití.
Acá el trámite para adoptar en total te puede llevar dos o tres años, mientras que en Argentina llega a ser el triple. Además, la adopción internacional es una adopción “plena”, lo que significa que es irreversible. En Argentina, al contrario, la adopción es “simple o no plena”, lo que significa que si la madre biológica eventualmente decide reclamar a su hijo o hija, tiene el derecho a hacerlo.
Toda la adopción se hace según la ley Haitiana. El único rol de la embajada es legalizar los documentos de adopción. Luego el juez argentino reconoce todos estos documentos, da fe de que los padres son idóneos y ahí le da al niño el DNI, la nacionalidad.
– ¿Hay lecciones de Haití para Argentina?
Es difícil comparar porque Argentina ya de por sí también tiene un problema estructural de pobreza muy grande. Pero creo que algo que se puede rescatar de Haití es su gente. Con todas las dificultades que tiene este país, los haitianos sobreviven, pelean. Son un pueblo digno. Y eso hace que este país, a pesar de todos sus desafíos, sea un país que atrapa.
Solo el 8% de los niños en instituciones de cuidado logran ser adoptados por una familia, a pesar de que más de 5 mil personas buscan adoptar. Cómo funciona el sistema y cuáles son algunos de los mayores desafíos.
Quiénes pueden ser adoptados. La guía informativa sobre la adopción en Argentina del Ministerio de Justicia de la Nación establece que pueden ser adoptados “las niñas, niños y adolescentes declarados en situación de adoptabilidad, hasta cumplir los 18 años de edad”.
La situación de adoptabilidad de un niño es declarada por un juez cuando:
Sus padres fallecieron o no se conoce quiénes son.
Los padres tomaron la decisión de que sea adoptado.
Las medidas para que vuelva con su familia de origen o ampliada (abuelos, tíos, etc.) no dieron resultado.
Quiénes pueden adoptar. De acuerdo con el Código Civil y Comercial de la Nación lo pueden hacer: un matrimonio, una pareja integrante de una unión convivencial, o una única persona (sin importar su estado civil). Además, desde el 2010, las parejas del mismo sexo también pueden adoptar. Actualmente, hay 5.352 personas o parejas registradas como aspirantes para adoptar.
Cuáles son los requisitos que existen para adoptar. Esencialmente, son tres:
Tener 25 años de edad cumplidos, y por lo menos 16 años más que el adoptado.
Tener ciudadanía argentina o haber residido en el país desde hace por lo menos 5 años.
Estar inscripto en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos.
Cuántos niños buscan ser adoptados en Argentina. Según un relevamiento nacional realizado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y UNICEF en el 2014, en el país hay más de 9.000 niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales. De ellos, el 45% se encuentran en la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires. Esta cifra representa una disminución importante desde el 2011, cuando habían más de 14.000 niños en adopción.
Cuántos niños son adoptados por año. Del total de niños, niñas y adolescentes sin cuidado parental que se encuentran en instituciones de cuidado en el país, solo el 8% egresan de esas instituciones por motivo de adopción. La gran mayoría (67.6%) son revinculadas con su familia, y el 20% se van de estas instituciones luego de cumplir 18 años.
Los mayores desafíos del sistema de adopción
Edad de adopción. De todos las niñas, niños y adolescentes que esperan ser adoptados, el 40% tiene entre 6 y 12 años, y el 36% entre 13 y 17 años. Sin embargo, según indican los últimos datos del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, del total de los postulantes que desean adoptar a nivel nacional, el 90% manifiesta que quisiera adoptar a bebés de 1 año de edad o menos. Este porcentaje baja a lo largo que aumenta la edad. El 34% de los postulantes declaran que adoptarían a niños de 6 años, 13% a niños de 8 años, y solo el 0,8% manifiesta interés en adoptar a adolescentes de 12 años o más.
Niños con discapacidad o enfermedades. Otro de los desafíos del sistema de adopciones tiene que ver con las adopciones de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad o algún tipo de enfermedad. Dentro de los postulantes registrados en el Registro Único de Aspirantes, solo el 17% expresa que aceptaría adoptar a estos niños.
Licencia laboral. La Ley 20.744 de Contratos de Trabajo no contempla dentro del régimen de licencias laborales la situación de padres que adoptan a sus hijos, lo que puede presentar un obstáculo importante para aquellos padres que decidan adoptar.
Según Gustavo Hornos, juez de la Cámara Federal de Casación Penal, es responsabilidad de los tres poderes del Estado ajustar la legislación para que los padres adoptivos tengan los mismos beneficios de licencia que los biológicos, ya que esta relación “supone los mismos derechos y obligaciones afectivas y materiales que emanan de una relación vincular biológica.”
En marzo de este año, el gobierno nacional presentó un proyecto para modificar el régimen de licencias, que incluye extender el derecho a padres adoptivos. Sin embargo, el proyecto (uno de los 61 que busca modificar el régimen de licencias) no llegó a ser ley todavía.
A pesar de no haber un régimen de licencia laboral por adopción a nivel nacional, algunas jurisdicciones contemplan este tipo de licencias para los empleados públicos, según explica Gala Díaz Langou, directora de Protección Social de Cippec.
Plazos de adopción. Otro desafío común del sistema de adopción son los plazos judiciales. A partir del 2014, el nuevo Código Civil fijó plazos máximos para que el proceso de adopción no sea tan largo. Según lo establecido en el artículo 607 de esta legislación, la declaración judicial de la situación de adoptabilidad de una niña, niño o adolescente debe resolverse dentro de los 30 días en caso del fallecimiento de los padres o 90 días luego de que se determine que las medidas excepcionales tomadas por el Estado para que el niño permanezca en su familia no hayan dado resultado. Sin embargo, según expertos consultados, estos plazos no siempre se cumplen.
Del 15 al 29 de septiembre, estaremos viajando a Puerto Príncipe para contar las historias de lucha y resiliencia de la comunidad haitiana, y queremos que nuestra comunidad nos acompañe.
Haití es un país marcado por la lucha. Fue la única nación en el mundo establecida a través de una revolución de esclavos, y la primera en latinoamérica en declarar su independencia, en 1804. La historia de Haití es tumultuosa y compleja, llena de inestabilidad, golpes de estado y militarización, pero también está permeada de una cultura única, fruto de la fusión de su herencia francesa y africana.
En enero de 2010, el país sufrió la peor catástrofe de su historia: un terremoto que causó la muerte de 300 mil personas y dejó a 1 millón y medio de Haitianos sin hogar. Hasta el día de hoy, Haití es considerado el país más pobre del hemisferio oeste.
Pero Haití también es un país resiliente. De a poco, la sociedad haitiana está buscando reconstruir su país. Existe una ciudadanía cada vez más activa, que se moviliza y utiliza su voz para demandar por sus derechos. Los jóvenes y las mujeres son actores claves de este cambio.
Del 15 al 29 de septiembre, RED/ACCIÓN estará viajando a Haití para contar las historias de lucha y resiliencia de la comunidad haitiana, y queremos que nuestra comunidad nos acompañe.
El viaje es parte de “Reportando desde Haití”, una beca para jóvenes periodistas de América Latina que tiene como objetivo acercar la realidad haitiana a los demás países de la región. El programa está organizado por el Instituto Político para la Libertad (IPL) de Perú y la National Endowment for Democracy (NED) de Estados Unidos.
Durante el viaje, nos estaremos reuniendo con organizaciones de la sociedad civil haitiana, en particular con organizaciones de jóvenes y mujeres, para conocer y contar sus historias.
Pero también nos interesa saber los temas relacionados con Haití que le gustaría a nuestra comunidad que exploremos durante nuestro viaje. Por eso, te invitamos a que nos mandes tus ideas, sugerencias o consejos a través del formulario al final de la página.
Si querés seguir nuestro recorrido por Haití día a día, te invitamos a que nos sigas en Instagram: @redaccióncomar y @luciaweihe.
Pollo al mole negro al estilo Oaxaca, goulash de búfalo, polenta ahumada frita, ostras, choripán, helado y tortas son algunos de los platos que se van a poder degustar del 6 al 9 de septiembre en la octava edición de la Feria Masticar.
Desde el 2012, la feria gastronómica organizada por ACELGA (Asociación de Cocineros y Empresarios Ligados a la Gastronomía) reúne puestos de comida, un mercado de productos regionales, clases de cocina, y una variedad de talleres en un predio en el barrio porteño de Colegiales.
Pero este año, también ofrece la oportunidad de reflexionar sobre el futuro de la alimentación y cómo productores, chefs y consumidores podemos contribuir a una industria alimentaria más sustentable y justa. Aquí 4 enseñanzas para explorar durante la feria.
1. Dejar de desperdiciar comida, el mayor desafío
En Argentina se desperdician más de 16 millones de toneladas de comida cada año. Gran mayoría de esta comida se encuentra en buen estado, pero se echa a perder por falta de recursos, tiempo o información.
El desperdicio ocurre en todos los niveles del circuito de producción alimentaria: desde el campo donde se cultivan las verduras, hasta la cocina de los mejores restaurantes y la heladera de cada hogar. ¿Cómo se desperdicia la comida y qué podemos hacer para dejar de tirarla? De eso trata el taller “No tires más comida”, que se llevará a cabo en la feria el jueves 6 de septiembre a las 17 hs.
El rol de los productores Agustín Benito, agrónomo y uno de los dueños de Sueño Verde, una productora de vegetales de la Provincia de Buenos Aires, es uno de los expositores en este panel. En conversación con RED/ACCIÓN, Benito habla sobre los desafíos de minimizar el desperdicio de comida y las distintas técnicas que implementan desde la empresa.
“Cuando tenemos un exceso de producción, porque el clima fue bueno y se produjo más de lo que demandan los clientes, por ejemplo, hay una problemática concreta. Tenemos un producto altamente perecedero pero no hay negocio para cosecharlo porque el costo es muy alto y no hay demanda. Entonces ahí, ¿qué hacemos?”
“La primera prioridad es convertirlo en un alimento humano. Por ejemplo, con albahaca hacemos pesto, y con papas y batatas hacemos chips. La segunda prioridad es transformarlo en alimento animal. Nosotros trabajamos con un criador de chanchos que se lleva la merma de la lechuga que cultivamos. La tercera manera es transformarlo en microenergía o compost, y recién la última opción es la basura”.
Rescatar la comida que se tira En el 2017, los bancos de alimentos del país rescataron más de 9 millones de kilos de comida que, en lugar de terminar en la basura, se sirvieron en 28 millones de platos en 2.500 comedores y hogares de ancianos o niños. Durante el taller también se presentará Nilus, una plataforma que usa la tecnología y modelos de economía colaborativa para rescatar alimentos y llevarlos a los que más los necesitan.
El compost: cómo reciclar comida en el hogar Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), el compostaje tiene el potencial de reciclar hasta 150 kilos de desechos de comida cada año por hogar. Pero para muchos, la falta de información sobre cómo compostar es una de las barreras más grandes para empezar a hacerlo. En un taller a las 19:30 hs del jueves, Santiago Macías (chef de iLatina) y Claudia Nuñez (de la consultora Proyecto Sustentable), buscan contestar a las preguntas: ¿Por dónde empiezo?¿Puedo hacerlo en un balcón? ¿Cómo se hace?
2. Las mujeres y el futuro de la agricultura
Las mujeres rurales tienen un rol clave en la producción de los alimentos del mundo. Representan ¼ de la población mundial y producen más de la mitad de los alimentos que se consumen en el mundo. Sin embargo, a la mayoría no le reconocen sus derechos. Si ellas tuvieran igual acceso que los hombres a la titularidad de tierras, financiación y capacitaciones, “podrían producir entre un 20% y un 30% más de alimentos en el mundo”, según la FAO. Esto equivaldría a una cantidad de alimentos para alimentar 4 veces a la población de Argentina.
Con el fin de sensibilizar sobre el rol de las mujeres en la agricultura familiar, nutricionistas, cocineras y representantes de la Unión de Trabajadores de la Tierra darán un taller a las 18 hs del jueves titulado “Sin mujeres no hay agricultura familiar: ¿Quién cultiva lo que comemos?”
3. La importancia de comer lento
Otro de los ejes importantes de la Feria Masticar de este año será el movimiento “Slow Food”, o comida lenta. Fundado en 1989 en Italia, el movimiento tiene como objetivo “prevenir la desaparición de culturas y tradiciones alimentarias locales, contrarrestar el auge de los ritmos de vida acelerados y combatir el desinterés general sobre los alimentos que se consumen, su procedencia y la forma en la que nuestras decisiones alimentarias afectan el mundo que nos rodea”.
Slow Food tiene representantes en 160 países de todo el mundo, incluyendo Argentina, donde dos de sus principales referentes, Miryam Gorban (nutricionista) y Perla Herro (cocinera), estarán presentes en la Feria Masticar.
Paralelamente, en línea con el objetivo de preservar las tradiciones alimentarias locales, el mercado de la feria contará con una variedad de productos regionales: desde miel de atamisqui de Santiago del Estero y quinoa de Jujuy, hasta azúcar mascabo de Misiones y frutos rojos de Chubut.
4. El dilema del cultivo de salmón en Ushuaia
Existen en el país dos iniciativas que buscan introducir el cultivo de salmón en la provincia de Tierra del Fuego. Una es el proyecto “Innovación Acuicultura Argentina” gestionada por el ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación (ahora Secretaria). La otra es el “Proyecto de Acuicultura Nacional”, un convenio entre el gobierno nacional y el Reino de Noruega.
Aunque el desarrollo de acuicultura de salmones podría significar un importante desarrollo económico para el país, ambientalistas cuestionan el modelo de producción y su potencial impacto en la biodiversidad. Para muchos, el caso de Chile sirve como ejemplo del impacto ambiental que las granjas de salmón podrían tener en la Patagonia.
Un taller de la Feria (viernes a las 17 hs) buscará hablar sobre los mitos y verdades de la producción de salmón en Chile, y las enseñanzas que Argentina debería tomar en cuenta antes de embarcarse en un proyecto similar. En conversación con RED/ACCIÓN, Alex Muñoz, director para América Latina de National Geographic Pristine Seas y uno de los panelistas, adelanta algunos de los puntos principales del taller:
“No es natural que el salmón esté en la Argentina, ya que es un pez del hemisferio norte. Además es carnívoro y muy voraz, y por lo tanto es una especie invasora que puede depredar a las especies nativas”.
“El salmón de cultivo es una alternativa más barata al salmón silvestre, que es el que tiene la calidad y los beneficios que la gente espera. El salmón que se produce en Chile es producido de una manera muy sucia, con muchos colorantes y antibióticos”.
“Argentina tiene la oportunidad de evitar un error histórico. En Chile nosotros no tuvimos esa oportunidad y ahora conocemos los impactos que tuvo esta actividad. Esperamos que los hermanos argentinos puedan prevenir y aprender de la catástrofe de Chile”.
Más información sobre la Feria Masticar:
Fechas: 6-9 de septiembre del 2018
Horarios: Jueves de 14 a 23hs, Viernes-Domingo de 12 a 23hs
Cada martes a la mañana, desde hace 3 años, un grupo de adultos y jóvenes se reúne en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de Villa Palito, también conocida como Barrio Almafuerte. Por una hora y media charlan, bailan, y hacen distintos ejercicios de respiración.
Algunos vienen porque les gusta bailar; otros, porque les gusta la compañía. Pero la mayoría también viene por otro motivo: para tratar su salud mental.
“A través de la danza, el movimiento, el arte, se reduce significativamente la necesidad de una medicación psiquiátrica”, dice Carolina Wajnerman, la psicóloga que lidera el taller de Movimiento, Danza y Respiración. “Hay personas que a partir de las actividades empiezan a recuperar la vitalidad, la salud, y eso repercute en otros planos”.
Wajnerman es una de las profesionales que forman parte del equipo de salud mental del CIC de Villa Palito creado en el 2015. El equipo, conformado por psicopedagogas, psicólogas y psiquiatras, tiene como objetivo implementar y promover en el barrio un sistema de salud mental comunitaria, junto con el apoyo de los mismos vecinos y organizaciones barriales.
“Por un lado, ofrecemos atención clínica para todas las edades, para vecinos que sufran ataques de pánico o depresión”, explica Wajnerman. “Pero por otro lado, tenemos distintos talleres y dispositivos para trabajar la salud mental de una manera más integral y para derribar los mitos y prejuicios que existen sobre esta”.
El modelo de salud mental que en los últimos años se instaló en Villa Palito es similar al de Río Negro, donde un movimiento liderado por médicos, psicólogos, y otros profesionales desde hace casi 3 décadas cambió el paradigma de la salud mental en la provincia, convirtiéndola en un modelo mundial por su programa de salud mental comunitaria.
Al igual que el el Centro Cultural Camino Abierto en Bariloche, el CIC de Villa Palito ofrece una variedad de talleres semanales con el fin de fomentar un tratamiento más integral de la salud mental. Estos incluyen actividades como gimnasia, cine comunitario, arteterapia, y una orquesta infanto-juvenil. En total, los talleres reúnen a alrededor de 100 vecinos cada semana. La mayoría son mujeres o jóvenes.
A sus 12 años, Priscila participa del taller de Arte, Cultura y Transformación (ARCUTRA), donde junto a otros adolescentes está preparando una obra de teatro en la que hablan sobre cuestiones de género y distintos estereotipos sociales. “Me gusta estar afuera haciendo algo”, cuenta tímidamente.
Al mismo tiempo, a través de estos talleres, el equipo de profesionales busca borrar la división doctor-paciente que predomina en el modelo de salud mental tradicional.
“Estos talleres permiten tener un acercamiento a la comunidad desde otra mirada. La comunidad nos conoce a raíz de las diferentes actividades que realizamos, donde la salud mental no es pensada desde la lógica salud-enfermedad”, dice Cynthia Rivero, otra de las psicólogas del equipo.
Con sus 10.000 habitantes, Villa Palito es uno de los barrios populares más grandes de La Matanza, en el conurbano bonaerense. En las últimas dos décadas, gracias al trabajo de los vecinos, logró convertirse en un modelo de integración socio-urbana: se construyeron casas, asfalto, y redes cloacales. Pero al mismo tiempo se crearon distintas instituciones que permitieran una integración socio-urbana completa de la villa. Una de estas fue el equipo de salud mental del CIC.
“La salud mental es una aspecto de la salud que afecta a otras dimensiones de la vida, está ligada al trabajo, a la educación, a la vivienda”, dice Wajnerman. “Lo que hacemos con estos talleres es tratar de transmitir una idea: que vos mismo podes crear tu realidad”.
Según los últimos datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, el malestar psicológico se duplica entre los adultos que viven bajo la línea de pobreza cuando se los compara con la población considerada “no pobre”. Los indicadores de pobreza infantil también son alarmantes. En Argentina, a casi la mitad de los niños más vulnerables nunca les contaron un cuento, y más de la mitad no tienen libros infantiles en su casa.
“Ser indigente o pobre tiene un alto costo psicológico”, dice Agustín Salvia, director de Investigación del Observatorio, agregando que tener asistencia psicológica es más importante para las comunidades vulnerables, pero generalmente es visto como un lujo en materia de salud pública.
Es por esto que, para el equipo de salud mental de Villa Palito, es importante poder trabajar estos aspectos “invisibles” de la pobreza, para poder lograr un desarrollo integral de la comunidad.
“La fragmentación social es un desafío en estos barrios. Hay mucho encierro y aislamiento en relación a otros ámbitos de la sociedad. Pero también existen lazos muy fuertes dentro de la comunidad. El desafío es reconocerlos y fortalecerlos,” dice Mariana Soccodato, psicología comunitaria parte del equipo de Envión, un proyecto de la Provincia de Buenos Aires enfocado en promover los derechos de los chicos entre 12 y 21 años.
La ley nacional
Desde 2010, Argentina cuenta con una ley de salud mental que demanda el cierre de los manicomios, la creación de dispositivos alternativos y la ejecución de un censo nacional de personas internadas en psiquiátricos. Hasta ahora, la implementación de la ley fue casi nula, pero algunas provincias y municipios, como La Matanza, están de a poco avanzando para cambiar el paradigma de salud mental a nivel local.
En el 2014, junto con el apoyo del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la Secretaría de Salud de La Matanza lanzó una red de Servicios Integrados de Salud Mental y Adicciones que cuenta con centros de atención en más de 10 localidades. Actualmente, el área de el municipio también está realizando diferentes capacitaciones de salud mental comunitaria para profesionales de las distintas localidades.
