Micaela López Rodríguez llegó a la Ciudad de Buenos Aires junto a León, su hijo de apenas unos meses, en 2014, tras vivir una situación de violencia doméstica en su Córdoba natal. Habiendo llegado después de la fecha de pre-inscripción en las escuelas públicas, ese primer año Rodríguez decidió contratar a una persona que cuide a León mientras ella trabajaba. “Todo lo que ganaba en mi trabajo, lo tenía que reinvertir para pagar a las personas de cuidado de mi hijo”, cuenta.
Un año después, Rodríguez hizo la pre-inscripción escolar de León a través del sistema online de la Ciudad. “Era la prioridad de mi vida”, dice. La noticia llegó a través de un llamado telefónico al gobierno de la Ciudad: León no había sido asignado a una vacante. A través de grupos de Facebook, Rodríguez se empezó a contactar con otras familias en la misma situación. Hoy, cuatro años más tarde, lidera La Vacante es un Derecho, un colectivo de 40 familias auto-organizadas que buscan asesorar a familias y asegurar que cada niño y niña de la Ciudad tenga acceso a la educación pública.
Según un reciente informe del Observatorio Universitario de Buenos Aires de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, el caso de León no es uno aislado. Datos recolectados por el Observatorio indican que este año hay 14 mil niñas y niños de entre 45 días y 5 años de edad que se encuentran en lista de espera para conseguir una vacante en el nivel inicial de las escuelas públicas de la ciudad.
“Desde la perspectiva de igualdad, la falta de vacantes profundiza la desigualdad”, dice Graciela Morgade, decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. “Las familias que tienen más recursos contratan a personas que vienen a las casas, o servicios de jardines maternales privados, o se apela a redes de cuidado familiar. Mientras que las familias que no lo pueden pagar, tienen que acudir a las redes que son muy precarias e inestables, y realmente cuesta mucho sostenerse económicamente”.
Una deuda histórica
El problema de falta de vacantes en el nivel inicial en la Ciudad de Buenos Aires no es reciente. En 2006, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentó un amparo frente al gobierno de la ciudad por la falta de vacantes que en ese entonces afectaba a más de 6.000 niños y niñas que buscaban ingresar al nivel inicial.
“Estamos hablando de un problema que ocurre desde hace más de 13 años”, dice Carmen Ryan, coordinadora del área de Derechos Económicos y Sociales de ACIJ. “En ese entonces ya era una situación que afectaba a miles de niños y niñas, pero la situación de falta de vacantes a nivel inicial se incrementa año a año. La situación es cada vez más grave”.
Según la información presentada por el GCBA en el marco de la causa judicial con ACIJ, la lista de espera en el nivel inicial –es decir, la demanda que excede las matrículas existentes– de escuelas públicas aumentó un 76% desde 2006 a 2018, pasando de 6.047 a 10.651. (El GCBA todavía no presentó sus datos oficiales para 2019, y espera hacerlo en mayo de este año). Mientras tanto, en el mismo período, la matrícula de nivel inicial en escuelas públicas aumentó un 20%.
“Si bien la matrícula tuvo un incremento a lo largo del tiempo, ese incremento no logra absorber las vacantes que crecen aún más”, explica Ryan. “El Estado debe generar un plan que tenga la potencialidad de cubrir el déficit, y hoy no lo tiene”.
A raíz de la causa judicial iniciada por ACIJ, en el 2012 el gobierno de la Ciudad firmó un acuerdo con la organización, en el cual se comprometió a “concretar una política pública que garantice la existencia de vacantes suficientes en el nivel inicial” y “[llevar] adelante acciones para absorber de manera progresiva la demanda insatisfecha, dando prioridad a las Comunas o Distritos con mayor crecimiento en la demanda”.
Desde ACIJ indican que al firmar el acuerdo, el gobierno de la Ciudad reconoce su responsabilidad de asegurar vacantes para todos los niños y niñas de la ciudad. Esto va en línea con lo establecido en el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad, el cual reconoce “la responsabilidad estatal indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades a partir de los 45 días de vida hasta el nivel superior”.
Sin embargo, desde el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires indican que la Constitución de la Ciudad no establece la obligatoriedad del Estado de asegurar vacantes a nivel inicial, y que la Ley Nacional de Educación establece la obligatoriedad solamente a partir de los 4 años.
