En nuestro país hay más de 2 millones. La burocracia para regularizar su situación migratoria, dificultades para obtener un trabajo, acceder al sistema financiero y conseguir vivienda son solo algunos de los inconvenientes que deben sortear. Ante tantos obstáculos hay organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil que trabajan para darles una mano.
Las dificultades económicas, la discriminación y complicaciones con los trámites están entre los problemas que afecta esta población y que se acentuaron con el COVID-19. Para afrontarlos, es necesario el trabajo conjunto del estado con organizaciones humanitarias y de la sociedad civil. De esto hablaron expertos en el diálogo virtual organizado por Naciones Unidas, y que pudo seguirse en vivo por RED/ACCIÓN.
Dejaron Alepo por el conflicto civil y llegaron a la Argentina con el apoyo del Estado y de una iglesia evangélica. En plena crisis sanitaria, quisieron devolver la ayuda recibida: aprovecharon el taller de ropa que tienen en Tandil para hacer barbijos y batas para los médicos, enfermeros y camilleros.
Con la inocencia de sus seis años, un niño cuenta cómo fue dejar atrás el lugar donde vivía y qué se siente llegar a Buenos Aires, una ciudad donde los chicos y chicas de su edad hablan diferente.
El gobierno modificó la Ley de Migraciones hace dos años y estableció un procedimiento de deportación de extranjeros con antecedentes penales. Desde entonces hubo 258 expulsiones. En el caso de Liz, el argumento judicial es el "interés público". El lunes hubo un primer logro: permitieron el regreso de una mujer peruana que fue separada de sus tres hijos.
El último dato oficial señala que hay casi 2 millones de inmigrantes con residencia permanente y con posibilidades de participar en las próximas elecciones. ¿Qué es exáctamente lo que pueden votar?