Para el equipo de salud mental de Villa Palito, una de las claves para que otros barrios y municipalidades puedan establecer un sistema de salud mental comunitario e integral es el trabajo entrelazado entre el municipio y la comunidad del barrio.
“Uno de los logros de Palito fue incorporar vecinos al equipo de salud mental, para que puedan capacitarse, que puedan trabajar en el territorio día a día”, dice Soccodato. “En todas las comunidades existen redes que tienen el objetivo de ayudar y asistir en solidaridad. Es cuestión de crear equipos comunitarios. Solo así puede ser una iniciativa sustentable”.
Qué pasó: El 1 de marzo de este año, en el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el Presidente Mauricio Macri anunció un proyecto de ley para extender la licencia de paternidad en el país. “En un mundo de iguales, tampoco hay razón para que los padres compartamos tan solo 2 días en el momento del nacimiento de nuestros hijos. Sabemos lo importante que es estar en familia en esos primeros días”, dijo. Sin embargo, más de 5 meses luego del anuncio la licencia sigue siendo la misma.
Cuál es la situación: Las licencias por paternidad en Argentina varían según el sector y la provincia. Según lo establecido en la ley nacional, la licencia por paternidad para empleados del sector privado es de 2 días corridos, una de las más cortas de toda América Latina. En comparación, la licencia de maternidad en el sector privado es de 90 días. Estas licencias se han mantenido sin cambio desde la promulgación de la Ley 20.744 de Contratos de Trabajo en 1974.
Para empleados públicos provinciales, la licencia de paternidad es generalmente mayor, pero depende de cada jurisdicción. Los empleados públicos de La Rioja son quienes tienen la más extensa, de 30 días. Al mismo tiempo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está impulsando una reforma para garantizar hasta 45 días de licencia para los empleados públicos porteños. La reforma también permitiría que la madre transfiera días de licencia al padre.
Por qué es importante: Según el Foro Económico Mundial, la interacción de un bebé con su padre y su madre en la primera infancia es igual de importante que la nutrición, la atención sanitaria, la protección y el aprendizaje temprano. Un informe de UNICEF establece que los bebés que cuentan con el cuidado de su madre y de su padre durante sus primeras semanas de vida tienen un mejor desarrollo. En paralelo, organizaciones como Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) y ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género), defienden la importancia de reducir las desigualdades de género en el cuidado de los niños y trabajo de hogar.
“El sesgo maternalista de las licencias genera una distribución de funciones dentro del hogar que tiene una implicancia concreta en la participación de las mujeres en el trabajo y amplía la brecha de género”, dice Gala Díaz Langou, directora de Protección Social de Cippec.
Tres claves para una reforma integral: Desde Cippec sostienen que una reforma integral del régimen de licencias debería:
Incluir a todas las familias, independientemente de su categoría laboral.
Ser una reforma co-parental, extendiendo proporcionalmente la licencia por paternidad y creando licencias familiares.
Permitir la adaptación a distintos formatos de familia, ya sea una familia nuclear (papá, mamá e hijos), o familias monoparentales u homoparentales, con padres biológicos y adoptivos.
Cuáles son los proyectos de ley que existen: Según un relevamiento de Cippec, actualmente existen 61 proyectos de ley que buscan modificar el régimen de licencias en el Congreso de la Nación. Estos proyectos fueron presentados en ambas cámaras del Congreso e incluyen 23 propuestas que buscan extender la licencia por paternidad. Además, hay iniciativas para ampliar la licencia por paternidad para casos de adopción y por hijos con discapacidad. Entre estos proyectos se encuentra el impulsado por el poder ejecutivo en marzo de este año.
Por qué no se avanza: “El tema de licencia se viene tratando de modificar desde el retorno a la democracia. Hay un consenso transversal en todo el esquema político de que se tiene que cambiar. Los proyectos de ley fueron presentados por todos los bloques, pero hasta ahora la reforma se vio trabada”, dice Díaz Langou.
Un compromiso pendiente: En el acuerdo pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en junio de este año, dentro de sus compromisos de equidad de género, el gobierno nacional se compromete a “Continuar implementando nuestros proyectos e iniciativas en acciones para promover igual paga y un sistema más equitativo de licencias de paternidad y maternidad (ambos en nuestra Propuesta de Ley de Equidad de Género, enviado al Congreso este año)”.
Qué significa: Se espera que este compromiso signifique que finalmente se pueda aprobar una modificación al sistema de licencias. Sin embargo, enfatizan que el proyecto todavía está en manos del presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, Sergio Raúl Ziliotto, que debe convocar una reunión de diputados para que se trate.
Qué pasó. En Argentina se celebra el Día Nacional de la Solidaridad cada 26 de agosto en conmemoración del nacimiento de la Madre Teresa de Calcuta, quien recibió el Nobel de la Paz en 1979. Fue declarado en 1989 a través del decreto presidencial 982 para “promover la responsabilidad social, la solidaridad y la participación”.
Por qué importa. El último informe de las Naciones Unidas sobre el voluntariado indica que la actividad ha tomado una nueva relevancia dada la creciente inestabilidad política en muchos países, los incidentes relacionados con el cambio climático y los desastres naturales, las crisis migratorias, y la creciente desigualdad económica. La ONU destaca la importancia del voluntariado a nivel local para que cada comunidad pueda establecer sus propias prioridades y así generar una comunidad más resiliente.
Cuántos voluntarios hay. Según las Naciones Unidas, más de mil millones de personas hacen voluntariado alrededor del mundo. De estas, un equivalente a 109 millones de personas hacen voluntariado como trabajo de tiempo completo. En Argentina se estima que hay casi medio millón de voluntarios, de los cuales el 64% son mujeres.
Cómo sumarse. Existen varias opciones para sumarse a la movida solidaria en Argentina, ya sea solamente en el Día de la Solidaridad o alrededor de todo el año.
Red Solidaria: En sus redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram), Red Solidaria constantemente comparte nuevas oportunidades de voluntariado y ayuda.
Quiero Ayudar: Un grupo de jóvenes de variadas profesiones con vocación solidaria crearon el sitio QuieroAyudar.org, el cual busca conectar personas que están dispuestas a ayudar con aquellos que realmente lo necesitan. A través de un mapa interactivo, los usuarios pueden encontrar lugares en donde pueden ser voluntarios por ubicación y tipo de temática (comedores, educación, indigencia, etc.). Además, pueden buscar lugares donde donar distintos tipos de artículos, desde alimentos y ropa hasta muebles y útiles escolares. Las ONG interesadas también pueden llenar un formulario para ser incluídas en el mapa.
Las aplicaciones de delivery coparon las calles de Buenos Aires y ganaron miles de clientes en pocos meses. Los repartidores encuentran en ellas una salida laboral rápida, pero también denuncian condiciones laborales precarias y algunos hasta hablan de servidumbre moderna. Cómo es su modelo de negocios.
Es miércoles por la tarde en Buenos Aires y a pesar del frío y el viento de invierno, una plaza del barrio de Belgrano se va copando poco a poco de personas. Los primeros en llegar son Roger, Julio y Eduardo. Es fácil identificarlos. Los tres llevan puestas camperas de un color naranja chillón, combinadas con gorras y mochilas de delivery del mismo color. Hoy ya se reconoce como el uniforme de Rappi, una de las apps de entrega a domicilio más populares. Sentados en un banco frente a un restaurante de hamburguesas, los tres charlan, fuman y esperan.
“Estoy así desde el mediodía”, dice Julio mientras chequea su celular. “Hasta ahora solo tuve un pedido por el que gané $40. Debe ser que la gente no está pidiendo tanto después del fin de semana largo”.
Eduardo también se lamenta. El domingo anterior estuvo hasta las 3 de la mañana esperando pedidos. Solo tuvo dos y se fue a casa a dormir habiendo ganado $130 en todo el día.
“Es demasiado desgaste estar esperando afuera todo el día con este frío. A veces, ni te dejan entrar al negocio cuando llueve”, cuenta Julio. “A nosotros nos gusta trabajar, lo necesitamos. Pero de a poco sentimos que están usando la tecnología en contra nuestra. Por distintos factores de precariedad laboral, sentimos que es un sistema que avala la esclavitud moderna”.
Cómo es el modelo de negocios
Roger, Julio y Eduardo son algunos de los miles de repartidores que aparecieron por las calles de Buenos Aires en los últimos meses. Una gran mayoría son venezolanos que llegaron recientemente al país y trabajan desde el mediodía hasta pasada la medianoche. Viajan en en bici o en moto, y reparten de todo: desde sushi y hamburguesas, hasta cigarrillos, compras de supermercado, o incluso, las llaves que un cliente tiene que hacer llegar a su mamá.
Los que van con mochila amarilla son repartidores de Glovo, una aplicación de delivery española que llegó al país a principio de año. Pero la mayoría, como Roger, Julio y Eduardo, son “rappitenderos”, mensajeros de la startup colombiana Rappi, que desembarcó en Argentina en marzo y cuenta con más de US$180 millones de inversión de algunos de los fondos más grandes de Silicon Valley.
El modelo de negocios de estas empresas es similar al de Uber. A través de sus apps, los clientes piden productos que son llevados a su casa por rappitenderos. Al completar el pedido, el repartidor gana el costo de envío, que dependiendo de la distancia y tipo de pedido varía entre $40 y $60, más la propina que decida dejar el cliente, que es opcional. Por otro lado, Rappi le cobra al negocio asociado una comisión de entre el 20% y 25% del monto de cada pedido realizado.
“Vos como consumidor le pagás a Rappi y ellos, quincenalmente, nos liquidan las cobranzas de los pedidos que hicieron, descuentan su comisión y nos hacen una factura con ese monto”, cuenta el dueño de uno de los restaurantes asociados a Rappi. “Nos conviene porque nos aumenta mucho la demanda y al mismo tiempo no nos tenemos que hacer cargo del costo de distribución”.
Mientras tanto, a los rappitenderos se les deposita en su cuenta bancaria sus ganancias cada dos o tres semanas (dependiendo de la demora del depósito). En el caso de que el repartidor no cuente con una cuenta bancaria, se le otorga un “saldo a favor” en la aplicación, que puede luego cobrar con los pedidos que se paguen en efectivo.
En las capacitaciones de rappitenderos, los representantes de la empresa indican que en Argentina se realizan más de 50.000 pedidos mensuales a través de la aplicación. En una entrevista con Infobae, Matías Cosoy, general manager de la empresa, indica que hay más de 2.000 repartidores capacitados (sin embargo, en la aplicación para rappitenderos, el número de identificación de repartidores ya supera los 8.300).
Pero a pesar del crecimiento exponencial de estas empresas en los últimos meses, sus operaciones han hecho surgir una problemática común para este tipo de apps alrededor del mundo: ¿cuál es la verdadera relación con sus trabajadores?
Desde las empresas como Rappi, se establece que los repartidores no son empleados sino trabajadores independientes o “microempresarios” que trabajan sin jefe ni horario fijo.
Sin embargo, esta es una afirmación que disputan cientos de rappitenderos, que a mediados de julio se organizaron para hacer la primera huelga de trabajadores de apps del país.
“Te dicen que son un punto de encuentro entre repartidores y clientes, pero es todo mentira. Es cierto que usas tu propio medio de transporte, tus datos, tu celular, pero no pones ni tus precios ni tus condiciones”, dice Roger Rojas, uno de los repartidores de Rappi que demanda mejores condiciones laborales.
Según Enrique Stile y Yamila Lombardo, abogados laborales del estudio Marval, O’Farrell & Mairal, la falta de regulación del empleo en plataformas digitales dificulta determinar la relación entre estas apps y los repartidores. Sin embargo, enfatizan que la manera en la que se presta servicios para plataformas como Uber y Rappi se corresponden más con una relación de dependencia laboral.
“Si la aplicación no establece los precios ni la modalidad, si no establece ninguna condición en la prestación de servicio, eso se puede considerar un trabajo independiente. Pero si fijan un valor, como es en el caso de Uber y Rappi, ahí ya el riesgo es alto”, indican los abogados.
RED/ACCIÓN se comunicó con Rappi, pero la empresa indicó que “no estamos dando declaraciones por el momento”.
Rappitenderos unidos
Los rappitenderos organizados por la causa tienen grupos de WhatsApp a través de los cuales discuten diversos problemas, y hasta crearon cuentas de Twitter y Facebook donde reportan irregularidades con la aplicación.
Una de sus demandas principales es la falta de transparencia en el sistema de asignación de pedidos. Según la mayoría de los repartidores consultados por RED/ACCIÓN, la aplicación de Rappi asigna los pedidos de distancias más cortas a repartidores nuevos en la plataforma, mientras que los más antiguos cada vez reciben menos pedidos o pedidos de mayor distancia al mismo precio.
“Cuando empecé hace un mes con Rappi, mi primer día gané $500. Estaba súper contento, porque calculaba que con eso en un mes podía ganar $15.000, que es más que el salario mínimo del país. Además, viniendo de Venezuela era una opción laboral fácil, porque solo te piden la residencia precaria”, cuenta Eduardo. “Pero después empecé a notar que me llegaban menos pedidos, o que me mandaban muy lejos. Un día por un pedido tuve que hacer 9 kilómetros en bici, desde Congreso de Tucumán hasta Corrientes”, dice, y explica que la precaria es un certificado de residencia provisorio para extranjeros mientras esperan uno permanente.
Otra de las preocupaciones tiene que ver con el sistema de sanción. Una vez aceptado un pedido, los repartidores tienen la opción de “liberarlo” en caso de que hayan tenido algún inconveniente, como un problema con la bicicleta, o que la distancia del pedido sea mayor de la que pensaban. Sin embargo, al liberar un pedido se les bloquea el uso de la aplicación por una hora. En caso de liberar dos pedidos, se los puede inhabilitar por varios días.
“Hay veces en que la aplicación de Rappi te dice que el pedido es a 2 kilómetros, pero después cuando pones la dirección en el navegador, es mucho más lejos”, dice Roger. “Si pides liberar el pedido, te bloquean y no puedes seguir trabajando. De alguna manera te están obligando a tomar un pedido que no quieres o no puedes”.
La falta de cobertura de riesgo laboral es otra de las preocupaciones de los repartidores. Al ser considerados trabajadores independientes, la empresa no se responsabiliza en el caso de accidentes o robos. Según los rappitenderos consultados, la respuesta de Rappi cuando ocurren accidentes en la vía pública es “desearles una pronta recuperación”, y luego asegurarse de que el pedido llegue a manos del cliente.
Este es un mensaje de voz que uno de los rappitenderos mandó al grupo de WhatsApp de repartidores luego de haber chocado contra un auto mientras hacía un pedido:
El rol del Estado
Para Roger Rojas, la intervención del Estado es fundamental para regularizar la situación laboral no solo de los rappitenderos sino también de todos los trabajadores de aplicaciones similares.
“Al final, Rappi, Glovo, Uber, Cabify, son todos iguales. Todos los trabajadores nos estamos organizando. Necesitamos que el Estado se pronuncie, es la precarización al 100%”.
Según fuentes consultadas del Ministerio de Trabajo de la Nación, a raíz del crecimiento de las aplicaciones digitales en el país, el Gobierno planea lanzar un observatorio de economía colaborativa en los próximos meses. Entre otras cuestiones, buscaría analizar la relación laboral entre empresas digitales como Rappi y Glovo y los repartidores.
Desde Marval, O’Farrell & Mairal, indican que la intervención del Estado y la adaptación de las leyes laborales es un paso necesario para regular la situación laboral de los trabajadores de apps, pero uno que llevará tiempo.
“El tema laboral en estas plataformas digitales es un problema en todo el mundo. La economía colaborativa está directamente atada con la evolución tecnológica y con la demanda de la gente, es algo que no se puede evitar. Pero es necesaria su reglamentación”, dice Stile. “Hay algunos países o ciudades que encontraron una solución intermedia, como Londres, donde este tipo de trabajadores encuadran en una categoría que ofrece algunas protecciones. Pero el problema es que la ley siempre está un paso atrás de los avances tecnológicos”.
Especialistas estiman que hay 168.000 niños, niñas y adolescentes sin documento en Argentina. El 40% de ellos vive en la Provincia de Buenos Aires. En qué consiste el plan integral del gobierno bonaerense que busca sacar a estos chicos de la sombra.
“Mami, para el Día del Niño, ¿no me regalás mi documento?”
El pedido tomó por sorpresa a Gisela Gauto, madre de Melody. Su hija de 8 años generalmente le pedía muñecas o juguetes. Pero este año, quiso algo distinto.
Melody nunca tuvo un DNI (Documento Nacional de Identidad). A su temprana edad, sabe lo que es ser “invisible” para el Estado. No puede vacunarse en el hospital, todos los años tiene dificultades para que la inscriban en el colegio, y no puede anotarse en el club del barrio a jugar al hockey.
“Yo quiero trabajar cuando sea grande, quiero jugar al hockey como todas mis amigas”, cuenta sentada sobre las rodillas de su padre, Marcelo Muñoz.
Cuando Melody tenía apenas 2 años, un incendio en la casa en la que vivía con sus padres y hermano mayor en Ituzaingó, en el Gran Buenos Aires, provocó la pérdida de casi todas las pertenencias de la familia.
“Se nos quemó todo, perdimos los pocos papeles que teníamos, incluyendo la constancia de parto de Melody. Desde entonces, por una razón u otra, incluyendo el costo y el tiempo, nunca le pudimos hacer el DNI”, cuenta Marcelo.
Pero hoy, en una mañana fría de invierno, en una escuela en el partido bonaerense de Merlo, Melody apenas puede contener su ansiedad. Gracias a un operativo del gobierno de la Provincia de Buenos Aires que busca encontrar a niñas y niños como Melody, inscribirlos, y darles un DNI, hoy Melody recibe su regalo: su identidad.
Un problema que afecta a los más vulnerables
Melody es una de las cientas de miles de niñas, niños y adolescentes en todo el país que se estima no tiene un documento nacional de identidad. Son miles de niños que no pueden acceder a derechos como la salud y la educación por no contar con un documento.
“El derecho a la identidad es el derecho principal con el que cuenta un ser humano para ser considerado ciudadano”, dice Jorge Álvarez, director del Instituto Abierto para el Desarrollo y Estudio de las Políticas Públicas (Iadepp), una asociación civil que trabaja en temas de acceso a la identidad.
El informe establece que una de las razones por las cuales la población de niños “NN” (ningún nombre) se concentra en el GBA es la fuerte correlación entre la pobreza y la falta de documentación. De hecho, los niños y niñas que viven en villas o asentamientos informales tienen el doble de probabilidad de no tener DNI que sus pares en áreas más urbanizadas.
“Hacer el DNI es muy caro. A veces no tenemos ni 10 centavos para comer. Cuando tenemos algo de plata, la prioridad no es sacar el documento, sino comprar comida”, dice Nicole Reinaga, mamá de tres niños indocumentados.
También existen otras razones, como la desvinculación familiar, la falta de información, y la migración interna, explica Santiago José Molina Pico, Director de Documentación del Registro Provincial de las Personas de la Provincia de Buenos Aires.
Una encuesta realizada por el Registro Provincial indica que solo el 11% de los mayores que en este último año acompañaron a niños indocumentados a tramitar su documento contaban con una educación secundaria completa, y menos del 50% contaba con trabajo en blanco.
“Nos piden el DNI para todo, para anotarlos en el jardín, subir al colectivo. Quiero estar tranquila”, dice Florencia Reinaga.
Al mismo tiempo, según expertos, la falta de un DNI impide el acceso a otros derechos, perpetuando así el ciclo de pobreza y vulneración de derechos.
“Sin el DNI, no aceptan a mis hijas en la escuela secundaria. Y si vamos al hospital no las quieren atender”, cuenta Marisa Vázquez, mamá de Roxana, Alma, Fiorella y Melanie. Las cuatro están indocumentadas. “Para recibir la Asignación Universal por Hijo necesito que tengan su libreta de salud y certificado de escuela. Pero sin el DNI, ¿cómo puedo conseguir eso?”
El informe de la UCA y Iadepp, refuerza lo que cuentan las familias y los funcionarios: no tener un DNI impacta negativamente en una variedad de derechos, como la educación, la salud, la seguridad social, los derechos laborales, los derechos civiles, y el derecho al libre movimiento, entre otros.
“El derecho a la identidad es el derecho más importante que tiene la persona luego del derecho a la vida, es una puerta de acceso a otros derechos”, dice Pilar Molina, de la Secretaría del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia.
Un plan integral
En vista de este problema, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires lanzó en septiembre de 2017 el programa Garantizar tu Identidad, para inscribir y entregar el DNI a los más de 50.000 niños y niñas que nacieron en la provincia pero que no tienen documento.