“En la Ciudad no tenemos un problema con vacantes, porque desde sala de 4 en adelante está cubierta 100% la educación pública”, indicó a RED/ACCIÓN una fuente del Ministerio. “Para los niños de entre 45 días a 3 años de edad estamos haciendo todo lo posible para dar la mayor cantidad de posibilidades. Pero esto no significa que el Estado esté obligado a asegurar estas vacantes de nivel inicial”.
Desde la sociedad civil y los colectivos de padres y madres critican esta interpretación de la constitución.
“La constitución de la ciudad estableció este derecho de un carácter muy detallado. No existe otra manera de pensar que se puede interpretar de otra forma”, dice Ryan. “Es distinto de que los padres estén obligados a llevar a la escuela a partir de los 4 años. Además, habiendo firmando el acuerdo con ACIJ, el GCBA reconoce su incumplimiento”.
Desde el Ministerio de Educación indican que para finales de 2019 el gobierno habrá construido 54 nuevas escuelas en la Ciudad: 30 de nivel inicial (3.992 nuevas vacantes), 13 de nivel primario (2.917 nuevas vacantes) y 9 de nivel secundario (1.775 nuevas vacantes). El 60% de ellas estarán ubicadas en la zona sur de la ciudad, una de las regiones más marginalizadas.
Un peso que recae sobre las mujeres
De los 40 familiares que conforman La Vacante es un Derecho, más del 80% son mujeres: madres, tías, abuelas, hermanas. “Es que en la mayoría de los casos, el peso del cuidado infantil cae sobre las mujeres de la familia”, explica Rodríguez.
Es una realidad respaldada por los datos. Según un análisis de la organización Economía Femini(s)ta en base a datos del INDEC, del total de personas que realizan tareas del hogar, un 75% son mujeres y un 25% son hombres. Al mismo tiempo, en Argentina casi nueve de cada diez hogares llamados monoparentales, en realidad son mono-marentales, es decir, están a cargo de una mujer.
“Esto aumenta aún más la desigualdad. Las mujeres que tienen recursos para pagar servicios de cuidado pueden seguir trabajando y generando ingresos, mientras que las mujeres que no tienen los recursos deben dejar su trabajo”, dice Morgade.
Los centros de primera infancia: una solución insuficiente
Según el informe del Observatorio Universitario de Buenos Aires, del total de niños y niñas sin vacantes en nivel inicial, un alto porcentaje termina en Centros de Primera Infancia (CPI) del gobierno porteño. Dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, son establecimientos de cuidado para niños y niñas de 45 días a 3 años de edad.
“En general las familias que los utilizan carecen de alternativas y no pueden pagar cuidados en su casa o cualquier otra alternativa privada”, explica el informe. Para las distintas organizaciones consultadas, los CPI no son sino una solución transitoria a la falta de vacantes en escuelas públicas.
“Los CPI no son escuelas, son un espacio de cuidado que pueden resolver las necesidades de algunas familias”, dice Ryan, de ACIJ. “Son una solución provisoria que con el tiempo se tendría que ir reduciendo para que todos los niños que tienen derecho a acceder a una vacante puedan hacerlo”.
El recurso del litigio
Desde 2015, las familias de La Vacante es un Derecho, en alianza con el colectivo de abogados Grupo de Litigio Estratégico, han conseguido 42 vacantes a partir de la presentación de recursos de amparo contra el gobierno de la Ciudad.
Dentro de estas vacantes, una se le fue otorgada a León, que hoy cursa su jornada completa en sala de 4, permitiéndole así a Rodríguez volver a ejercer su profesión de docente. Pero a pesar de haber conseguido un espacio para León en el sistema de educación pública, Rodriguez sigue hasta el día de hoy acompañando a las familias que todavía velan por este derecho.
“Lo que tuvimos claro desde siempre es que las fundadoras no nos íbamos a quedar de brazos cruzados después de conseguir vacantes para nuestros hijos”, dice Rodríguez. “Nuestros hijos tienen un derecho constitucional a acceder a la educación pública, y vamos a seguir luchando hasta que se cumpla este derecho”.