“Es una deuda del estado provincial que se venía demorando ponerla como prioridad”, dice José Etchart, Director Provincial del Registro de las Personas. “En la provincia existe un plan de documentación desde 2009, pero lo que estamos haciendo con Garantizar tu Identidad es poner el foco de nuevo en el tema, y cambiar de una visión estática del registro civil, a una en la que salimos a buscar a las personas, hacemos operativos y trabajamos en red para encontrar a todos los indocumentados”.
Esta red de trabajo cuenta con actores municipales y de distintas áreas del gobierno de la provincia, como salud, educación y niñez. Además, desde el miércoles pasado, esta red también cuenta con 250 referentes sociales en los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires, que actúan como nexo entre las familias y los distintos organismos municipales y provinciales. En conjunto, identifican a niños indocumentados y los acompañan a los distintos dispositivos para inscribirse y obtener su DNI.
“Nosotros vamos escuela por escuela pidiendo las planillas de inscripción, e identificando a los chicos que no tienen documento. De ahí, llamamos a las familias o nos acercamos a sus casas, y les explicamos cómo hacer para obtener el documento”, cuenta Ileana Andreoni, que trabaja para el municipio de Merlo. “Trato de acompañar a las familias en todo el proceso, porque sino no lo hacen”.
Los operativos son una herramienta clave para acercarse a los barrios donde más indocumentados hay.
Garantizar tu Identidad cuenta con tres mecanismos distintos para inscribir a niños y adolescentes indocumentados y otorgarles el documento.
El primero tiene como enfoque evitar que más niños terminen indocumentados luego de nacer. Con ese objetivo, desde septiembre de 2017, los hospitales bonaerenses remiten las constancias de parto directamente al registro civil, dentro de las 48 horas del nacimiento. En los casos en los que los padres no asisten al registro civil indicado por el hospital a tramitar la partida de nacimiento, lo puede hacer directamente el Registro pasados los 40 días del nacimiento.
Asimismo, para facilitar la accesibilidad de los padres al registro civil, se abrieron 134 nuevas oficinas presenciales del registro en los hospitales nacionales, provinciales y municipales de la provincia.
Paralelamente, para lograr la inscripción e identificación de los niños ya nacidos, el gobierno puso en marcha una serie de operativos en distintos municipios de la provincia, en los cuales se instala una mesa de tramitación en escuelas locales para que los niños sin documento puedan tramitar su DNI allí de manera gratuita.
“El acercar el servicio del registro civil a donde viven las personas que más lo necesitan es muy importante. Al 30% de las personas que viven en barrios vulnerables no les llegaba el DNI por ser barrio peligroso, o por no tener la dirección correcta”, sostiene Molina Pico.
Hasta julio de 2018, se realizaron operativos en 17 municipios (identificados como los más críticos), en los cuales se otorgaron más de 8.116 documentos y 1.055 inscripciones a la Asignación Universal por Hijo.
Por último, el programa busca facilitar la inscripción de niños mayores de 13 años sin documento, que hasta ahora debían solicitarla por su cuenta a través de la vía judicial. Ahora, es el mismo Registro Provincial de las Personas que, luego de identificar a estos adolescentes, conformará un legajo con los datos de cada uno para iniciar y presentar la demanda ante la Justicia.
Es en uno de los operativos de la provincia que se encuentra Melody junto a sus padres, Nicole con su hermana Florencia, y Marisa con sus cuatro hijas. Llegaron todos temprano, antes de las 9 de la mañana, e hicieron fila en el frío. Algunos vinieron en colectivo, otros caminando.
Se enteraron del operativo a través de un familiar, de una cartelera en la escuela, en Facebook. En una esquina, las hijas adolescentes de Marisa se sacan selfies con sus celulares. En la otra, Melody espera pacientemente sobre la rodilla de su papá. Hacia atrás del salón, Nicole amamanta a su hijo más chico, de un año.
“Es la primera vez que se van a sacar una foto para el documento, que van a firmar. ¡Se maquillaron todas!”, dice Marisa con una sonrisa.
Hasta el día de hoy, estos niños y niñas no se conocían entre sí. Hasta el día de hoy, el Estado tampoco sabía de su existencia. Pero a todos los juntó la misma esperanza: obtener su identidad.
Con sus 10.000 habitantes, es uno de los barrios populares más grandes de La Matanza, en el conurbano bonaerense. En las últimas dos décadas, gracias al trabajo de los vecinos, logró convertirse en un modelo de integración socio-urbana que superó los intereses políticos.
Juan Enriquez creció caminando las calles de Villa Palito. De chico, junto a sus seis hermanos, repartían las facturas y empanadas que hacía todas las mañanas su mamá. Era la década del 70. Con el pasar de los años, a la comida se le sumaron diarios, y entre bandejas de bolitas de fraile y pilas de papel impreso, Juan fue conociendo cada pasillo de la villa, cada casa, cada vecino.
En 1995 sucedió algo que cambiaría no solo el destino de su familia sino también el de toda la villa. Juan tenía 27 años. Vivía junto a su mujer y dos hijos en una casa de 24 metros cuadrados. Volvió después de una de sus recorridas y encontró a su hijo de 4 años en la cama, empapado en lágrimas y sudor. Mientras jugaba, se le había caído una olla de agua caliente en la espalda.
“Aunque había crecido en la villa, hasta ese día nunca había sido consciente de lo que significaba. Fue ahí cuando dije: ‘yo no puedo vivir más así’”, recuerda Juan.
En los siguientes años, fue entendiendo que su deseo de tener una vivienda digna no era una preocupación individual sino una compartida por el resto de las 1.500 familias del barrio. Fue así como, de a poco, los vecinos empezaron a organizar asambleas y a hablar de un objetivo compartido: la urbanización.
Hoy, dos décadas después del accidente, Villa Palito es considerada un modelo del proceso de urbanización de villas en el país. Y Juan en un factor fundamental de ese cambio. Gracias a su trabajo junto a otros vecinos y al apoyo de diversos actores como el estado y la iglesia, hoy “La Palito” dejó de ser villa para convertirse en barrio.
“Queremos que se conozca nuestra historia para que en otros barrios también lo puedan lograr”, cuenta ahora Juan a RED/ACCIÓN desde su oficina, ya no como repartidor de pastelitos, sino como Coordinador General de la Unidad Ejecutora de Villas y Asentamientos de La Matanza.
Juan Enriquez creció en Villa Palito y lideró el proceso de urbanización del barrio.
Villa Palito (ahora también conocida como Barrio Almafuerte) ocupa un predio de 40 hectáreas en la localidad de San Justo, La Matanza, y cuenta con más de 10.000 habitantes. Caminando por sus calles, es difícil imaginar el barrio en el que creció Juan.
En las últimas dos décadas, las construcciones de barro y chapa fueron reemplazadas por más de 1.300 casas coloridas y de ladrillo. Quedan pocos pasillos de tierra, principalmente ubicados en el “casco histórico” del barrio. Los demás fueron sustituidos por calles asfaltadas y veredas. Debajo del asfalto se construyeron redes cloacales y de agua potable; y por encima, tendido eléctrico seguro que llega a todo el barrio.
“El proceso no fue fácil. Fue un trabajo interdisciplinario, lento. Pero al día de hoy logramos urbanizar a más del 90% de la villa”, cuenta Juan.
Más allá de la vivienda
Además de las mejoras en la infraestructura, el proceso de urbanización también contempló la creación de instituciones que permitieran una integración socio-urbana completa de la villa. Hoy en día, el barrio cuenta con dos jardines de infantes, una escuela primaria y secundaria, una orquesta para niños, y un centro de formación profesional donde se ofrecen cursos de soldadura, carpintería, y panadería, entre otros. Según referentes del barrio, más del 70% de los adultos de Villa Palito terminaron el secundario.
Asimismo, existen diversos servicios de contención, como un centro asistencial para personas en situación de calle, un centro para jóvenes con adicción, un centro para víctimas de violencia de género, y un Centro Integrador Comunitario (CIC) que cuenta con un área de cultura y otra de salud, en la cual trabajan médicos clínicos, pediatras, cardiólogos y hasta expertos en salud mental comunitaria.
“Urbanizar no es sólo construir casas nuevas. Es trabajar solidariamente entre todo el barrio para que la gente pueda crecer y estudiar. Es cambiar toda una cultura para poder mejorar la calidad de vida en una manera integral”, dice Gladys Enríquez, coordinadora del CIC.
Gladys coordina las actividades del CIC, que incluyen talleres de cine, música y danza.
Para lograr este cambio cultural, los vecinos recurrieron a dos instituciones arraigadas en la tradición e historia del barrio: el fútbol y la Iglesia.
“El fútbol siempre fue un punto de encuentro para todos los pibes de la villa”, dice Teodoro García, un vecino que creció jugando en canchas de barro.
Es por esto que el plan de urbanización del barrio también incluyó la construcción de dos clubes de fútbol, a los que hoy en día asisten más de 100 chicos para entrenar y tomar la merienda.
“Los clubes son un centro de contención muy grande. Un chico que está acá jugando y tomando la merienda es un chico menos que está en la calle drogándose”, explica Teodoro, que ahora preside uno de los clubes. “Así como teníamos el sueño de tener una casa, también teníamos el sueño de tener un club. Vivir en Villa Palito es conocer el sueño realizado”.
Mientras tanto, la presencia de la Iglesia y el trabajo de referentes barriales como el Padre Bachi ayudaron a fomentar la idea de unidad barrial y de un proyecto conjunto.
“La urbanización es muy parecida a la religión. Hay que transmitir una creencia, convencer a los vecinos que van a poder ver algo que nunca pensaron sería posible: tener una vivienda digna, un futuro mejor”, dice Juan.
“Así como teníamos el sueño de tener una casa, también teníamos el sueño de tener un club. Vivir en Villa Palito es conocer el sueño realizado” – Teodoro García
Un proyecto liderado por vecinos
Uno de los factores centrales que llevaron a Villa Palito a ser una experiencia modelo de urbanización fue el liderazgo de sus vecinos a lo largo de todo el proceso y su trabajo articulado con diversos actores.
Fueron los mismos vecinos que comenzaron el proyecto de urbanización en 1999, cuando luego de varias asambleas y con el apoyo de un maestro mayor de obras de la villa lograron diseñar el primer plano del barrio.
“Ahí empezamos a marcar los terrenos y a hacer un censo junto al municipio para saber cuántas familias vivían en la villa y cuántas viviendas nuevas teníamos que planificar”, cuenta Juan.
En base a esta primera planificación, los vecinos formaron una cooperativa de trabajo y empezaron a construir las primeras 10 casas del barrio, donadas por el municipio de La Matanza. En los años que siguieron, al apoyo municipal se le sumaron el apoyo del Estado (nacional y provincial) a través del Programa Federal de Emergencia Habitacional, y del Banco Interamericano de Desarrollo con su Programa de Mejoramiento de Barrios.
“La forma en la que los vecinos articularon con los distintos actores fue muy importante. El Estado no se acercó a nosotros con su propio plan, sino fuimos nosotros los que presentamos lo que queríamos hacer”, dice Juan, quien terminó conformando el equipo de la Unidad Ejecutora de Villas del municipio junto a otros vecinos de Villa Palito.
Otra de las principales estrategias para involucrar a todo el barrio en el proceso de urbanización fue la creación de cooperativas de trabajo. Durante las últimas dos décadas, los vecinos conformaron 15 cooperativas, las cuales aportaron más del 80% de la mano de obra en el proceso de urbanización.
Según Gustavo Farías, vecino de Villa Palito y coordinador municipal de las cooperativas, las cooperativas no sólo fueron una manera de crear nuevos puestos de trabajo para los vecinos, sino también de integrar a los jóvenes más marginados del barrio.
“Con las cooperativas se les pagaba por cada jornada laboral completa, pero no si llegaban tarde o faltaban. De a poco los chicos que estaban en la calle o que tenían antecedentes empezaron a sumarse al trabajo. Hoy están todos trabajando. Hay pibes con oficio de plomería, herrería”, cuenta Gustavo mientras recorre el barrio con RED/ACCIÓN.
Llevar la experiencia a otras villas
Según los vecinos de Villa Palito, que el proyecto de urbanización haya surgido orgánicamente desde los vecinos es la razón por la cual el proceso ha podido resistir los diferentes intereses políticos que se presentaron a través de los años.
“La villa tiene que estar preparada para cualquier contexto político. Es importante que los vecinos se organicen, que armen un anteproyecto que refleje el barrio que ellos quieren tener, y que identifiquen a sus líderes”, dice Juan. “Con eso, una vez que se alinee el contexto político, es decir que los estados nacional, provincial y municipal coincidan en su interés por urbanizar el barrio, va a ser más fácil llevar a cabo una urbanización sustentable, que no dependa de los tiempos ni los intereses de cada gobierno de turno”.
Con el objetivo de llevar la experiencia de Villa Palito a otros barrios, la Unidad Ejecutora que lidera Juan está acompañando el proceso de urbanización en más de 10 villas y barrios populares de La Matanza. El enfoque de este acompañamiento es el de empoderar a los mismos vecinos a crear y liderar su proyecto de barrio.
“La necesidad de hacer un fuego dentro de la casa, de amontonarse alrededor para protegernos del frío… eso crea una solidaridad y un compromiso incomparable. Es algo que alguien que viene del Estado nunca va a poder ver. El recurso humano más importante para la urbanización está en la villa: somos nosotros”.
De qué trata el proyecto. Sería el primer proyecto que busca promover la urbanización de las villas a nivel nacional. El proyecto se enfoca en un mecanismo en particular: el de la expropiación de la tierra y la entrega de títulos a los vecinos de los barrios.
Del total de las tierras en las que se ubican los barrios populares del país, el 61% pertenecen a particulares, el 7% a las provincias, y el 13% a los municipios.
El proyecto declara de “utilidad pública” a estas tierras, permitiendo al gobierno expropiarlas, para luego entregar títulos de propiedad a las familias que viven allí.
El Tribunal de Tasaciones de la Nación fijaría los valores de las tierras afectadas y el Poder Ejecutivo crearía un fideicomiso para financiar la expropiación de tierras. Contaría con aportes del Tesoro Nacional, fondos provistos por organismos internacionales, e ingresos por donaciones, entre otros.
Cuáles son los beneficios. “Regularizar el dominio significa que las personas que viven en estos barrios y que han construido sus casas van a acceder finalmente a la propiedad y a la parcela que ocupan”, dijo el diputado Pablo Tonelli, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, durante la votación del proyecto.
A quién afecta. Contempla a los 4.228 barrios populares incluídos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) creado en el 2016, y a las 3.5 millones de personas que viven en estos barrios. Se considera un barrio popular a uno que “reúne al menos a 8 familias agrupadas o contiguas, donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos, o más, de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal)”.
Barrios populares de Argentina
Quién lo impulsó. El proyecto lleva las firmas de los diputados Mario Negri (UCR), Nicolás Massot (PRO) y Elisa Carrió (Coalición Cívica ARI). También contó con la participación de organizaciones sociales como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), TECHO y Cáritas Argentina.
No es la primera vez que se presenta un proyecto de este tipo. El gobierno de Carlos Menem emprendió un proyecto de regularización de dominios, así como también lo hizo el de Cristina Fernández de Kirchner en el 2014, obteniendo media sanción.
Quién la implementa. De ser aprobado el proyecto, sería implementado por el Poder Ejecutivo a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Cuáles son algunas críticas.
Costo: “La expropiación es una herramienta muy costosa y onerosa, que lleva tiempo. Hay otros mecanismos como la donación de tierras o la usucapión colectiva, que permite a los habitantes de una tierra ser dueños si demuestran que vivieron en ella más de 20 años de manera pacífica e ininterrumpida”, dice Felipe Messel, abogado del área de Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Falta de enfoque en otros derechos: “La propiedad de tierra es uno de los puntos de la integración social-urbana, pero no es el más relevante. Los servicios básicos son la prioridad para los vecinos. En las villas se vive una pobreza multidimensional que también incluye la falta de acceso al trabajo, al transporte, y a los servicios básicos”, dice Virgilio Gregorini, director ejecutivo de TECHO Argentina. Para sensibilizar sobre estos otros derechos, organizaciones de la sociedad civil y vecinos de las villas redactaron el Acuerdo por la Urbanización de las Villas, que delinea diez puntos para lograr la integración socio urbana de los asentamientos.
Cuáles son las otras iniciativas de urbanización.
En la Ciudad de Buenos Aires, el Instituto de la Vivienda está ejecutando la urbanización de las villas 20, Chacarita, Rodrigo Bueno y 1-11-14. Paralelamente, la Secretaría de Integración Sociourbana está a cargo de la urbanización de la Villa 31.
En la Provincia de Buenos Aires, el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) creado a principios de este año tiene a cargo la planificación de la urbanización de las villas Costa Esperanza, de San Martín; La Cava, de San Isidro; Villa Itatí, de Quilmes; Libertad, de Almirante Brown; Porá, de Lanús; Carlos Gardel, de Morón; Puerta de Hierro, de La Matanza y Garrote de Tigre.
“Lamentablemente las urbanizaciones a nivel nacional, provincial y ciudad son iniciativas individuales, no coordinadas, que apuntan hacia un mismo horizonte pero que no dialogan entre sí”, comenta Rosario Fassina de ACIJ.
Cómo sigue. El proyecto de ley espera ser tratado en el Senado, pero todavía no se ha anunciado la fecha de votación.
Marcos tiene ojos negros, profundos. Las cicatrices en su cara, su piel rugosa, sus manos ásperas, son indicio de una vida que no fue fácil. Pero hoy, sentado en un café en la terminal de ómnibus de Retiro, su mirada, generalmente perdida y pensativa, también sugiere otra cosa: alegría.
Luego de años viviendo en situación de calle, Marcos está por subirse a un colectivo a Paso de los Libres, Corrientes, donde se reencontrará con su familia por primera vez en 20 años.
“Hace dos días fui a la iglesia a pedirle a Dios que me juntara con mi familia. Dios me escuchó”, repite una y otra vez con ojos húmedos.
Marcos esperando su colectivo en Retiro. Foto: Lucia Wei He
A mediados de junio, Oscar Ulchak estaba andando en bicicleta por Tigre cuando vió a Marcos en una vereda y se le acercó a hablar. Al escuchar que buscaba a su familia, Oscar publicó su foto e historia en Facebook. Fue así como la foto le llegó a la prima de Oscar, que vive en Paso de los Libres, y eventualmente a la hermana de Marcos, María.
“No lo podía creer. Nosotros pensábamos que Marcos estaba muerto. Pero cuando ví la foto, lo reconocí inmediatamente. Era él, era mi hermano”, cuenta María, quién había visto a Marcos por última vez cuando ella tenía 9 años y él más de 30.
Al enterarse de que habían encontrado a la familia, Oscar volvió a Tigre a darle la buena noticia a Marcos. Pero él ya no estaba allí.
“Ahí se empezó a difundir la foto de Marcos por redes sociales, junto con el apoyo de la dirección de derechos humanos del municipio de Paso de los Libres”, cuenta Tomás Chaufan, voluntario de la Red Solidaria.
La foto circuló como circulan día a día las fotos e historias de las casi 600 personas desaparecidas en el país: por WhatsApp, Facebook e Instagram, de boca en boca, entre amigos, familiares y conocidos.
Y fue así como este martes, manejando por Vicente López, Chaufan reconoció en la vereda de la calle a una cara conocida. “Lo reconocí inmediatamente por sus rulos, su piel oscura. Me acerqué y le pregunté: ¿sos Marcos? Me contestó que sí”.
El martes 24 de julio, Tomás Chaufan encontró a Marcos. Foto: Tomás Chaufan.
Nadie sabe qué fue lo que le pasó a Marcos en las últimas dos décadas. Habla poco, responde apenas. Sabemos de su tiempo en la calle y de un accidente que no menciona… Su derrotero también incluiría una estancia en Brasil y hasta un posible tiempo en prisión.
Pero lo que sí se sabe con certeza es que a pesar de haber pasado por varios hogares y hablado con personas sobre su búsqueda, en estas dos décadas Marcos no pudo encontrar a su familia porque no estaba registrado oficialmente como una persona perdida.
“Nos habían dicho que había muerto, por eso nunca hicimos una denuncia”, cuenta María.
Lo fundamental cuando se pierde una persona es hacer la denuncia al instante, sin esperar que pasen 24 o 48 horas. Así, si la persona se acerca a una comisaría, u otra institución del estado, se le puede notificar a la familia que lo está buscando.
También existen otros pasos que pueden ayudar a la búsqueda, como ir a la fiscalía o juzgado interviniente, difundir la búsqueda entre familiares y amigos, y llamar a la Red Solidaria o Missing Children.
“Una vez hecha la denuncia, lo importante es que la gente esté atenta, que abra los ojos, que mire al resto. Porque tal vez hayan visto la foto de la persona perdida”, dice Chaufan.
El martes 24 de julio de 2018 fue la última vez que Marcos se despertó en la calle. Dormía en una vereda de Vicente López, sobre un cartón, cubierto por algunas frazadas que había conseguido. Esa noche lo llevaron al hogar Cura Brochero. Pasó más de una hora abajo de la ducha. Durmió en un colchón, bajo techo.
Al día siguiente ya no se despertaría solo: su hermana María había viajado desde Corrientes a Buenos Aires a buscarlo. Juntos abordarían un colectivo larga distancia para reencontrarse con el resto de su familia.
Marcos con su hermana María y su prima Raquel. Foto: Lucía Wei He
El miércoles 25 después de las 11 de la noche y tras 9 horas de viaje, el colectivo Flechabus en el que iba Marcos llegó a Paso de los Libres. Allí lo esperaban su padre, su hermano, y sus primos.
“Hace dos días fui a la iglesia a pedirle a Dios que me juntara con mi familia. Dios me escuchó”, dice Marcos una y otra vez, como si no lo pudiera creer. “Dios me escuchó”.
Bajó del colectivo caminando despacio. Su hermana María indicó el camino hacia su casa. Pocos minutos después -veinte años después- Marcos volvió a abrazar a su padre.
Preguntamos a qué comunidades de inmigrantes en Argentina les gustaría conocer y entre las propuestas, estaba la comunidad China. Aquí el segundo de una serie de artículos que iremos publicando.
Cuando mis padres llegaron a la Argentina, venían con el sueño de poder construir una vida mejor para sus hijos. El miedo de dejar todo lo conocido atrás no pudo superar la esperanza de lograr un futuro mejor en una tierra lejana. Fue así como en 1989 desembarcaron en Mar del Plata con mi hermano de tres años en una mano, y un diccionario Chino-Español, pesado y de tapa gris, en la otra.
Tres décadas más tarde, mi hermano y yo formamos parte de una nueva generación de inmigrantes chinos; una generación que no se siente ni completamente china ni completamente argentina, pero que arraigó sus raíces en ambas culturas.
Como nosotros hay muchos otros que, a través de su profesión, rompen los prejuicios que se han construido alrededor de la comunidad china en la sociedad argentina. Estas son algunas de sus historias.
Carlos Lin – Locutor y conductor
“Los que podemos contar la realidad de nuestra comunidad, los que tenemos la herramienta del idioma para romper los estereotipos, somos nosotros, la segunda generación.
En este sentido, los medios son una herramienta clave. En Argentina es muy difícil justificar a un chino en un medio local, y la comunidad no tiene un espacio en la agenda. ¿Cómo va a presentar las noticias un chino?¿Cómo va a haber un actor chino que no actúe de supermercadista o mafioso? Algo que está naturalizado en otros países, acá no lo está. Hay que crear ese espacio”.
Delia Hou – Bailarina y abogada
“Cuando llegué a la Argentina en el 2010, habían muy pocos chinos en la calle. Se los veía solo en los supermercados. Cuando estaba afuera la gente me miraba como algo raro; era chocante sentir que era tan diferente. Pero se ve que hay un cambio, que hay más chinos jóvenes en las escuelas, en las calles, haciendo distintas cosas.
Cuando empecé a bailar tango tenía miedo de que me vean solo por ser china, y que piensen que no bailaba tan bien como los argentinos. Pero al público argentino le interesa mucho, lo ve como algo positivo porque es distinto. Se dice que uno baila tango como uno es, que tu personalidad se refleja. En China, Taiwán, Corea y Japón se baila mucho tango. La cultura del tango, la pasión, la cercanía física es muy diferente a los valores asiáticos. A veces a uno lo atraen los opuestos, y eso es lo que me pasó”.
Gustavo Ng – Periodista y editor
“Mi papá llegó al país en 1954. Llegó yéndose de China, del comunismo, y a los pocos años se casó con una argentina en la ciudad bonaerense de San Nicolás. No vino acá con un plan de conservar lo que traía, sino de dejarlo atrás. Me crié como muchos chicos de la segunda generación, inmerso en una cultura argentina muy fuerte. Difícilmente puedo decir que viví entre dos culturas.
Pero con lo que sí viví fue con una constante incógnita sobre la otra cultura, preguntándome qué significaba ser chino. Esto de alguna manera terminó influyendo en que yo estudiara periodismo y antropología, y eventualmente hiciera un medio que pone en comunicación las dos culturas: la revista Dang Dai.
Lanzamos la revista en 2011, en un momento en el cual las relaciones entre Argentina y China estaban maduras a nivel comercial, pero en el cual ningún argentino que producía soja le veía la cara al chino que la compraba, y muchos menos al que la consumía. Hicimos la revista para lograr que esta relación empiece a tomar otros ámbitos de la vida, para que desde ambos lados nos empecemos a ver las caras”.
Carolina Hsu – Actriz, música y conductora
“Ser mujer, oriental y actriz es difícil a nivel profesional. Como actriz no hay muchas opciones. Los únicos roles que hay son actuar de cajera, o de una persona que no sabe hablar bien castellano. Muchas veces me pasa que hablo bien castellano y no les sirve, me preguntan si puedo hablar mal, o más bruto.
Para mí es importante participar de algo constructivo que ayude a la sociedad a avanzar, como Milenarios y Chino Básico. Son programas de televisión que se enfocan en la cultura de una manera seria, real, por fuera de los estereotipos. Creo que programas así ayudan a promover la integración de los argentinos con los chinos, y los chinos con los argentinos.
La lucha de la integración es una lucha que tenemos que llevar adelante las nuevas generaciones. Generalmente tenemos una cabeza más abierta que nuestros papás. Muchos de los que llegaron primero son más cerrados, más tradicionales. Creo que naturalmente se va a dar la integración, es una cuestión de tiempo”.
Ting Lei Lei – Gestor de trámites migratorios
“Llegué a Argentina cuando tenía 7 años. Crecer entre las dos culturas tuvo sus ventajas y sus desventajas. El tema del idioma fue muy difícil, la barrera idiomática es muy fuerte. Y las dos culturas son muy distintas, así que también fue un cambio psicológico. No se podía ser ni muy chino ni muy argentino, entonces uno trataba de equilibrar un poco las costumbres, adaptarse al medio.
Yo nunca me iría de Argentina, este país lo tiene todo. Te da la posibilidad de hacer algo que vos queres y de construir algo que es tuyo”.
Preguntamos a qué comunidades de inmigrantes en Argentina les gustaría conocer y entre las propuestas, estaba la comunidad China. Aquí el primero de una serie de artículos que iremos publicando.
Un diccionario Chino-Español, pesado y de tapa gris, era una de las pocas pertenencias que traía consigo Luo cuando llegó a Mar del Plata en 1989. Venía desde Pekín con su hijo de tres años a reencontrarse con Hong, su marido, quién había llegado a la Argentina dos años antes. Ninguno sabía una palabra de español, y el diccionario era su llave de entrada a la nueva vida que les esperaba.
Hong y Luo se habían conocido jugando ping pong en 1984. Él tenía 28 años y ella 26. Trabajaban en el mismo edificio en el centro de Pekín, pero habían crecido en lugares muy diferentes. Él era de Dalian, una ciudad portuaria al norte del país, donde sus padres eran pescadores. Y ella de Wuhan, una ciudad industrial en el centro de China, donde sus padres eran profesores universitarios. A pesar de las diferencias, su conexión fue inmediata.
“Fuimos con una amiga al área de descanso del edificio y jugamos un partido de dobles con dos amigos de ella. Uno era Hong”, recuerda Luo. “Desde ahí pasó todo muy rápido. A los meses nos casamos en una ceremonia civil y al año tuvimos a nuestro primer hijo, Mu”.
En 1987, en el marco de una naciente política para expandir la presencia económica de China en otras partes del mundo, la empresa estatal de comercio para la que trabajaba Hong le ofreció a la pareja la oportunidad de irse a Mar del Plata, Argentina, para expandir las operaciones de la empresa ahí.
“No sabíamos nada de Argentina. Sólo habíamos escuchado que era un país lindo”, cuenta Luo. “Pero aceptamos la oferta de inmediato. En esos entonces, debido a la situación política y económica del país, si te daban la oportunidad de irte, te ibas, no importaba a dónde”.
Los jóvenes Luo y Hong en Pekín en 1985.
Luo y Hong aprendieron español por su cuenta, recurriendo al diccionario, buscando cada palabra que escuchaban y que necesitaban usar.
“A veces, para practicar, iba al kiosko de la esquina y le hablaba a la señora que atendía: ¿Cómo estás? ¡Qué lindo día!”, cuenta Luo.
En los años y décadas que siguieron, Hong y Luo vivieron numerosos aprendizajes y desafíos, desde aprender a tomar mate o hacer asado, hasta fundar su propia empresa y verla crecer.
También vieron cumplido un sueño que en China no hubiese sido posible debido a la estricta política de hijo único implementada en 1979 por el gobierno chino. En 1992, en el Hospital Comunidad de Mar del Plata, le dieron la bienvenida a la hermana de Mu, yo. Restringidos por el Registro Civil, que sólo permitía poner primeros nombres incluidos en un listado oficial, me dieron un nombre híbrido que representaría mi vida entre dos culturas opuestas, pero de alguna manera complementarias: Lucía Wei He.
La familia He en Mar del Plata: Mu, Hong, Luo y Lucía, la única nacida en Argentina.
Mis padres son algunos de los cientos de miles de ciudadanos chinos que emigraron a la Argentina en las últimas décadas. Según el último Censo Nacional del 2010, en el país hay más de 120.000 inmigrantes nacidos en la República Popular de China y Taiwán. Pero desde la embajada de la República Popular China en Buenos Aires se estima que la colectividad llega a estar cerca de los 200.000.
A pesar de haber registros de inmigrantes chinos en el país desde los comienzos del siglo XX, el primer flujo importante ocurrió en la década del 80, cuando un gran número de inmigrantes de Taiwán vinieron al país.
“La particularidad de este grupo de migrantes es que emigró toda la familia y en su mayoría trajeron un capital propio que les permitió desarrollarse casi inmediatamente en la actividad comercial”, escribe el historiador Sergio Wischñevsky en Dang Dai, una revista de intercambio cultural entre Argentina y China.
La segunda oleada, y la más prominente, se produjo entre 1990 y 1999, cuando hubo un flujo importante de inmigrantes de Fujian, una provincia al sur de China. Gustavo Girado, director de posgrado sobre Estudios en China Contemporánea en la Universidad Nacional de Lanús, estima que el 83% de la colectividad China actual en la Argentina proviene de esta provincia.
“Fujian es una de las provincias más internacionalizadas de China, por estar en frente de Taiwan y tener uno de los puertos más antiguos del país. Fue la primer provincia en tener contacto con Latinoamérica por su comercio costero”, explica Girado. “La inmigración fue bastante parecida a la europea en el siglo XIX. Vinieron algunas personas con capital como punta de lanza, y una vez que se instalaron y vieron que habían oportunidades laborales, se empezó a correr la voz”.
Aunque mis padres no fueron parte de las dos principales olas migratorias de China hacia Argentina, lo que hizo que se quedaran en Mar del Plata por casi tres décadas, y hasta hayan decidido cambiar su ciudadanía china por la argentina, es lo mismo que trajo a muchos de los otros miles inmigrantes chinos al país.
“La calidad de vida en Argentina era una de las más altas en toda Latinoamérica. Es obvio que si tenés un poco de capital, venís a un lugar donde vas a poder desarrollar un negocio y crecer económicamente. Además, el sistema educativo gratis y de alto nivel también sigue siendo un fuerte atractivo”, dice Girado.
Girado además enfatiza que muchos inmigrantes chinos decidieron venir al país en la década de los 90 por beneficios diplomáticos.
“En la década del 90, muchos inmigrantes chinos usaban Argentina como un puente para luego llegar a Estados Unidos, ya que no se precisaba visa para ir a Estados Unidos con un pasaporte argentino”.
Luego de haber trabajado por dos años para la empresa estatal china en Mar del Plata, Hong y Luo decidieron empezar su propio emprendimiento. Aprovechando sus estudios y experiencia profesional en comercio internacional, abrieron una exportadora de pescados. A través de los años, lo que empezó como un negocio familiar en una pequeña casa alquilada se convirtió en una empresa con dos plantas procesadoras y cientos de empleados.
Una vez por semana hacían un asado en la fábrica. Iban fileteros, administradores, operarios, todos los que trabajaban en la empresa. Mientras ellos acompañaban la carne con vino o gaseosas, mi madre lo hacía con agua caliente. No a pocos les llamaba la atención, como también les llama la atención hoy a mis compañeros de trabajo, cada vez que me sirvo un vaso de agua tibia.
Con el paso de los años estos contrastes entre la cultura argentina y china pasaron de ser extrañezas a formar parte de esta nueva cultura compartida y de respeto mutuo. (Nadie logró entender, sin embargo, que cada vez que mi madre quería comer un yogur lo pusiera a calentar siempre un rato arriba de una estufa).
Y a pesar de haber logrado integrarse a la comunidad de Mar del Plata, siempre que se encontraban con desconocidos les hacían la misma pregunta: ¿De qué trabajan?¿Tienen un supermercado o un restaurante?
Según la Cámara de Supermercados y Asociaciones Chinas (CASRECH), casi el 75% de los inmigrantes chinos en el país se dedica o está vinculado al tema gastronómico o supermercadista. Algunas estimaciones indican que en el país hay más de 11.000 supermercados chinos, y que en la ciudad de Buenos Aires en promedio hay uno cada cuatro cuadras.
Las razones por las cuales una gran mayoría de la comunidad está asociada con el negocio de los supermercados son diversas. El conocimiento comercial con el que ya venían muchos inmigrantes, especialmente de Fujian, y la posibilidad de manejar un negocio sin necesidad de dominar completamente el idioma son algunas de estas razones, según Miguel Ángel Calvete, ex secretario general de CASRECH.
“Los supermercadistas comenzaron a agruparse en distintas cámaras en base a su ciudad de origen, y eventualmente eso se transformó en una federación. Eso les daba un poder de compra y negociación mucho más grande, y los ayudó a insertarse en el mundo comercial argentino”, explica Calvete.
Pero esta inserción y crecimiento comercial también trajo aspectos negativos.
“Una minoría muy pequeña de los inmigrantes que vinieron se aprovecharon del trabajo de sus conciudadanos. Formaron grupos de 6 o 7 personas que extorsionaba a los supermercadistas, les cobraba determinada “protección” para regular las aperturas de los supermercados”, cuenta Calvete. “Por suerte la mayoría de esos grupos hoy ya no están más. Pero lograron estigmatizar a la comunidad y obviamente atemorizar a mucha gente. Se dice que todos los chinos son mafiosos, que venden todo robado, que apagan las heladeras a la noche, que no pagan los impuestos, etc. Son absolutamente todas mentiras”.
El primer viaje a las Cataratas del Iguazú.
De a poco en el país está surgiendo una segunda generación de inmigrantes chinos, los que como yo crecieron en Argentina pero nunca se sintieron ni completamente argentinos ni completamente chinos; que se criaron comiendo arroz con palitos y empanadas con la mano, hablando español en la escuela y chino en casa. Es una generación que busca, de a poco, ir rompiendo los prejuicios que se han construido alrededor de la comunidad china en los últimos años.
“Hay estereotipos muy arraigados en la sociedad. Uno ve dos chinos que escupen en la calle, y ya son todos los que lo hacen. La generalización lleva a que se refuercen los preconceptos”, dice Carlos Lin, un locutor y conductor de televisión.
Lin llegó desde Taiwán con su familia en 1982. Con lo poco que tenían, sus padres montaron una pequeña casa de bijouterie, y eventualmente compraron un supermercado que tuvieron por casi 20 años.
“Fue en este supermercado donde forjé mi instinto de comunicador, y conocí lo que significaba ser puente entre chinos y argentinos”, cuenta Lin.
Su pasión por comunicar llevó a Lin a estudiar comunicación social y locución. Ahora, a sus 38 años, conduce “Milenarios”, un programa televisado por América 24 que cubre temas de interés cultural chino, como turismo, cultura, economía y negocios.
“Los que podemos contar la realidad de nuestra comunidad, los que tenemos la herramienta del idioma para romper los estereotipos, somos nosotros, la segunda generación”, dice Lin. “Somos profesionales, médicos, abogados, dentistas, intermediarios comerciales, periodistas, diplomáticos. Somos pocos, pero nos tenemos que unir para informar a la gente. No solo por el bien de la sociedad argentina en la que vivimos, sino también para nuestra propia comunidad”.
Hong y Luo en su primer departamento de Mar del Plata.
En algún lugar de un departamento frente a la playa de Mar del Plata hay un diccionario Chino-Español, pesado y de tapa gris. Sus hojas desteñidas, algunas sueltas, delatan el paso de los años. Por tres décadas, fue consultado por una pareja china que vino a la Argentina sin saber ni una sola palabra de español. Y también, en ese mismo departamento, consultado por dos niños, ni argentinos ni chinos, que encontraban en él las palabras del país en el que no les tocó crecer.
En Argentina, el 48% de los niños, niñas y adolescentes viven por debajo de la línea de pobreza. Eso significa que los niños argentinos tienen el doble de probabilidad de ser pobres que los adultos. De hecho, millones de ellos dependen de programas de alimentación gratuita para poder subsistir.
Sin embargo, la pobreza infantil no solo se refleja en materia de ingresos. El trabajo infantil, la falta de acceso al sistema de salud y de educación, y el limitado acceso a la información son algunas de las otras inequidades que forman parte de este problema multidimensional que afecta a nuestra sociedad.
“Muchos de los indicadores que medimos no han mejorado en la última década, y eso es muy preocupante”, dice Ianina Tuñón, coordinadora de “(In)equidades en el ejercicio de los derechos de niñas y niños”, el informe anual del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina de la que se desprenden los datos. “En Argentina hay mucha normativa en torno a los derechos de los niños. Pero lo que está faltando es su efectivo cumplimiento”.
El 28 de septiembre de 2005, con el fin de asegurar el cumpliento de estos derechos, el Congreso Nacional sancionó una ley creando la figura del defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. La legislación establecía que el defensor debería ser designado dentro de los 90 días de sancionada la ley.
Hoy, a 13 años de esa fecha, Argentina todavía no tiene un defensor del niño. Su designación es potestad de una comisión bicameral de 10 senadores y diputados, que se conformó por primera vez en 2017. Recientes avances legislativos indican que este año podría ser, finalmente, el año en el que se salde esta deuda.
“Cuando hablamos del defensor del niño, parece que nos referimos a una sola persona. Pero en realidad es una institución que tiene que tener alcance federal, que tiene que lograr intervenir en todas las provincias para garantizar todos los derechos de la niñez”, explica Carmen Ryan, coordinadora del área de derechos económicos, sociales y culturales de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Estos derechos pueden ser colectivos (por ejemplo, el derecho de todos los niños a acceder a la alimentación y a servicios de salud) o individuales (por ejemplo, el derecho de un niño a su integridad física y psíquica).
“La figura del defensor del niño es única porque un niño legalmente no puede representarse a sí mismo, no puede ir a ver a un juez o hacer una denuncia en una comisaría si sus derechos se encuentran vulnerados. Necesita de una figura para poder velar por sus derechos”, indican desde Infancia en Deuda, una conjunto de organizaciones de sociedad civil que trabajan en la concientización de los derechos de los niños.
A pesar de la falta de un defensor a nivel nacional, hay provincias como Santa Fe, La Pampa, Córdoba, Misiones y Santiago del Estero que cuentan con defensores provinciales.
En Santa Fe, por ejemplo la defensoría de niñas, niños y adolescentes cuenta con un sistema de denuncias a través de las cuales niños o adolescentes pueden alertar de casos de violencia física o psíquica a través de un número de teléfono o redes sociales, y recibir representación y apoyo de la defensoría. Además, desde el 2013, la defensoría cuenta con un observatorio de derechos junto con UNICEF, a través de los cuales construye y recolecta datos oficiales sobre niñez.
Pero a pesar de que estas defensorías hayan podido implementar mecanismos de control y monitoreo de los derechos de los niños a nivel provincial, también destacan la necesidad de tener una figura que las represente a nivel nacional.
En esa línea, Analía Colombo, defensora de niños de la provincia de Santa Fe desde 2012, sostiene que “es urgente que haya un defensor del niño a nivel nacional. Las mayorías de las leyes sobre los derechos de los niños son nacionales, y al ser un estado republicano y federal, esas cuestiones las tiene que pelear un defensor nacional. Ese hueco no lo podemos cubrir nosotros”.
Una deuda que lleva más de una década
La ley establece que la evaluación y designación del defensor del niño debe estar a cargo de una comisión bicameral, integrada por cinco diputados y cinco senadores, respetando la proporción en la representación política. Pero por más de una década, esta comisión nunca se formó.
“En general, hay mucha desidia y desinterés por los temas de infancia. Además, políticamente, se considera que la figura de los defensores son figuras opositoras. Pero en realidad, si se hace bien, deben ser figuras independientes que ayudan a un gobierno a cumplir con sus funciones”, declaran desde Infancia en Deuda.
En el 2014, un grupo de organizaciones presentó un amparo colectivo exhortando al poder legislativo a designar al defensor del niño. Finalmente, luego de que la justicia haya fallado a favor del amparo, se constituyó la comisión bicameral en 2017.
Leo Messi apoyando la campaña del Defensor del Niño. Foto: Infancia en Deuda.
Los próximos pasos
Tras el recambio legislativo de diciembre, el nuevo parlamento debió constituir una nueva comisión bicameral este año para continuar el proceso de selección y nombramiento del defensor del niño. Esta nueva comisión se terminó de integrar el 29 de junio, y quedó con la siguiente conformación:
Hasta ahora, 68 candidatos se postularon a la convocatoria abierta en octubre. Los próximos pasos en el proceso de designación incluyen una instancia de examen escrito y otra de audiencia pública.
“En algún momento como sociedad tenemos que entender que las leyes no son barreras burocráticas, sino que son herramientas para garantizar nuestros derechos”, dice Susana Ciruzzi, abogada del Hospital Garrahan y una de las candidatas al puesto.
La comisión bicameral ya cuenta con un presupuesto asignado de $6.2 millones para este año, lo que se suma a los $50 millones asignados para la oficina del Defensor del Niño. En caso de que no se logre designar el defensor este año, el presupuesto quedará sin ejecutar.
“El defensor ya tiene el presupuesto asignado. Hoy en día podría estar trabajando”, reclaman desde Infancia en Deuda. “Está todo listo, no hay excusas. Lo único que falta es que avance el Congreso”.
Todas las mañanas, Sofía Pascual camina por un sendero de tierra desde su residencia en Gros-Morne, un pueblo al norte de Haití, a una pequeña escuela al lado del río. La caminata, dependiendo de la lluvia y el estado del camino, le lleva alrededor de media hora. En la escuela, esta argentina de 21 años enseña inglés, trabaja con otros maestros para implementar nuevas estrategias de enseñanza y dicta un taller de fútbol.
Sofía es una de las miles de personas que han llegado a Haití como voluntarias desde el devastador terremoto del 2010 que dejó más de 300.000 muertos y 1,5 millones de personas sin hogar. A pesar del flujo de ayuda humanitaria, donaciones y voluntarios, la pobreza en Haití sigue creciendo y es considerada la más alta del hemisferio occidental, según el Banco Mundial.
Sofía es voluntaria en una escuela donde asisten más de 550 chicos. | Foto: Sofía Pascual.
En esta conversación con RED/ACCIÓN, Sofía cuenta cómo llegó de Bella Vista hasta Haití, sus percepciones del país isleño, y la importancia de generar vínculos con la comunidad.
¿Por qué decidiste irte a Haití? Yo hice el secundario en ell colegio Jesús María, en Bella Vista, y desde los 15 años que nos llevaban a misionar a Chaco. Estuve tres veranos seguidos misionando ahí. Me encantaba el vínculo que se generaba con la gente, el cariño. Después de terminar el colegio empecé a estudiar Ciencia Política. Me gustaba mucho, pero sentía que necesitaba algo más concreto que me diera herramientas para trabajar con la gente. Fue ahí cuando me acerque a la Congregación de Jesús María, una red internacional de organizaciones cristianas, y me ofrecí para irme de voluntaria un año a donde más necesiten mi ayuda. No tenía un destino concreto, Jesús María tiene colegios y proyectos de voluntariado alrededor del mundo. En esta ocasión, me dijeron que donde más se necesitaba ayuda era Haití.
¿Cuál fue tu primera impresión del país? El primer impacto que tuve fue en el avión, ver la tierra, las montañas y las parcelas con toda la cantidad de casas juntas. Me impactó mucho verlo desde arriba y pensar ‘¿Cómo me metí acá?’. Es todo diferente, fue un choque de una realidad distinta, un idioma distinto.
¿Cómo funciona el proyecto de voluntariado? La casa de voluntariado funciona con varios proyectos. Ahora somos 4 voluntarias, dos de Estados Unidos, una de Nepal y yo. Hay una escuela donde van más de 550 chicos, desde jardín hasta sexto grado. Por las mañanas yo doy clases de inglés ahí. También busco generar un acercamiento con los profesores y enseñarles otros métodos de enseñanza que no se basen solo en la repetición. A la tarde, en el mismo espacio de la escuela, abrí un taller de fútbol para que los chicos puedan hacer deporte. También hay un hospital donde llegan muchas donaciones y un proyecto de agronomía donde se trabaja con cultivos, pollos, pescados. Además hacemos talleres de salud en comunidades que están más alejadas, que están aún peor en términos de acceso a servicios básicos.
¿Cuáles son algunas de las problemáticas más serias que ves? La educación de Haití deja mucho que desear, los métodos, los programas, la formación de los docentes. Aunque este punto en el último tiempo mejoró mucho aún queda mucho por hacer. Una persona que no tiene buenas notas o que no termina el colegio no es nada acá. La nota final de sus estudios vale mucho más que el resto de sus capacidades. Con lo que respecta a la salud es aún más complicado. Pasa mucho que llegan donaciones de medicamentos vencidos o próximos a vencerse, medicamentos que acá no saben cómo usarlos así que no los recetan o es tanta la desorganización que capaz no llegan a enterarse que los tienen. El sistema de salud es pequeño comparado a la cantidad de habitantes que hay. En donde estoy yo hay un solo hospital, privado, para las 300.000 personas que viven acá. La salud pública no es siempre gratuita, depende de los casos, y son pocos los hospitales y centros donde pueden atenderse. Para colaborar con la salud hay muchísimo que hacer, el desafío es que esos esfuerzos estén bien direccionados, porque sino quedan perdidos en un container por 3 años, como ha pasado más de una vez.
¿Qué es lo que más te sorprendió? Lo que más me queda en la cabeza es que solemos tener visiones erróneas de los lugares que no conocemos personalmente. Antes de venir a Haití, las historias que me llegaban eran sobre lo peligroso que era, sobre las enfermedades. Todo un panorama muy triste. La verdad es que hay situaciones feas. Pero también es un país con mucha alegría a pesar de la tristeza, y acá vale más la alegría que en otros lugares donde se sufre menos. Es una cultura con mucha fuerza, la población le mete mucha garra para salir adelante.
¿Cuál esperas que sea tu impacto estando allá? El tiempo que me voy a quedar lo va a marcar. Me puse la meta de quedarme un año para verdaderamente llegar a conocer la comunidad, generar un vínculo, estudiar el idioma. Es difícil medir el impacto. Algo que se aprende en el voluntariado es que es un trabajo que se mide por lo que uno hace en un día. No es tanto decir que en un año pude darle 30 mochilas a 30 chicos, sino pensar con quién hablé hoy, con qué profundidad conecté con esa persona.
¿Qué le dirías a alguien que quisiera hacer un proyecto similar? Invitaría al que tiene un sueño y ganas de hacer algo a que se anime. No hay que esperar a que la vida pase y que alguien un día venga a pedirte ayuda para algo. Si te interesa dar una mano en algo, hay que acercarse y fijarse en qué se puede ayudar, ya sea en otro país o en un hogar para personas mayores en tu barrio.
El fútbol profesional es terreno de hombres. O al menos, eso es lo que indican los datos.
La mitad de las jugadoras profesionales de fútbol alrededor del mundo no reciben ningún salario por salir a la cancha. Por eso, el 46% de estas mujeres combinan sus carreras de fútbol profesional con estudios, y el 30% con otros trabajos. La falta de remuneración, el poco apoyo de clubes y asociaciones de fútbol, y la discriminación de género son algunos de los factores que llevan a que el 90% de las jugadoras profesionales consideren dejar de jugar a una temprana edad.
En Argentina, la situación no es distinta y este año, en el marco de un creciente movimiento mundial por la igualdad de género, varios clubes de fútbol están tomando medidas históricas para empoderar a las mujeres en el deporte.
Clubes que buscan un cambio
“Hace casi una década que en Argentina tenemos una ley de violencia de género, pero el fútbol está muy atrasado en el rubro igualdad de género”, dice Lucía Cirmi Obón, docente y economista especializada en género, haciendo referencia a las recientes denuncias de abuso sexual en clubes de fútbol y el polémico manual de la Asociación de Fútbol Argentina (AFA) que explicaba “cómo seducir mujeres” rusas.
“Siempre hubo un entendimiento implícito de que, en temas de género, el fútbol podía seguir girando en su propio mundo, pero la verdad es que ya no es así”.
En abril de este año, Obón formó parte del equipo que lanzó el Área de Violencia de Género en el Club Atlético Vélez Sarsfield, la primera iniciativa de este tipo en el país.
En la presentación institucional del área, el club indica que “resulta indispensable que las mujeres tengan un lugar activo y no ‘en las tribunas de las damas’, como solía suceder y sigue sucediendo en la actualidad. Erradicar la violencia contra las mujeres y disidencias sexuales debe ser un horizonte claro en todos los ámbitos de la sociedad y esta lucha debe tener especial ahínco en aquellos ámbitos donde las desigualdades y las violencias son mayores como en el deporte”.
Como parte de la iniciativa, Vélez lanzó una línea telefónica a través de la cual mujeres asociadas al club (jugadoras, empleadas, socias) pueden hacer denuncias de casos de violencia de género y recibir atención directa por parte de especialistas.
Paralelamente, el club está organizando talleres de género con las distintas áreas de la organización.
“Con los talleres buscamos deconstruir los distintos estereotipos de género que existen, ya sea en la cancha o en la institución del club. Generamos debates sobre las desigualdades que existen y cómo sacudir todas las áreas para generar más igualdad”, cuenta Obón.
El mismo mes que Vélez anunció la creación de su área de violencia de género, Matías Lammens, presidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro anunció que el Ciclón estaría implementando un cupo de género en su Comisión Directiva. El anuncio ocurrió en el marco del Mundial de la Igualdad, una iniciativa que busca visibilizar las desigualdades de género en el fútbol, de la cual también es parte RED/ACCIÓN.
“El deporte en general, y el fútbol en especial, está muy atrasado y tiene una gran deuda. Hay cuestiones culturales y situaciones de privilegio que tenemos que revisar y cambiar. Un club de fútbol es un ámbito históricamente masculino, y hay una demanda para que las mujeres tengan más lugar”, dice Lammens.
“En San Lorenzo, por ejemplo, somos casi 70 mil socios y tenemos el 18% de mujeres en el padrón. Pero hoy no hay ninguna mujer en Comisión Directiva. Me parece que esa reforma puede ser un buen comienzo para un club que pretende estar a la vanguardia en este tipo de cosas”.
Las iniciativas de Vélez y San Lorenzo siguen los pasos de algunos clubes pioneros en el tema como el Club Atlético Huracán, que en el 2011 creó una Subcomisión de la Mujer y en el 2014 incorporó a Valeria Fernández como la primera mujer en su Comisión Directiva.
“La subcomisión encabeza campañas en las que se busca quitar el estigma de que el fútbol es solo de hombres y no de mujeres. Participamos de campañas como La Voz Femenina del Estadio, una iniciativa para incorporar a más mujeres locutoras. Y también tenemos acciones para luchar contra los femicidios que se pasan en nuestro país”, explica Fernández.
En abril, Vélez lanzó su Área de Violencia de Género, que cuenta con una línea telefónica para hacer denuncias. Foto: Vélez.
Un movimiento mundial
Las iniciativas que están tomando estos clubes argentinos se enmarcan en un movimiento mundial para promover el fútbol femenino y achicar las desigualdades de género dentro de las distintas áreas del fútbol.
En 2016, la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) anunció que a partir de 2019, los clubes que soliciten participar de torneos regionales como la Copa Libertadores y la Sudamericana deberán tener un equipo de fútbol femenino y que deben “proveer de soporte técnico y toda la equipamiento e infraestructura necesarias para el desarrollo de los equipos en condiciones adecuadas”.
Asimismo, en los últimos años, la FIFA ha creado el Programa de Desarrollo de Liderazgo Femenino, que busca crear más oportunidades de liderazgo para las mujeres en el fútbol, y el Programa de Desarrollo de Fútbol Femenino, que ofrece apoyo como entrenamientos, equipamiento y recursos económicos a asociaciones de fútbol femenino alrededor del mundo.
En el 2016, Fatma Samoura fue elegida como la primera secretaria general mujer de la FIFA. En una entrevista con la revista Forbes, Samoura destacó la importancia de incluir a más mujeres en el liderazgo de la organización: “Tener a más mujeres hace que nuestras estrategias sean más inclusivas. Antes no teníamos ningún punto de referencia sobre el fútbol femenino. Ahora tenemos un objetivo muy preciso, que es llegar a que hayan 60 millones de mujeres registradas como jugadoras para 2026”.
Desafíos que persisten
A pesar de los avances que están teniendo lugar tanto a nivel nacional como internacional, profesionales del fútbol femenino y expertas en el tema concuerdan que quedan importantes desafíos por delante.
“Se necesita una política pública para eliminar el sexismo desde la educación física en la escuela, que es donde se generan los primeros estereotipos de género en torno al deporte”, dice María José Lubertino, profesora y ex diputada nacional. “Además hay que promover la equidad de género en los clubes de barrio, que es donde muchas chicas tienen mejor acceso al deporte. Por último, las federaciones y el gobierno deben trabajar para que haya equiparación en becas deportivas y premios de competencias”.
Para muchas mujeres, la Copa Mundial brinda el contexto ideal para poder hablar de estos temas y generar mayor conciencia sobre las desigualdades de género en el fútbol.
“Cada cuatro años, el país para por el mundial. Pero está completamente acaparado por hombres, y nosotras estamos al margen, jugando en la canchita”, dice Cirmi Obón, del equipo de género de Vélez. “Está bueno que haya un mensaje desde los distintos clubes e instituciones de que esto tiene que cambiar. Hay que sacudir estas estructuras tradicionales. Podemos hacer historia”.
En el mundo hay más de 71 millones de jóvenes que están buscando trabajo pero no lo encuentran. Este número representa al 13% de todos los jóvenes del mundo, y es una tasa de desempleo 3 veces mayor a la de los adultos. Además, de los jóvenes que sí trabajan, 152 millones viven en la pobreza. Estos datos surgen del último estudio de la Organización Internacional del Trabajo, dependiente de las Naciones Unidas, sobre el desempleo juvenil.
En la misma línea, el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) considera que estamos atravesando una “crisis global de desempleo juvenil”, y Argentina no es la excepción. Según datos del Banco Mundial, 24.7% de los jóvenes argentinos están desempleados, la tasa más alta de sudamérica luego de Brasil.
“Una mezcla tóxica de factores ha contribuido a esta crisis”, declaran en el WEF. Que van, “desde el rápido crecimiento de la población joven en regiones en vía de desarrollo, hasta la creciente incompatibilidad entre las habilidades que tienen los jóvenes y las habilidades que necesitan las empresas”.
Esta incompatibilidad de habilidades ha sido exacerbada por el rápido crecimiento tecnológico que ha ocurrido en los últimos años.
Mientras que la UNESCO refuerza la hipótesis: “Existen importantes desigualdades debido a la falta de habilidades digitales. Estas habilidades que antes eran consideradas opcionales ahora son críticas”, declaran desde el organismo de las Naciones Unidas para la educación, ciencia y cultura.
Para pensar soluciones al problema, organismos internacionales como el WEF y la UNESCO recomiendan observar políticas públicas integrales y urgentes para responder a la desigualdad digital que afecta particularmente a los jóvenes marginalizados por el mercado laboral, ya sea por su nivel socioeconómico, género, nivel de educación o geografía.
En Argentina, una empresa de servicios tecnológicos está logrando achicar esta brecha digital con un modelo de negocios innovador.
Una solución Argentina
Cuando Ana terminó el colegio, su interés por la tecnología la llevó a inscribirse en la carrera de análisis de sistemas de la Universidad de Buenos Aires. Pero no pasó mucho tiempo hasta que se encontró con su primer barrera.
“En el primer día de la carrera me di cuenta que todos mis compañeros tenían un conocimiento extenso en análisis de sistemas, y eso me asustó mucho”, cuenta Ana, que ahora tiene 27 años. “Yo no sabía nada de tecnología, ni siquiera sabía prender una computadora”.
A recomendación de su profesor, empezó a buscar cursos de testing, o testeo de calidad de productos tecnológicos, para empezar a ganar experiencia en sistemas. Pero para Ana, quien vive en el Bajo Flores en la Ciudad de Buenos Aires, todos los cursos que encontraba eran demasiados caros o lejos.
Fue entonces que, a través de una conocida, conoció Arbusta, una empresa de servicios tecnológicos que entrena a jóvenes de barrios marginados sin conocimientos en tecnología para integrarse como fuerza laboral en la economía digital.
Luego de una capacitación intensa de 3 meses en el 2015, Ana comenzó su primer trabajo en el equipo de datos de Arbusta, trabajando con clientes como Mercado Libre, L’Oreal y Disney.
“Me enseñaron de todo, desde prender la computadora, hasta hablar, soltarme, tener reuniones con los clientes”, cuenta Ana. “Ahora soy líder de varios proyectos. Trato de enseñarles a los nuevos que ingresan todo lo que me enseñaron a mí.”
Arbusta es una empresa que provee servicios tecnológicos como testeo de calidad de software y gestión de contenidos digitales. Pero además de ser una empresa digital, también es una empresa que busca tener un impacto social.
En Buenos Aires, Rosario y Medellín entrena a jóvenes de barrios marginales que no poseen formación ni experiencia previa en la industria, y les dan su primer empleo proporcionando servicios para empresas nacionales y multinacionales.
“En el mundo de la tecnología en Latinoamérica faltan recursos calificados. Hay una brecha enorme entre la demanda y la oferta de trabajos digitales”, sostiene Federico Seineldin, director y cofundador de Arbusta. “Hay un alto potencial en los jóvenes de los barrios populares que podrían aspirar a conectarse a este mercado laboral, pero nadie los está mirando. Nuestro objetivo es preparar a esos jóvenes para acortar esa brecha”.
A través de sus redes sociales o referentes en las distintas villas, Arbusta identifica a jóvenes interesados en trabajar en la economía digital y los entrena a través de capacitaciones presenciales y virtuales. Al final del proceso, los jóvenes se incorporan a los centros de operaciones de Arbusta, donde muchos adquieren su primer experiencia laboral. Allí, proveen servicios tecnológicos competitivos en calidad y precio con el resto de la industria.
“Yo vivo en la villa, no tenía experiencia de trabajo en blanco, no tenía un título. Con ese perfil no hubiese conseguido el tipo de trabajo que tengo en Arbusta en ningún otro lugar”, cuenta Ana.
“En otras empresas uno sería discriminado por vivir en una villa. Acá en Arbusta no pasa eso, acá se enfocan en tus capacidades, no si sos del barrio más rico o el más pobre”, coincide Gonzalo, quien vive en la Villa 15 y empezó a trabajar en Arbusta hace tres años.
Hoy en día trabajan más de 240 personas en las 3 sedes de Arbusta, de las cuales el 59% son mujeres. Muchos de estos jóvenes estudian carreras universitarias paralelamente y buscan crecer profesionalmente. Luego de trabajar en Arbusta por algunos años, la empresa incentiva a los jóvenes a seguir desarrollando su carrera en otras empresas digitales, generando así lugares a una nueva generación de jóvenes.
“Mucho más que generar un trabajo, lo que visionamos cuando diseñamos Arbusta es facilitar un punto de inflexión en la vida de las personas, un cambio radical en su posibilidad de futuro”, dicen desde la empresa.
Según Bruno Ezequiel Di Vincenzo, el coordinador de operaciones de Arbusta, el modelo de servicios de Arbusta tiene el potencial de ser replicable en otras empresas, no solo de servicios tecnológicos sino de diversas industrias.
“El modelo cubre las necesidades de un mercado que necesita gente trabajando y la necesidad de una sociedad de incorporar a estos jóvenes que han sido históricamente marginalizados”, dice Di Vincenzo. “Lo único que hace falta son las ganas de las grandes corporaciones. Si nuestros clientes nos siguen eligiendo año tras año, algo debemos estar haciendo bien”.
En Argentina hay casi 2 millones de personas con discapacidad en edad laboral que no tienen empleo. Inclúyeme es un sitio que busca conectar a estas personas con empresas inclusivas. Hasta ahora, lograron que más de 1.400 personas con discapacidad consigan trabajo en Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Uruguay.
A los tres años, Melanie fue diagnosticada con hipoacusia, o pérdida de audición. A los seis, empezó a usar audífonos en un oído, y a los ocho en los dos.
“Mi mamá me leía cuentos y yo le contestaba cualquier cosa, o pedía que me repitiera todo el tiempo”, recuerda la joven que ahora tiene 26 años.
A pesar de su discapacidad auditiva, Melanie pudo terminar el colegio y completar la carrera de Comunicación Social en la Universidad Nacional de La Matanza.
“Nunca había visto mi hipoacusia como una discapacidad, porque nunca me había impedido hacer algo. Para mi ya era normal estar con los audífonos”, dice la joven que ahora tiene 26 años.
Pero no fue hasta el momento de buscar trabajo que Melanie se encontró con la barrera laboral que enfrentan millones de personas con discapacidad en el país y el mundo. A pesar de haber terminado su carrera universitaria y tener experiencia en trabajo voluntario y periodismo universitario, estuvo meses sin poder conseguir trabajo estable, ni siquiera una pasantía.
Fue entonces cuando a través de un amigo conoció Inclúyeme, un portal laboral para personas con discapacidad. A través del portal, Melanie cargó su CV, postuló a trabajos en diversas empresas, y tuvo numerosas entrevistas laborales. Finalmente, hace dos semanas, empezó su primer trabajo.
Barreras de inclusión
El último Censo Nacional de 2010 indica que en la Argentina hay más de 5 millones de personas con discapacidad. Según la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (ENDI), el 75% de las personas con discapacidad en edad laboral no trabaja. En otras palabras, en Argentina hay casi 2 millones de personas con discapacidad entre los 14 y 65 años que no tienen empleo.
Las barreras para la inclusión laboral de las personas con discapacidad son diversas y atraviesan factores físicos, culturales, políticos y legales. En 2014, la R.E.D. de empresas por la diversidad, una iniciativa que busca promover la diversidad y la inclusión dentro de empresas, llevó a cabo una investigación para determinar las principales barreras laborales que enfrentan las personas con discapacidad.
Según esta investigación, existen tanto barreras internas de las empresas (por ejemplo, espacios arquitectónicos poco accesibles o preconceptos sobre el desempeño y habilidades de las personas con discapacidad), como también barreras externas a las empresas (por ejemplo, obstáculos en el sistema educativo formal y la desconexión entre la oferta y la demanda laboral).
Pero sobre todo existen barreras sociales. Una encuesta que realizó Inclúyeme en Latinoamérica a más de 2000 personas con discapacidad, muestra que el 58,4% de las personas con discapacidad se sienten discriminadas en el momento de buscar trabajo.
“Las personas nos cuentan que llegan a una entrevista laboral y lo primero que ve el entrevistador es su discapacidad. Entonces, en vez de durar 40 minutos o 1 hora, la entrevista dura 10 minutos”, cuenta Gabriel Marcolongo, fundador y CEO de Inclúyeme. “De las personas que entrevistamos, todas coincidían que trataban de esconder su discapacidad para no ser discriminadas en el proceso de selección”.
Inclúyeme ofrece capacitaciones para personas con discapacidad y empresas inclusivas. Foto: Inclúyeme.
Una solución tecnológica
Melanie es una de las 1.400 personas con discapacidad que han conseguido trabajo a través del portal Inclúyeme desde su creación en el 2013. Para Marcolongo, la inspiración de crear el portal surgió desde su experiencia personal.
“Me tocó vivir de primera mano cómo a alguien con discapacidad se le cierran las puertas laborales, incluso con educación”, cuenta Marcolongo. De chico, su padre perdió la visión de un ojo y a pesar de haber completado su carrera universitaria y de posgrado, estuvo 2 años hasta encontrar un trabajo.
Inclúyeme funciona como un portal de empleo que busca ayudar a las personas con discapacidad a conseguir trabajo. En el portal, pueden crear un perfil, subir su CV y certificado de discapacidad, y postular a distintas búsquedas laborales. Al mismo tiempo, ayuda a empresas que quieren contratar a personas con discapacidad a postular avisos y encontrar los candidatos apropiados.
Desde su creación, el portal se ha expandido a Brasil, Chile, México, Perú y Uruguay. Su red de clientes incluye más de 350 empresas nacionales e internacionales que utilizan el portal para encontrar talento. Entre todos los países hay 200,000 personas registradas en el portal.
Además de funcionar como un portal de empleo, Inclúyeme también ofrece consultorías para asesorar a empresas que busquen ser más inclusivas.
“Las empresas lo que necesitan son las ganas de ser inclusivas. Después nosotros los ayudamos a aprender cómo entrevistar, decidir los puestos apropiados, y entender por qué es importante contratar a alguien con discapacidad”, dice Marcolongo.
Para Marcolongo, contratar a personas con discapacidad no se trata solo de una misión social, sino que también tiene beneficios de negocios para las empresas.
“Como empresa, la política es siempre tomar los mejores empleados que puedas para tu organización. Desde ese punto de vista, la estrategia debería ser buscar en el 100% de la población, no solo una fracción. Pero hoy en día el 12% de las personas en argentina tienen alguna discapacidad queda fuera del mercado laboral”, dice Marcolongo.
Un marco regulatorio que acompaña
En Argentina existen varias iniciativas del estado que buscan promover la inserción laboral de las personas con discapacidad.
Según la Ley 25.689, el Estado nacional está obligado a ocupar personas con discapacidad en una proporción no inferior al 4% de la totalidad de su personal. Esto incluye los tres poderes del estado, organismos descentralizados o autárquicos, entes públicos no estatales, empresas del Estado y empresas privadas concesionarias de servicios públicos.
Sin embargo, existen informes que determinan que la mayoría de los organismos públicos no están cumpliendo con la ley.
Además, desde el 2006, Argentina cuenta con un Programa de Inserción Laboral para personas con discapacidad, el cual promueve la inserción de los trabajadores con discapacidad mediante incentivos económicos a empleadores públicos y privados para su contratación. Bajo el programa, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social aporta durante un período de tiempo determinado parte del salario de un trabajador con discapacidad. Dependiendo del sector de trabajo y la carga horaria del puesto, esta ayuda económica puede variar entre $1200 y $2000 al mes.
Según Stefan Tromel, especialista en discapacidad de la Organización Internacional del Trabajo, estas políticas incentivan a la inclusión laboral de personas con discapacidad a largo plazo.
“Muchas empresas comienzan su trabajo en el ámbito de la discapacidad para poder cumplir por la normativa legal vigente pero pronto se dan cuenta de las ventajas que contratar a personas con discapacidad tienen para sus empresas”, dice Tromel. “Por ejemplo, se dan cuenta del impacto positivo de la imagen de la empresa ante sus clientes y cómo una empresa más diversa es más capaz de hacer frente a las necesidades cambiantes del mercado”.
Pero para Marcolongo, aunque estas políticas son un paso hacia la dirección correcta, no son suficientes.
“Todo lo que es discapacidad está atravesado por salud, educación y empleo. No podes atacar ninguno individualmente si queres solucionar el problema en serio”, dice Marcolongo. “Si hay un buen sistema de tratamiento para una persona con discapacidad, puede generar más capacidades. Si esa persona logra acceder un sistema de educación donde sean accesibles las aulas, y los profesores puedan dar buenas clases adaptadas, puede que esa persona se reciba. Y si el mercado laboral está maduro, puede aceptar a estas personas”.
Fabián tiene 44 años y nació sordo. De pequeño aprendió a leer, escribir y hablar gracias al apoyo de un colegio especializado en discapacidades auditivas, lo que le permitió completar sus estudios con normalidad. Pero tal como Melanie, se enfrentó con una barrera al momento de buscar trabajo.
“Fui a muchos a talleres de búsquedas de empleo, talleres para aprender cómo entrevistar, constantemente modificaba y mejoraba mi currículum vitae,” cuenta.
A través de una amiga hipoacúsica, Fabián conoció Inclúyeme y empezó a utilizar el portal para buscar trabajo. Luego de postularse a varios cargos, consiguió una posición en Gire Soluciones, una empresa de servicios tecnológicos, a principios de este mes. Allí trabaja en el área de datos y sistema de cheques.
Pero sobre todo, como Melanie, trabaja para derribar las barreras sociales que obstaculizan el desarrollo personal y profesional de las personas con discapacidad.
“Es importante que la gente se informe, que entienda que tener algún tipo de discapacidad no significa que una persona esté incapacitada para trabajar”.
Francisco tiene 18 años y le apasionan los caballos. Cuando tenía un mes y medio de vida, sobrevivió a un paro respiratorio que le causó un daño neurológico severo. Después de varios estudios, los médicos determinaron que Francisco sufría de parálisis cerebral, y que era probable que nunca pudiera caminar ni levantar la cabeza por sí solo. Pero casi dos décadas después, y a pesar del diagnóstico, Francisco camina, levanta la cabeza, y anda a caballo dos veces por semana.
La primera vez que Francisco se subió a un caballo fue cuando apenas tenía tres meses. Luego del paro, los médicos le hablaron a su madre sobre los beneficios de la equinoterapia, y cómo el tratamiento podría ayudar a Francisco a mejorar la postura, adquirir la marcha, y ubicarse en el espacio.
“La equinoterapia le cambió la vida”, dice hoy Elena Cataldi, mamá de Francisco.
Tras ver el impacto que la equinoterapia tuvo en Francisco, Cataldi creó en el 2005 la Fundación de Equinoterapia del Azul, en Salta. La fundación se dedica a la rehabilitación de personas con diferentes patologías, particularmente niños con parálisis cerebral, autismo y otras discapacidades severas, mediante el uso terapéutico del caballo y su entorno.
Hoy en día, la fundación atiende a más de 90 personas, y es una de las 200 instituciones de equinoterapia del país que están impulsando una Ley Nacional de Equinoterapia. A pesar de que 8 provincias ya han sancionado leyes provinciales de equinoterapia, a nivel nacional todavía no existe una ley que regule la actividad, la reconozca como un método terapéutico válido, y por ende la incorpore al Plan Médico Obligatorio de obras sociales y prepagas.
“La equinoterapia mejora mucho la calidad de vida, desde el punto de vista motor, social y emocional. ¿Cómo no voy a querer que más chicos como Francisco puedan acceder a este tipo de terapia?”, dice Cataldi.
La fundación Equinoterapia del Azul atiende a más de 90 personas, y es una de las 200 instituciones del país que están impulsando una Ley Nacional de Equinoterapia. Foto: Equinoterapia del Azul.
Los orígenes de la equinoterapia se remontan a la Antigua Grecia, cuando los caballos se utilizaban como apoyo terapéutico para personas con patologías incurables. En la edad moderna, la equinoterapia se desarrolló a mediados del siglo XX en Alemania, Austria y Suiza como complemento a la terapia física tradicional, luego expandiéndose a Estados Unidos y Canadá.
En Argentina, la práctica comenzó en 1978 de la mano de María de los Ángeles Kalbermatter, fundadora de la Asociación Argentina de Actividades Ecuestres para Discapacitados (AAAEPAD). A los 27 años, Kalbermatter fue diagnosticada con cáncer y sufrió una amputación de la pierna derecha. Fue durante su recuperación que descubrió la equinoterapia.
“Vi que en otros países se usaba la equitación como terapia, pero acá no había nada de eso”, cuenta Kalbermatter, que ahora organiza actividades de equinoterapia en el Hipódromo de Palermo y en Campo de Mayo, en la Provincia de Buenos Aires. Allí asisten más de 900 chicos con diversos tipos de discapacidad, ya sea sensorial, física, o mental.
Según expertos, la equinoterapia tiene beneficios físicos, psicológicos y emocionales.
Es una tarde fresca de otoño en el Club Hípico La Horqueta, en San Isidro. En uno de los corrales de equitación, Iñaki se encuentra tomando su clase semanal. Arriba de su caballo, practica su postura, canta canciones, y cabalga de espaldas. Cada vez que pasa en frente de sus padres, que lo observan desde fuera del corral, les manda besos por el aire.
Iñaki tiene 4 años y nació con síndrome de Down. A sus 2 años, empezó a practicar equinoterapia a recomendación de sus médicos para mejorar su equilibrio, postura, y tono muscular.
“Además de todos los beneficios físicos, Iñaki generó un vínculo muy especial con los animales. A la segunda clase ya se había subido al caballo. Le encanta”, dice Alejandra, la mamá de Iñaki.
La equinoterapia se basa principalmente en tres principios terapéuticos: la transmisión del calor corporal del caballo, los impulsos rítmicos y la cadencia de paso equivalentes a los de la marcha humana. A través de distintas actividades sobre el caballo, los pacientes mejoran su postura, equilibrio, y habilidades motrices. Además de los beneficios físicos, expertos en el tema también notan importantes beneficios psicológicos y emocionales.
“Enseñamos a los chicos a cuidar al animal, a interpretar su estado de ánimo. Se genera un vínculo emocional”, dice Celeste Álvarez, instructora de equinoterapia de Iñaki. “Además se genera un autoestima que es fundamental para los chicos que tienen una discapacidad. Los niños pueden pasar situaciones difíciles de discriminación con otros chicos en el colegio. Pero arriba del caballo somos todos iguales”.
Todos los pacientes que practican equinoterapia junto a Iñaki son derivados por sus pediatras, médicos de cabecera, o neurólogos.
Jimena Lupo, licenciada en terapia ocupacional y supervisora de equinoterapia, explica que dependiendo de la patología y edad de cada chico, se arma un plan personalizado en conjunto con el equipo de rehabilitación de cada paciente. En vez de ser una terapia aislada, se trabaja de manera interdisciplinaria y complementaria con el equipo de terapias tradicionales.
Aunque no haya números oficiales, se estima que miles de niños y adultos con discapacidad alrededor del país usen la equinoterapia para complementar otras terapias tradicionales. Sin embargo, solo en 8 provincias (Salta, Tucumán, Mendoza, Chaco, La Pampa, Chubut, Río Negro y Santa Fe) es una actividad regulada y es cubierta por las obras sociales provinciales.
En el resto del país, a falta de una ley que reconozca la equinoterapia como un tratamiento válido y la incorpore en el Programa Médico Obligatorio, las obras sociales no están obligadas a cubrir los costos de este tipo de terapia.
Según Cataldi, quien impulsó el proyecto de ley en Salta en el 2016, uno de los obstáculos más grandes es el costo que conlleva la actividad.
El precio de una sesión de equinoterapia puede costar entre $470 y $800 la media hora, dependiendo del tipo de centro y su ubicación. La mayoría de los niños hacen este tipo de terapia por lo menos una vez a la semana, lo que implica un costo mensual mínimo de $1.880-$3.200.
“El costo de mantenimiento de la equinoterapia es muy alto. La mayoría de los centros que hay a nivel país somos organizaciones sin fines de lucro. Tenemos muchos chicos becados, pero hay otros que no podemos becar y que no pueden entrar porque la obra social no los cubre”, cuenta Cataldi.
Otro de los grandes obstáculos es la falta de evidencia científica que determine de manera definitiva los beneficios de la equinoterapia. Entre 2006 y 2016, se publicaron 156 investigaciones biomédicas sobre la equinoterapia alrededor del mundo. Sin embargo, muchos expertos concuerdan que estos estudios no proveen evidencia conclusiva sobre la efectividad de la práctica. Esto también impacta en la disposición de las obras sociales para cubrir los costos de la equinoterapia.
A sus 7 años, Martina practica equinoterapia hace casi 3 años. A pesar de que su obra social le cubrió el tratamiento los primeros dos años, este año dejó de hacerlo.
“Nos llegó una carta de la obra social diciendo que no iban a cubrir más la equinoterapia y recomendandonos que haga kinesiología porque está comprobado que ese tipo de terapia funciona”, cuenta María Victoria Andrade, la mamá de Martina.
Actualmente, hay 3 proyectos de ley nacionales que esperan ser tratados en el congreso para que chicos como Francisco, Iñaki y Martina puedan acceder a la equinoterapia a través de sus obras sociales.
Además de instituir la equinoterapia como un método terapéutico y complementario de terapias tradicionales, estos proyectos buscan reglamentar la actividad.
“Hay centros que trabajan muy bien, con la infraestructura y el equipo adecuado. Pero necesitamos que haya un ente regulador a nivel nacional que asegure que la actividad se norme y se regule”, dice Cataldi, que es la impulsora de uno de los proyectos.
En marzo de este año, la senadora nacional de Río Negro, Silvina García Larraburu, presentó por segunda vez el proyecto de ley S-394/18 para implementar un Programa Nacional de Equinoterapia que busca “establecer un marco normativo e institucional” y “reconocer el valor terapéutico, biológico, psíquico y social de la equinoterapia”.
En el 2016, el proyecto llegó a la comisión de salud pero no fue tratado. Desde el despacho de la senadora aseguran que hasta ahora no ha habido oposición política hacia el proyecto, pero que es esencial que las organizaciones involucradas y la ciudadanía se movilizen para demandar el tratamiento parlamentario del proyecto, que actualmente espera ser tratado en la comisión de salud.
Con este fin, los centros de equinoterapia alrededor del país lanzaron en las últimas semanas una campaña en redes sociales con el mensaje “Argentina necesita una #LeyNacionalDeEquinoterapia”. Para acompañar la campaña, la Red Nacional de Equinoterapia lanzó una petición en Change.org que ya lleva más de 18.000 firmas.
Firmá la petición para que se sancione la Ley Nacional de Equinoterapia FIRMÁ
Al mismo tiempo, el Club Hípico La Horqueta está llevando a cabo un trabajo de investigación junto a la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evaluar de manera cuantitativa los beneficios de la equinoterapia.
“La idea es brindar evidencia científica que demuestre que la equinoterapia funciona y que es un tratamiento integral que brinda posibilidades en un ambiente ajeno a los centros de salud”, dice Valeria Moletto, especialista en neurodesarrollo e investigadora de desvíos del desarrollo para la OMS. “Vamos a ir documentando el progreso de un grupo de chicos con parálisis cerebral y autismo y presentar la evidencia a la OMS para que de una vez se pueda generar una ley nacional”.
A Zoe le cambió la vida Justin Bieber. No por sus canciones, ni por su apariencia, sino porque, a sus 12 años, el fanatismo de Zoe por el cantante canadiense la llevó a descubrir el fan-fiction. La pasión por este tipo de literatura la inspiró a empezar a escribir sus propias historias. A sus 17 años, Zoe tiene una novela terminada y varias en proceso.
“Justin Bieber cambió mi vida. ¿Cómo? Me abrió las puertas a un mundo maravilloso: el de la literatura”.
Con esas palabras, la estudiante de la Escuela de Comercio número 20 del barrio porteño de Villa Crespo concluyó su charla frente a un auditorio colmado. 550 docentes y estudiantes la escucharon el pasado abril en la Usina del Arte. La charla, corta, cautivadora, graciosa, fue dada en el conocido formato de charlas TED, una iniciativa que comenzó en Estados Unidos con el objetivo de promover “ideas dignas de difundir”.
Zoe es una de las 8.500 de estudiantes alrededor del país que participa de los Clubes TED-Ed, un programa que busca combinar la innovación de las charlas TED con el proceso educativo en las escuelas. Su objetivo: transformar la educación.
La idea de incorporar la plataforma TED al sistema educativo surgió en 2014, luego de que los organizadores de TEDx Río de La Plata, la conferencia anual de TED en Buenos Aires (y la más grande del mundo), se dieran cuenta del impacto que la plataforma podría tener en las aulas de las escuelas secundarias.
“En Argentina, vimos que muchos docentes empezaban a agarrar nuestras charlas TED y usarlas como material didáctico en las aulas”, cuenta Ariel Hache Merpert, parte del equipo de TEDx Río de La Plata. “Al mismo tiempo, los oradores nos empezaban a decir que los que más habían cambiado en el proceso de dar la charla eran ellos, porque se les ocurrían ideas nuevas y creaban narrativas coherentes para su proyecto”.
Fue así como en 2015, el proyecto Clubes TED-Ed se lanzó como prueba piloto en 8 escuelas de la Ciudad y Provincia de Buenos Aires.
“Al final de ese primer año, observamos que los docentes contaban que nunca les había pasado algo así. Nunca se habían sentado con sus estudiantes a preguntarles lo que les interesaba. Y habían terminado generando un producto colectivo que cambió la dinámica y los vínculos entre los docentes y estudiantes”, cuenta Merpert.
Desde entonces, la red de clubes se ha expandido a todas las provincia. Ya son 400 escuelas, entre públicas y privadas, más centros de educación alternativos, que participan de la iniciativa.
A través del sitio web de Clubes TED-Ed, docentes y directivos interesados en crear un taller en sus escuelas postulan para ser parte de la iniciativa, recibir un plan general de trabajo, y participar de capacitaciones virtuales y presenciales. Aunque el vínculo se genera independientemente entre las escuelas y TED, la iniciativa cuenta con el auspicio del Ministerio de Educación Nacional, que apoya a los docentes para asistir a las capacitaciones presenciales.
“La educación secundaria en Argentina está en crisis, todos están de acuerdo, docentes, políticos, directivos. Está claro que parte de esa crisis es el vínculo entre los estudiantes y los docentes. Existe una necesidad de algo que ayude a que eso mejore un poco”, sostiene Merpert. Y ellos pretenden justamente ser eso, aportar herramientas para mejorar ese vínculo.
Los Clubes TED-Ed tienen una dinámica más distendida que una clase normal. Foto: TEDx Río de La Plata.
Es viernes a la tarde en el Colegio Parroquial Juan XXIII, en San Isidro. En el segundo piso de la escuela, en una amplia aula, se encuentra un grupo de 10 estudiantes de sexto año y tres maestros. A pesar de que la jornada escolar finalizó al mediodía, este grupo decidió quedarse para participar del Club TED-Ed que ofrece la escuela como actividad extracurricular.
Los Clubes TED-Ed se organizan en cada escuela en una serie de encuentros semanales, en los cuales los estudiantes desarrollan una idea propia y aprenden a comunicarla. Estos encuentros, facilitados por maestros de los mismos colegios, se llevan a cabo en un plazo de 3 meses y tienen tres etapas: inspirar, construir y comunicar.
En el caso del Colegio Parroquial Juan XXIII, el taller está facilitado por un grupo interdisciplinario de tres maestros: Inés Herrera Vegas, profesora de filosofía, Javier Simonte, profesor de formación cristiana, y Gustavo Peregrina, psicólogo del colegio.
Luego de haber escuchado sobre la iniciativa a través de sus redes, Peregrina le propuso al director del colegio crear un Club TED-Ed en la escuela. Después de tener una experiencia exitosa el primer año, este es el segundo año en el cual se organiza el taller.
Para los maestros involucrados, la riqueza del club se encuentra no tanto en la charla en sí misma, sino en el proceso que los estudiantes y maestros comparten para llegar hasta la charla.
“Es muy rico el vínculo que se genera. Mostras cosas tuyas y conoces a los chicos de una manera que en la clase no se da”, dice Herrera Vegas. “Los chicos se sienten escuchados, cuentan cosas que ni siquiera sus compañeros sabían. Se nota también en mis clases de filosofía. Se animan a participar más y a decir cosas que antes no me decían”.
Los estudiantes que participan del taller también reconocen este valor.
“Me di cuenta que el colegio estaba ayudando a los alumnos a tener un espacio para poder hablar, mostrar y contar una idea que tengan. Está bueno que te puedan dar el espacio para hacerlo”, dice Ramiro uno de los estudiantes que a sus 17 años decidió quedarse esta tarde para participar del taller.
Otro impacto que notan tanto los maestros como los estudiantes que participan del taller es la creciente confianza que tienen los alumnos para expresarse en público.
“Quizás antes me guardaba algún comentario en clase porque me parecía tonto, que no tenía sentido. Pero ahora me doy cuenta que cuando comparto algo mis compañeros me escuchan y me felicitan. Eso cambia mucho”, dice Joaquín, otro de los estudiantes del taller.
El año pasado, la iniciativa de Clubes TED-Ed formalizó un equipo de investigación que busca investigar más en detalle el impacto de los talleres sobre la educación: ¿tienen impacto en cómo les va a los estudiantes en otras materias?¿disminuyen el ausentismo y la deserción?
La investigación se está llevando a cabo en el actual año escolar y se planea tener los resultados finales para fin de año. Pero según los organizadores, las repercusiones cualitativas de los talleres hasta ahora han sido abrumadoramente positivas.
“Nos llegan todo el tiempo mails de padres contandonos que los chicos les cuentan cosas que antes no les contaban, ideas y cosas que les apasionan”, dice Merpert. “También hacemos encuesta a los estudiantes al final del proceso y nos dicen cosas como por ejemplo, ‘aprendí cosas de mi mismo que no sabía, aprendí a contar una idea, estructurar mis pensamientos’”.
Todas las charlas que dan los estudiantes en sus colegios se filman y suben al canal de YouTube de Clubes TED-Ed. Hasta el día de hoy, se han subido más de 1.300 charlas de estudiantes de todo el país.
Al mismo tiempo que el equipo de TEDx Río de La Plata ideaba el proyecto de Clubes TED-Ed en 2014, la misma idea estaba naciendo paralelamente en la sede central de TED en Nueva York.
Cuatro años después, la iniciativa se ha expandido internacionalmente. Al día de hoy, hay más de 4.000 Clubes TED-Ed alrededor del mundo. 400 de estos se encuentran en Argentina, el país con más clubes del mundo. Lo sigue Estados Unidos con 300 escuelas participantes.
El objetivo de los organizadores de Clubes TED-Ed en Argentina es llegar a todas las escuelas del país. Merpert cree que aunque el objetivo sea ambicioso, el gran interés que han demostrado las escuelas y los docentes del país para incorporar la iniciativa demuestra que es posible.
“Los clubes TED-Ed funcionan por la misma razón que funciona TEDx Río de La Plata. En Argentina no estamos acostumbrados a contar una idea de manera efectiva, corta, y cautivadora. Estamos acostumbrados a los discursos largos, a los sesgos. Lo que propone esto es un consumo distinto, una apreciación nueva de las ideas”.
La Villa 21-24 y Zavaleta es uno de los barrios de emergencia con mayor presencia de fuerzas de seguridad del país. En ella operan la Policía de la Ciudad, la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería. La desconfianza hacia las fuerzas instó a los vecinos a controlarlas. Ya registraron más de 1.000 denuncias de abuso. El Gobierno de la Ciudad creó una oficina para auditar los casos.
Era una noche como cualquier otra para Alejandra Díaz, que junto a su madre miraba los noticieros en su casa en la Villa 21-24 y Zavaleta. Pero esa noche de agosto del 2010 no terminó siendo como cualquier otra. Pasadas las 23, apareció en la pantalla del televisor una imagen familiar para sus ojos: la gorra de su hijo de 16 años, Luis. Bajo la imagen, el titular leía “Hampón abatido por mujer policía”.
Las horas que siguieron fueron borrosas para Alejandra, quien las vivió como en una película. Llamó a la policía y a los hospitales, fue a la morgue y a la comisaría de turno, donde le dijeron que volviera a su casa. No fue hasta la tarde del próximo día que, en el hospital del barrio, Alejandra pudo identificar el cuerpo sin vida de su hijo.
Según la causa, Luis murió de dos disparos efectuados por una oficial de la Policía Federal. Una en el ombligo, a menos de 10 centímetros de distancia, y otra en la espalda, en diagonal. La defensa de la oficial sostiene que Luis había tratado de robarle el auto junto con otros dos jóvenes que estaban armados. Pero a falta de testigos y evidencia, la investigación quedó frenada.
“Yo no sé cómo fueron los eventos, porque no estaba ahí y tampoco había ningún otro testigo”, cuenta Alejandra. “Pero si fue como dice ella, Luisito cobró muy caro su error. Lo hubiera herido y lo hubiese llevado preso, pero un auto no vale la vida de un chico”.
Alejandra, con la imagen de su hijo Luis pintada en la remera. Él fue muerto por una oficial de la Policía Federal.
Luis es una de las 950 personas muertas por fuerzas de seguridad en Capital Federal y el Conurbano Bonaerense entre 2010 y 2017. Los datos surgen de un relevamiento del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) basado en información publicada en medios de comunicación (no existen datos oficiales sobre el tema).
Según Manuel Trufo, Coordinador del Área de Violencia y Seguridad del CELS, los casos de violencia y letalidad policial son particularmente graves en las villas.
“Las fuerzas de seguridad no trabajan igual en los barrios de clase media y alta que en los barrios pobres, donde se toleran prácticas de hostigamiento, o allanamientos violentos”, dice Trufo. “La excusa es que se tratan de barrios que son más peligrosos, entonces la violencia policial forma parte de las dinámicas de violencia que hay en las villas, y en lugar de desescalar esta violencia, la empeoran y generan más resentimiento”.
Este resentimiento, según Trufo, también está acompañado por una profunda desconfianza por parte de las familias que viven en las villas hacia las fuerzas de seguridad que operan en estos territorios.
“Yo veo a la policía cruzando por mi calle a la noche, y más que estar seguro me da miedo de que me peguen por negro, o por villero, cosa que me ha pasado muchas veces. Es horrible”, cuenta Marcos Basualdo, un vecino del barrio Fátima en Villa Soldati.
Juan Pablo Arenaza, Subsecretario de Vinculación Ciudadana del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, reconoce que la falta de confianza entre los vecinos de las villas de la ciudad y las fuerzas policiales es un problema que lleva años gestándose.
“La desconfianza la reconozco como válida porque hay situaciones que son complicadas por la historia que tenemos en el país con las fuerzas de seguridad”, dice Arenaza. “Se necesitan cambios culturales a largo plazo. El 99% de los policías son buena gente”.
Si bien esta tensión y relación de desconfianza entre las fuerzas de seguridad y los vecinos permea muchos barrios pobres del país, es particularmente intransigente en el barrio donde vive Alejandra, la Villa 21-24 y Zavaleta. Esta villa que se ubica entre los barrios de Barracas y Nueva Pompeya es la más grande de la Ciudad de Buenos Aires, y allí viven más de 50.000 personas, según los últimos datos disponibles.
En ella también operan cuatro fuerzas de seguridad: la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería. Esta confluencia de fuerzas policiales se encuentra vigente desde el 2011, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner implementó el Plan Unidad Cinturón Sur, una política de seguridad que le otorgó jurisdicción a las fuerzas nacionales en la parte sur de la Capital Federal.
“Tenes a nenes jugando en la plaza y al lado a un soldado con un arma enorme. Es fuerte la imagen, porque en ningún otro lado, en ningún otra plaza sucede de la misma manera”, cuenta uno de los vecinos.
Los niños de la Villa Zavaleta conviven con la constante presencia de fuerzas armadas.
La muerte de su hijo fue lo que llevó a Alejandra a empezar a colaborar con La Poderosa, una organización social fundada en el 2004 que cuenta con asambleas de vecinos en 80 villas del país y también en otros países de la región como Uruguay, Brasil, México, y Perú.
Mediante talleres de educación, cooperativas de trabajo, y una propia revista (La Garganta Poderosa), la organización busca contrarrestar la estigmatización social hacia las villas. Las asambleas también organizan espacios de contención para los chicos, como talleres de fútbol, música y arte.
Pero no fue hasta el 2013, con la muerte de Kevin, un chico de 9 años que murió en medio de un tiroteo en una zona liberada, que Alejandra y el resto del equipo de La Poderosa decidió que era hora de hacer algo para contrarrestar la violencia policial.
“Después de la muerte de Kevin, lo que decidimos fue que ningún pibe más iba a morir. Primero íbamos a poner nosotros nuestro cuerpo, para que la bala nos pegue a nosotros y no a los chicos”, cuenta Alejandra.
Fue así como se generó el dispositivo de Control Popular a las Fuerzas de Seguridad, una comisión de vecinos que busca controlar el accionar de las fuerzas y recolectar denuncias de víctimas de violencia policial en las villas. En su primer mes de funcionamiento recibieron 250 denuncias de casos de violencia policial en el barrio. El año pasado recolectaron cerca de 1000 denuncias en todo el país, que incluían casos de detención arbitraria hasta casos de tortura.
“Nos dividimos en turnos de mañana y tarde, hacemos rondas por el barrio y relevamos casos de violencia policial. Todos en la villa tienen nuestro número, así que si pasa algo a cualquier hora del día, nos llaman y vamos para allá”, explica Alejandra.
Para los vecinos que forman parte del Control Popular (que hacen las rondas totalmente desarmados), lo más importante no es sólo tratar de evitar otros casos como los de Luis y Kevin, sino también lograr recolectar evidencia y testimonios para que las investigaciones judiciales de estos casos sean más justas. Con ese fin, colaboran directamente con el CELS, la fiscalía y la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin).
“Hay un problema estructural en la investigación judicial de abusos policiales. En la mayor parte de los casos, los funcionarios judiciales trabajan con la versión policial de los hechos”, dice Trufo. “Los fiscales no van a los barrios populares a investigar, no van a buscar testigos. Entonces la causa se cae automáticamente. Se genera mucha impunidad”.
Aunque el dispositivo de Control Popular se originó en la Villa 21-24 y Zavaleta, ahora existen dispositivos similares en otras villas alrededor del país y se planea expandir el modelo a las otras asambleas de La Poderosa en América Latina.
Antonela Yñiguez, Alejandra Díaz y Marcos Basualdo forman parte del Control Popular.
A comienzos de este mes, el Relator Especial sobre tortura de las Naciones Unidas, Nils Melzer, vino al país para evaluar la situación de tortura y otros tratos de violencia en Argentina. Entre sus actividades, Melzer visitó la Villa 21-24 y Zavaleta, donde conoció el dispositivo de Control Popular.
“Viven una realidad muy difícil, marginada, que tiene dificultades para mantener la normalidad y seguridad en su vida. El abuso que sufren de parte de las fuerzas los ha herido y hasta traumado”, dijo Melzer en una conferencia de prensa durante su visita.
En sus observaciones, Melzer también instó al gobierno nacional a crear órganos independientes de control sobre las fuerzas de seguridad para evitar la arbitrariedad en las investigaciones de violencia policial.
Desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, se reconoce la necesidad de implementar un sistema de auditoría independiente como el que menciona Melzer.
“Hoy en el mundo las fuerzas de seguridad tienen auditorías externas. Las auditorías de asuntos internos no existen más porque uno no se puede auditar a uno mismo”, dice Arenaza.
Para responder a estas preocupaciones, el ministerio creó a fines del 2017 una Oficina de Transparencia y Control Externo a cargo de recibir e investigar denuncias de violencia policial en la ciudad. La oficina también tiene a cargo planificar programas para prevenir “faltas éticas y abusos funcionales graves” de las fuerzas de seguridad, según la ley que reglamenta su creación.
Para Trufo, la creación de esta oficina constituye un avance, pero todavía es difícil evaluar su funcionamiento por falta de informes oficiales sobre el desempeño de las investigaciones. Asimismo, por ser un órgano dependiente de la Ciudad de Buenos Aires, no tiene incidencia sobre casos que involucren a las fuerzas federales presentes en la Villa 21-24 y Zavaleta.
A pesar de los desafíos que quedan en el camino, Alejandra es optimista sobre el impacto que el Control Popular está teniendo en las villas. “Los vecinos están conformes, están agradecidos. Y lo más importante: confían en nosotros”.
Hugo Pérez tiene 57 años y hace 8 años que está internado en el Hospital Neuropsiquiátrico Colonia Domingo Cabred, en Luján. A unos 80 kilómetros, en el barrio de Barracas de la Ciudad de Buenos Aires, Andrea Scaturro y Karina Senabre están internadas hace más de una década en el Hospital Moyano. Los tres tienen mucho en común: padecen un trastorno de salud mental pero hace años que obtuvieron su alta médica. Sin embargo, siguen internados.
La situación de estas personas con padecimientos mentales contrasta con la de personas como José y Angie, quienes viven en Bariloche y, a pesar de haber sufrido psicosis aguda, viven en su propia casa y participan a diario de varios talleres y clases.
Según la Ley Nacional de Salud Mental, sancionada en 2010 y reglamentada en 2013, Hugo, Andrea, Karina, y muchos otros en la misma situación deberían ser trasladados a dispositivos comunitarios fuera del psiquiátrico, como casas de medio camino o viviendas asistidas. Pero a falta de estos recursos, y debido a un lento avance en la implementación de la ley, siguen institucionalizados.
“La ley argentina de salud mental es una ley modelo, es innovadora para la región en materia de salud pública. Entre otras cosas, por su enfoque en los derechos humanos de las personas con trastornos mentales”, sostiene Hugo Cohen, médico especialista en psiquiatría y asesor de la Organización Panamericana de la Salud. “Ahora, cuando uno va a ver cuestiones concretas… la implementación es casi nula”.
Al respecto, el nuevo Director Nacional de Salud Mental, Luciano Grasso, aseguró que se están dando los primeros pasos hacia la implementación de la ley.
Una ley modelo
Entre otras reformas al sistema, la ley prohíbe la creación de nuevos manicomios, exige el cierre de los manicomios existentes para el 2020 y su sustitución por dispositivos alternativos. También establece que las internaciones de salud mental se realicen en hospitales generales.
Desde la comunidad internacional, instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) concuerdan en que este modelo de salud mental comunitaria es el que se debería implementar para un tratamiento más integral y humano de los trastornos mentales.
En un informe sobre el tema, la OMS declara: “Sabemos que las grandes instituciones mentales ya no representan la mejor opción para los pacientes y sus familias. Esas instituciones llevan a una pérdida de habilidades sociales, restricción excesiva, violaciones de derechos humanos, dependencia, y una reducción en oportunidades de rehabilitación”.
El desafío de la implementación
La ley Argentina también requiere de que cada dos años se haga un censo nacional en todos los centros de internación en salud mental del ámbito público y privado.
“La idea del censo no es solamente medir el número de personas internadas, sino también sus condiciones de vida, cuántos años llevan institucionalizadas, cómo viven”, explica Celeste Fernández, coordinadora del área de discapacidad y derechos humanos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Según los plazos establecidos por la ley, ya deberían haberse realizado 4 censos de este tipo. Pero hasta el día de hoy, no se ha realizado ninguno. Los psiquiátricos públicos en el país, según estiman los especialistas, alojan a unas 50.000 personas. Sin incluir a las internadas en instituciones privadas.
“Esta falta de datos impide crear una red adecuada de dispositivos alternativos, no se sabe cuáles son las necesidades de la población, si simplemente requieren de una enfermera en su casa, un programa de reinserción laboral, o una casa de medio camino”, dice Fernández.
Al respecto, Grasso revela que el primer censo de instituciones psiquiátricas públicas y privadas del país estará terminado en diciembre de este año. Luego de obtener el aval de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Órgano de Revisión de Salud Mental, la dirección lanzará dos pruebas piloto en La Rioja y Jujuy esta semana.
Pero según un relevamiento realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en el 2017, el censo es solo uno de los elementos de la ley en la que no ha habido avance en los últimos 8 años. “Tampoco se avanzó en un programa orientado al cierre de los manicomios, no se ampliaron los cupos para disponer internaciones por razones de salud mental en los hospitales generales, ni se desarrolló una política de viviendas asistidas para quienes podrían ser externados”.
Según las organizaciones de la sociedad civil mencionadas, la falta de avance en la implementación de la ley no solo se da en la Ciudad y provincia de Buenos Aires, sino en casi todo el país.
“Los hospitales psiquiátricos en Córdoba, Mendoza y Santa Fe viven una situación muy parecida. Usan la medicación como único método de tratamiento, la sobremedicación como método de normalización de conductas, el encierro como medida terapéutica”, dice Macarena Sabin Paz, coordinadora del área de salud mental del CELS. “Todas estas son prácticas que produce el mismo sistema manicomial”.
Falta de capacitación
La falta de avance en la implementación de la ley de salud mental se arraiga en una confluencia de factores. Uno de ellos es la falta de capacitación adecuada de los profesionales.
“Históricamente, las currículas y los planes de formación están vinculados a un modelo asistencial e individual, donde se privilegia el hospital psiquiátrico. Estamos formados para trabajar en el ámbito privado”, dice Grasso. “Tener profesionales que tengan otra mirada requiere otro tipo de formación. No hay una mirada integral, de procesos terapéuticos y comunitarios”.
En este sentido, la Dirección Nacional de Salud Mental en colaboración con la OMS busca implementar una estrategia de formación de profesionales.
“Tenemos una línea de capacitación en la cual se los entrena para abordar los temas de salud mental en el primer nivel de atención y a abordar las urgencias en las guardias”, cuenta Grasso. “Pero también hay que tratar de avanzar en reformas curriculares en la carrera de grado. Para eso estamos planificando reuniones con distintas facultades para acercarles un documento con sugerencias curriculares”.
Otra barrera, hasta el momento, es la presupuestaria. Según lo establecido por la ley, el presupuesto otorgado a salud mental debe ser por lo menos un 10% del presupuesto total de salud. Sin embargo, un informe realizado por ACIJ muestra que, en base a los datos disponibles, el presupuesto de salud mental representa menos del 2% del total destinado a salud.
Asimismo, solo alrededor del 0.03% del presupuesto de salud está destinado a la Dirección Nacional de Salud Mental, que se encarga de ejecutar la ley sancionada en 2010.
“En gran medida, los recursos presupuestarios siguen estando fuertemente vinculados a los hospitales psiquiátricos y no a recursos para que la gente pueda vivir en la comunidad y no en los psiquiátricos”, dice Sabin Paz.
Sobre este aspecto, Grasso aclara que se están implementando partidas presupuestarias que no provienen del presupuesto específico de la Dirección Nacional de Salud Mental.
“Hay muchas acciones que tienen un financiamiento muy importante por fuera de la dirección”, dice Grasso. “El costo de la construcción de viviendas se está presupuestando bajo el Ministerio de Salud y el de Obras Públicas. Y la OPS financia parte del censo y la formación del mhGAP”.
Un cambio social
Tanto Grasso como las organizaciones de sociedad civil concuerdan que, para lograr una reforma integral del sistema de salud mental, es tan importante un compromiso político como social.
“Nadie debería vivir en un hospital. Tenemos que aprender a ser tolerantes con la diversidad y convencer que alguien con un trastorno de salud mental no es peligroso” dice Grasso. “La desmanicomialización la hacemos si nos juntamos políticos, trabajadores, usuarios de salud mental y familiares, para transformar lo imposible en posible.”
*Foto de portada: Hospital psiquiátrico Melchor Romero en La Plata. Crédito: CELS.
A sus 47 años, José González es tímido, serio. Raramente sonríe. Pero cuando la música empieza a sonar en el salón cultural de Bariloche, deja el mate de lado, agarra la mano de su novia, Angie, y sale a la pista a bailar. Los rodean otras parejas, familias, niños, algunos con la cara pintada, otros vestidos con trajes coloridos de murga.
Es una escena que, para un observador común, podría estar sucediendo en cualquier parte del mundo. Pero para José y Angie, la realidad en esta tarde lluviosa, de música y mates compartidos, sería otra si no fuese por el hecho de que viven en la provincia de Río Negro, en Argentina.
José estuvo internado 11 años en el hospital general de Bariloche por psicosis aguda. En su expediente clínico, los médicos lo habían clasificado como un “Psicótico Crónico Irrecuperable”. “Me desesperaba por salir”, cuenta.
Alrededor suyo, animadas por la misma música, las historias se repiten. Angie también sufría de psicosis aguda y pasó varios meses internada. Maxi, de 27 años, estuvo internado en el hospital dos años y medio. “Los psicólogos decían que me iba a quedar loco”, dice. Cristian estuvo encerrado en su propia casa toda su infancia y adolescencia, lo que le causó un retraso mental profundo. De hecho, a los 33 años solo habla unas pocas palabras, pero se comunica con su mirada, con su sonrisa, con su baile.
Si estas personas vivieran en otra provincia, lo más probable es que en vez de estar bailando con sus vecinos y familiares, estarían internadas en hospitales psiquiátricos. Pero un movimiento liderado por médicos, psicólogos, y otros profesionales cambió el paradigma de la salud mental en Río Negro. Y con ello, las vidas de José y Angie, entre muchas otras.
José González y Angie Barrios estuvieron internados por cuadros graves de psicosis aguda. Ahora viven juntos en una casa en Bariloche. / Fotos: Lucía Wei He
Sobre una calle de ripio, a pocas cuadras del centro de la ciudad de Bariloche, se encuentra el Centro Cultural Camino Abierto. Detrás de unos murales coloridos, funciona lo que se conoce en el ambiente de la salud mental como una estructura intermedia: un dispositivo de inclusión social para personas con problemas de salud mental.
“Hay dos paradigmas de atención en salud mental. Uno que tiene que ver con un modelo más guiado al control, a la medicación, a proteger más a la familia y a la sociedad que a las personas. Y otro de salud mental comunitaria, en el cual el fin principal es la inclusión”, explica Mirta Elvira, psicóloga y fundadora de Camino Abierto.
El objetivo de Camino Abierto es tratar los síntomas de trastorno mental que no se suelen tratar en instituciones tradicionales como hospitales psiquiátricos: la retracción, la exclusión, la estigmatización social. Esos síntomas, según explica Elvira, causan un dolor a veces mucho mayor que los síntomas que se suelen tratar con medicamentos, como las alucinaciones y los delirios.
Con el fin de lograr esta inclusión, el centro cultural organiza distintos talleres para los vecinos. Dependiendo de la época del año, reúne entre 25 y 85 personas por día. Allí, José hace talleres de Inglés y literatura, mientras que Angie toma clases de cerámica y carpintería.
El centro también ofrece talleres de teatro, yoga, radio y cinematografía. Además, cuenta con una empresa social que confecciona bolsas reciclables, uniformes hospitalarios, entre otros productos. En 2009, los participantes formaron su propio grupo de murga, Salto de Alegría. Así, en la mayoría de los eventos culturales de la ciudad, se los puede ver bailando junto a otras murgas, con sus trajes amarillos y verdes.
Celebración de los 10 años de la Fundación Camino Abierto.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1 de cada 4 personas en el mundo padece de algún tipo de trastorno mental. Dentro de esta población, dos tercios no reciben ningún tipo de atención, alerta la OMS. Y los que si la reciben, se encuentran generalmente internados en hospitales psiquiátricos (o manicomios). Contra todo lo previsto, estas instituciones conducen a la pérdida de habilidades sociales, restricciones excesivas, dependencia, y violaciones de derechos humanos.
Este no es el caso de Río Negro.
Esta provincia fue la primera en la región en implementar una Ley de Salud Mental, en 1991. Y es la única en el país que pudo concretar el proceso de desmanicomialización: la transición de un modelo basado en el encierro en hospitales psiquiátricos, a un modelo en el que se crean diversos dispositivos para lograr que las personas puedan eventualmente reinsertarse en la sociedad.
Río Negro tiene 33 municipios, de los cuales 31 cuentan con equipos interdisciplinarios de salud mental. Hace 30 años que se cerró el último psiquiátrico que funcionaba en la provincia y que no se practica electroshock sobre personas con trastorno mental (una práctica aún común en el resto del país, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires).
En vez de ser institucionalizados en psiquiátricos, las personas afectadas con trastornos mentales se atienden en los hospitales generales de la provincia, que cuentan con guardias de salud mental y médicos capacitados en el tema. Muchos de ellos se formaron en la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental Comunitaria, de la cual participaron más de 80 profesionales desde 1994.
“Hay servicios que trabajan muy bien. De hecho hay profesionales que vienen desde Estados Unidos o Canadá para capacitarse en Río Negro”, cuenta Hugo Cohen, médico especialista en psiquiatría, ex jefe del programa de salud mental de Río Negro, y uno de los líderes en la redacción e implementación de la ley.
Cohen, quien también viajó por toda la región como asesor de salud mental para la Organización Panamericana de la Salud, considera que uno de los equipos que mejor trabaja en el mundo se encuentra en un pequeño pueblo rionegrino reconocido por sus montañas y bosques: El Bolsón.
El Hospital de Área de El Bolsón cuenta con un equipo de salud mental, un centro cultural, una huerta orgánica, un hogar, y una empresa social.
Dentro del Hospital de Área de El Bolsón, pasando el sector de clínica general y antes del de ginecología, se encuentra el sector de salud mental. Allí trabaja un equipo de 25 personas formado por psicólogos, médicos, trabajadores sociales, y residentes de psicología.
El servicio, que opera hace casi 40 años, atiende a personas con trastornos mentales, evalúa su situación y formula una estrategia interdisciplinaria para su tratamiento. Algunas veces, la persona requiere de una internación en el hospital general, pero en la misma sala que cualquier otro paciente. Es más, muchas veces, la mayor parte del trabajo sucede fuera del hospital.
“Si bien el problema es de salud mental, no podemos pensar en una respuesta solo desde una perspectiva sanitaria”, dice Sandra Caccavo, jefa del servicio de salud mental del Hospital de Área de El Bolsón. “Una institución psiquiátrica quita la identidad, hace uniforme a las personas. Se necesita una red de instituciones y de comunidades para lograr su reinserción social”.
En El Bolsón, esta red consta no sólo del equipo que trabaja en el hospital, sino también de un salón donde se realizan diversos talleres y un hogar donde las personas con trastornos mentales pueden bañarse y cocinar. Además, una empresa social los capacita en servicios profesionales como catering y turismo. Esta es una de las 8 empresas sociales que emplea a personas con trastornos mentales, en la provincia.
“Nosotros evaluamos la autonomía que perdieron en su vida, su trabajo, sus lazos personales. Y para revertir esa situación, los acompañamos al supermercado y a hacer trámites”, cuenta Caccavo.
Otra figura clave en esta red interdisciplinaria es el operador de salud mental, miembros de la comunidad que se capacitan para acompañarlos en el proceso de recuperación. Estas personas, además de asistirlos en temas relacionados con medicamentos y visitas médicas, los ayudan a recuperar habilidades que han perdido, ya sean laborales o interpersonales.
“Es importante saber que hay un lugar donde ellos pueden hacer cosas a la par de otros”, dice Ramón Domínguez, un cocinero del hospital que hace más de 20 años decidió capacitarse para ser un operador de salud mental. “Las actividades los saca de la penumbra de su crisis, los saca de su enfermedad”.
En Río Negro, la transición de un sistema manicomial a uno de salud mental comunitaria no fue fácil ni rápida.
“El tema de la ley fue complejo, se debatió mucho”, escribió Cohen en una nota publicada hace algunos años. “Cambios tan profundos como buscar respuesta humanas y justas para los que tienen sufrimiento mental es muy difícil concretarlo desde arriba a través de leyes y academias”.
En Río Negro, estos cambios fueron posibles gracias al trabajo territorial de diversos actores clave (psicólogos, psiquiatras, políticos, expertos en salud mental) que juntaron esfuerzos para establecer un régimen de salud mental alternativo en la provincia.
“Fue un trabajo de hormiga”, cuenta Elvira, quien hacía recorridas por el barrio con mate en mano para hablar con los vecinos que se oponían a la apertura de Camino Abierto.
Eventualmente, este trabajo culminó en el cierre del último neuropsiquiátrico de la provincia en 1988, la sanción de la ley en 1991 (que fue redactada por Cohen y otros expertos en el modelo de salud mental comunitaria) y su consiguiente reglamentación.
Todavía quedan desafíos y discusiones, como concordar un presupuesto adecuado para el programa de salud mental de la provincia, pero las principal batalla, la de sensibilización, está ganada.
“No todos los servicios de la provincia funcionan bien. Hay algunos que tienen que mejorar y otros que no son recomendables”, dice Cohen. “Pero lo importante es que en la provincia el tema ya no es una cuestión de partido político. Está instalado que el encierro no funciona”.
Usuarios de salud mental de Camino Abierto celebran los 10 años desde la apertura del centro.
Cuando Mirta Elvira decidió abrir el Centro Cultural Camino Abierto en el 2009, Carmen Ruiz, una vecina del barrio, fue a una radio para hablar en contra de la apertura del centro. “Los vecinos decían que iban a venir violadores, gente de las cárceles”, cuenta Carmen. Para impedir que se instale el centro en su barrio, Carmen juntó firmas de vecinos para apelar la decisión.
Una tarde lluviosa, diez años después, Carmen se encuentra en el salon cultural de Bariloche. Allí, ella baila, actúa y comparte mates con José y Angie. Desde hace una década que participa de los talleres de Camino Abierto. ¿Qué cambió?
“Conocí a las personas con trastornos mentales, entendí su realidad”.
Es lunes al mediodía en Dakar y Marie Gueye ha pasado las últimas horas cocinando chebu jen, un plato tradicional senegalés hecho con arroz, pescado, y salsa de tomate. Junto con el aroma de las especias y las risas de sus sobrinos que juegan por los pasillos, reina en la casa un sentimiento de melancolía.
Luego de no haberse visto por casi tres años, en pocos días el marido de Marie, Mouhamed Mbengue, estará volviendo al país al cual migró hace más de siete años: Argentina.
“¿Cuándo va a ser la próxima vez que se vean?”, les pregunto mientras nos sentamos con la familia de Mouhamed en el piso a comer el plato que preparó Mari, todos de una misma olla comunitaria.
“No sabemos todavía”, contesta Marie con voz tímida. “Pero me gustaría visitar Argentina algún día”.
Desde el 2011, Mouhamed trabaja en Buenos Aires vendiendo distintos productos en la calle (relojes, anteojos, billeteras, bolsos). De lo que gana todos los meses, manda una parte a Dakar para pagar el alquiler y la comida de su familia. Marie, mientras tanto, cuida a su hijo de seis años, y a la familia de Mouhamed (padres, hermanos y sobrinos), quienes viven todos en una amplia casa en Ouest Foire, un barrio de clase media en el lado oeste de Dakar.
“Es difícil estar lejos, uno extraña a la familia, a los hijos. Pero uno con el tiempo se acostumbra”, dice Mouhamed. “Yo me mudé a Argentina para trabajar y crecer”.
A los pocos días de vernos en Dakar, a donde viajé en Noviembre del 2017 con una beca del International Reporting Project, Mohamed se despide de Marie y aborda un vuelo transatlántico hacia Buenos Aires. Allí lo espera su vida paralela en Argentina: su trabajo, una nueva comunidad de amigos y una pequeña casa en Morón, donde vive con su segunda mujer, Marcela Alegre.
La historia de Mouhamed es una que se repite una y otra vez entre los migrantes africanos que deciden dejar su país en busca de un futuro mejor para ellos y sus familias. Mientras el hombre busca trabajo en una tierra lejana, la mujer se queda atrás, cuidando de la familia. Muchas veces, el sacrificio implica años, o hasta décadas, de vidas separadas por miles de kilómetros de distancia.
Los últimos datos disponibles muestran que el 66% de los inmigrantes senegaleses en países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) son hombres. En Argentina, donde el mayor grupo de inmigrantes africanos proviene de Senegal, este porcentaje es aún mayor.
Según datos de la Dirección Nacional de Migraciones obtenidos por RED/ACCIÓN a través de un pedido de acceso a la información pública, desde el 2004 se radicaron un total de 5.868 inmigrantes senegaleses en el país. De estas radicaciones, 127 fueron de mujeres, es decir, sólo el 2%.
Arfang Diedhiu, presidente de la Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina, dice que la razón por la cual tan pocas mujeres senegalesas migran a Argentina es el rol tradicional que las mujeres cumplen en el cuidado de la familia en la cultura senegalesa.
“Cuando el hombre se va a otro país, las mujeres toman la responsabilidad de cuidar a los hijos, padres, toda la familia. Es muy importante su rol. Si no lo toman ellas, ¿entonces quién?”, dice Arfang. “Es difícil para ellas, pero a veces es más difícil para el hombre. Estás sólo acá, trabajando todo el día en un país nuevo. La mujer por lo menos está con la familia”.
Número de inmigrantes senegaleses en Argentina
Para muchos de los hombres senegaleses en el país, esta soledad deriva en la búsqueda de una nueva comunidad y a veces una nueva familia. Cuando Mouhamed conoció a Marcela en el 2013, lo que comenzó como una amistad rápidamente se convirtió en algo más. Al año y medio de conocerse, Mouhamed y Marcela celebraron su casamiento en una pequeña ceremonia musulmana en Ituzaingó. A la ceremonia asistieron amigos en común, amigos senegaleses de Mouhamed, y toda la familia de Marcela.
“Fue todo muy armónico, muy lindo. Una boda íntima y relajada. Justa”, cuenta Marcela.
En Senegal, donde el 95% de la población es musulmana, la práctica de la poligamia es extensa. “En nuestra religión, es un pecado tener una relación romántica con alguien sin casarse. El Corán permite que los hombres tengamos hasta cuatro mujeres”, dice Mouhamed.
Para Marcela, aunque el concepto de la poligamia fue inicialmente insólito, largas charlas con Mouhamed la llevaron a aceptar la idea.
“Para mi fue todo muy nuevo, pensar que ya tenía una esposa, una familia. Me tomé un año para pensarlo, él fue muy paciente”, cuenta Marcela. “Y después cuando fui comprendiendo más la cultura, que uno se estaba uniendo a la familia y que no estaba dividiendo, lo fui aceptando naturalmente”.
Mientras algunos inmigrantes amplían sus familias en Argentina como Mouhamed, otros buscan maneras en las cuales traer a sus familias senegalesas al país. Como muchos de sus compatriotas, cuando Arfang llegó a Buenos Aires en el 2007 lo hizo solo, dejando en Senegal a su mujer y dos hijos. Pero en el 2015, Arfang pudo tramitar los papeles de residencia para traer a su familia (un año después, tuvieron una hija en Argentina).
En los últimos años, un creciente número de mujeres senegalesas han migrado a Argentina siguiendo los pasos de sus maridos. Según Arfang, esta tendencia se debe mayormente a un régimen implementado en el 2013 por la Dirección Nacional de Migraciones para regularizar la situación de inmigrantes senegaleses en el país.
“Después de la regularización de los inmigrantes en 2013, fue mucho más fácil tramitar los papeles para traer a las familias”, dice Arfang. “Además, es más fácil traer a las familias cuando uno ya está con un trabajo fijo y un ingreso sustentable”.
El limitado pero creciente número de mujereses senegalesas en el país llevó a la creación de organizaciones como Karambenor, una asociación de mujeres de la región sur de Senegal (Casamance) que busca crear una red de apoyo para las mujeres senegalesas en Buenos Aires.
“Los primeros años, del 2000 al 2010, venían las mujeres porque el marido estaba acá. Pero ahora vemos que hay muchas mujeres que se aventuran a venir solas”, dice Seynabou Sane, co-fundadora de Karambenor. “Ahora, alrededor de la mitad de las mujeres senegalesas que están acá vienen por sus propios medios. Inclusive, hay mujeres que vienen primero, y después traen a sus esposos y a sus hijos”.
Las mujeres de Karambenor se juntan a cocinar comida tradicional senegalesa.
A pesar de los beneficios del régimen implementado en el 2013, Gisele Kleidermacher, investigadora del CONICET especializada en temas de migración senegalesa, cree que el decreto solo actúo como un “parche” a un problema mayor, y que se deberían implementar reformas más abarcativas en temas de inmigración.
“El decreto sólo duró seis meses, entre enero y junio del 2013, por lo cual no contempla a los inmigrantes que llegaron después de eso”, dice Kleidermacher. “La mayoría de los inmigrantes senegaleses vienen a través de Brasil y están en situación irregular”.
Según Kleidermacher, es necesaria una modificación de la actual Ley de Migraciones nacional para ampliar los requisitos de trámites de permisos de trabajo y radicaciones para inmigrantes senegaleses, un marco similar similar al disponible para inmigrantes de países del Mercosur.
A pesar de haber recibido su nacionalidad Argentina en el 2017, Mouhamed no tiene planes de reunir a su familia extendida en el país.
“Los costos de mantener una familia acá son muchos más altos. Además, prefiero que mi hijo se eduque en Senegal, que entienda su país e idioma antes de irse a otro lado”, dice Mouhamed. “En algún momento quiero volver, para ver cómo crecen mis hijos y supervisar su educación. Inmigrante no me voy a jubilar”.
Producto de un mundo interconectado. Nacida en Mar del Plata, criada entre la cultura China y la Argentina. Mi curiosidad por el mundo me llevó a estudiar Economía Política Internacional en la Universidad de Georgetown en Washington, D.C.
Creo que el periodismo es una de las herramientas más poderosas para generar empatía y entendimiento hacia la realidad de otros. He reportado desde América Latina, Estados Unidos, Asia y África enfocándome en temas de derechos humanos, género, política y economía. Uso y combino palabras, datos, fotos, videos y radio para producir periodismo con impacto. Amante de la comida. Adicta a la naturaleza.
